La Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización de la Cámara de Representantes, presidirá por el representante Juan José Santiago Nieves, realizó una vista pública en virtud de la Resolución de la Cámara 6, presentada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), a los fines de atender la situación del manejo de los desperdicios sólidos y su impacto en las finanzas municipales, así como las posibles alternativas para atender estas situaciones.
“Durante semana del planeta, como Representante he tomado como iniciativa comenzar el desarrollo de una discusión sobre este tema de los desperdicios sólidos reconociendo lo apremiante de lograr alternativas ecoamigables para lograr en primer lugar una mejor disposición de los desperdicios y por otro lado cumplir con mayores tazas porcentuales de reciclaje”, aseguró Santiago Nieves al inicio de la vista pública.
La medida señala específicamente que tanto la Ley de Municipios Autónomos de 1991 y su sucesora, el Código Municipal del 2020, reconocen la importancia de los gobiernos municipales en la implementación de la política pública. “Ha sido un rudo golpe a los municipios la eliminación de $375 millones en subsidios por parte del gobierno estatal durante el pasado cuatrienio, y la intención de la Junta de Control Fiscal en incrementar los recortes”, aseguró Santiago Nieves al abrir los trabajos en el Salón de Audiencias 3 (María Libertad Gómez) del Anexo de la Cámara.
Se estima que en Puerto Rico se producen cerca de 10,000 toneladas de desperdicios sólidos al día, lo que representa más de 5 libras diarias de basura por individuo. Desafortunadamente las iniciativas dirigidas al reciclaje se han quedado muy cortas y crean un enorme problema en la disposición de desperdicios. Según estimados de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), el 75% de esas 10,000 toneladas diarias pueden recuperarse, pero actualmente no se llega ni al 1%. Ahí hay una pérdida de $500 millones que podrían integrarse a la economía y generar empleos.
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El alcalde de Hormigueros, Pedro J. García Figueroa, uno de los deponentes en la vista, señaló que cuando llegó a la alcaldía en el 2005, el vertedero municipal estaba en su máxima capacidad de utilización, de manera que se solicitó el permiso para crear una nueva celda de tiro dentro de la huella ya existente, que se estimaba tendría una vida útil de 5 a 6 años, con $1.3 millones de inversión municipal, cantidad importante en un municipio con $10 millones de presupuesto anual, sumado a $200,000 en gastos de operación, como equipo, combustibles, servicios de monitoreo de gases y aguas subterráneas, con $725,000 en nómina para 51 empleados.
García expuso en su ponencia que “el cobro por el recogido de desperdicios sólidos tiene una alta resistencia por parte de la ciudadanía, pero que eventualmente habrá que aplicar alternativas. Mi propuesta es que el gobierno, a nivel central, establezca una tarifa uniforme a los comercios por el recogido de la basura y su disposición, en vista de que son los comercios los que generan la mayor cantidad de los mismos”. García señaló que aquella opción de reciclar para recibir alguna remuneración es una opción limitada, porque cada vez son menos las empresas que pagan por el plástico, sumado a la dificultad de la disposición del vidrio, porque en Puerto Rico no hay estaciones para reciclar el mismo. García propuso que el gobierno incentive la creación de empresas que se dediquen al reciclaje como una industria atractiva y capaz de generar un movimiento económico sustentable.
Además depuso el alcalde de Juncos, Alfredo ‘Papo’ Alejandro Carrión, quien señaló que el gobierno central ha fracasado en el manejo de la situación y presentó como ejemplo la Planta de Composta de Toa Baja, donde se invirtió cerca de $18 millones y nunca llegó a operar, así como las llamadas estaciones de transbordo, junto con el equipo para operar. “Para el 2008, la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS, ahora integrada al DRNA) aprobó un plan de proyectos de infraestructura que conllevaba, entre otras cosas, la construcción de dos plantas ‘waste to energy, lo que no se logró. Eso nos lleva a la realidad de hoy, donde la inmensa cantidad de escombros y basura generada por el paso de los huracanes Irma y María resultaron en la reducción de vida útil de los vertederos en unos tres años. Alejandro Carrión propuso la autorización de expansión de los Sistemas de Relleno Sanitario para que puedan cumplir con las disposiciones estatales y federales, lo que permitiría planificar el manejo de los desperdicios sólidos”. El veterano alcalde señaló que para el 2022 habrá que cerrar el 67% de los 29 vertederos que están en operación.
Alejandro Carrión también propuso identificar fondos relacionados al manejo ambiental para asistir a los Municipios en dichas labores y realizar las expansiones laterales, así como incentivar la creación de empresas de reciclaje. Con relación al aspecto financiero, el alcalde de Juncos solicitó que el gobierno central devuelva el Fondo de Equiparación despojado en el cuatrienio pasado, ya que con esos fondos los Municipios atendían los costos del manejo de desperdicios sólidos. Los alcaldes expresaron que que Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), parte del DRNA, los ha dejado sin asistencia en el proceso.
Por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el secretario Rafael Machargo, destacó que en la actualidad existen en Puerto Rico 29 Sistemas de Relleno Sanitario, 11 de los cuales se consideran que están cumpliendo con la Ley que los reglamenta, que exige control ambiental. Solamente 9 de ellos tienen capacidad de expansión, mediante la construcción de celdas nuevas. Estas son las instalaciones de Cabo Rojo, Carolina, Fajardo, Humacao, Juncos, Lajas, Peñuelas Ecosystem, Peñuelas Landfill y Yauco. De todas estas instalaciones, la que mayor capacidad tiene de vida útil (según establecido en el 2018), son Carolina con 23 años y Fajardo y Hormigueros con 6 años cada uno.
Los vertederos que no están en cumplimiento ambiental y son considerados vertederos abiertos, ya 11 tienen orden de cierre por parte de la EPA: Arecibo, Arroyo, Cayey, Florida, Isabela, Lajas, Moca, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja. Machargo mencionó en su ponencia que su agencia desarrolló nueva reglamentación para el manejo y uso comercial de los residuos de combustión de carbón producto de la generación de electricidad, así como de los sistemas de relleno sanitario. Los mismos están para ser discutidos con la EPA para completar el proceso entre enero y marzo del año 2021. De igual manera, se aprobaron nuevas áreas de disposición (celdas) en los siguientes sistemas de relleno sanitario, todos hasta el 2025: Toa Baja, Vega Baja, Fajardo y Yauco.
Machargo señaló que el Área de Control de Contaminación de Terrenos del DRNA evaluó la Resolución de la Cámara 6 y endosa su aprobación, por entender que se persigue un fin loable. “Ante la responsabilidad que representa que se establezcan con premura medidas a corto y a largo plazo, el DRNA se encuentra junto a otras agencias locales y federales atendiendo las necesidades del cumplimiento de los sistemas de relleno sanitario, a la luz de la realidad prevalenciente”.
Santiago Nieves añadió que el proyecto continúa el trámite legislativo por parte de la Comisión cameral para la realización de vistas adicionales, solicitudes de información o recursos técnicos adicionales para eventualmente producir un informe final a ser evaluado por el pleno de la Cámara de Representantes.
