Tras un inicio atropellado debido en parte a la falta de un presupuesto para cumplir con la Ley 33 de 2019, el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) encaminó sus trabajos, y espera, para fines de año, contar al menos con un borrador del documento que constituye su principal misión: el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.
A través de este plan se definiría la política pública para enfrentar y ajustarse al impacto del cambio climático en uno de los países que, según se reconoce a nivel internacional, más expuesto se encuentra a las consecuencias de fenómenos como el calentamiento global, incluyendo el aumento en el nivel del mar, el riesgo de huracanes cada vez más frecuentes y extremos y el deterioro de sus costas.
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A lo largo de los próximos meses, las consultas con diversos sectores comunitarios serán fundamentales en el desarrollo del plan, que en última instancia deberá pasar el cedazo de ambas cámaras legislativas y el gobernador Pedro Pierluisi.
“Aunque nosotros pudiéramos haber empezado a escribir los capítulos, no lo hemos hecho porque no queremos escribir un plan sin antes discutirlo con los sectores. A veces los planes, cuando se llevan a discusión con los sectores, con las comunidades, ya están escritos y, aunque es importante que hablen, pensamos que, antes de escribir, ellos vean el esqueleto, el componente base de ese plan, y recibir el feedback (retroalimentación) de todos los sectores para, a partir de ese feedback y el mandato de la Ley 33, construir un plan que sea sólido y refleje, más allá del mandato de la ley, las experiencias y necesidades”, sostuvo la oceanógrafa geológica Maritza Barreto Orta, una de los seis integrantes permanentes del CEACC.
Para la meteoróloga Ada Monzón, es precisamente a nivel comunitario que se deberán implementar las principales estrategias para no solo mitigar los posibles efectos nocivos a consecuencia del cambio climático, sino desarrollar una sociedad que opere de manera más sustentable a largo plazo.
“Tenemos que reducir los gases de invernadero, la huella de carbono, de forma inmediata. Piensa en lo que comes, cómo vives, cómo te transportas y cómo trabajas. Dependes absolutamente de la energía eléctrica, y esa energía sabemos que viene de la quema de combustible fósil”. – Ada Monzón
“Tenemos que reducir los gases de invernadero, la huella de carbono, de forma inmediata. Piensa en lo que comes, cómo vives, cómo te transportas y cómo trabajas. Dependes absolutamente de la energía eléctrica, y esa energía sabemos que viene de la quema de combustible fósil. Eso es una fuente de gases invernaderos a nuestra atmósfera y eso hay que detenerlo, hacerlo lo más rápido posible porque sabemos que lo que estamos haciendo ahora mismo sigue inyectándose a la atmósfera y es la raíz del calentamiento global. Eso es primordial, trabajar con el asunto de energía lo antes posible”, subrayó Monzón, otra de los miembros independientes del comité.
En ese sentido, Monzón expresó que la Ley 33 trabaja en estrecha relación con la Ley 17-2019 de Política Pública Energética, que establece una serie de objetivos de generación de energía mediante fuentes renovables, con la meta de eliminar totalmente el uso de combustibles fósiles –como el petróleo, carbón o el gas natural– antes del 2050.
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Larry Seilhamer, actual secretario designado de Estado y coautor de las leyes 17 y 33, reconoció que el cumplimiento con los objetivos del primero de los estatutos es una de las prioridades que la administración Pierluisi espera haber conseguido al final de su mandato en 2024.
El primero de los objetivos de la Ley 17 contempla que, para 2022, Puerto Rico genere al menos el 20 % de su energía a través de fuentes renovables, mientras que para 2025 la cifra debe haber ascendido a un 40 %.
“Me parece que no estamos lejos del 20 % al 2022. Acaba de salir hace un mes una solicitud de propuestas de 1,000 megavatios (MW) de proyectos de energía renovable que van a estar compitiendo. Por otro lado, aunque la Junta de Supervisión Fiscal ha objetado, hay 16 proyectos corriendo que tienen acuerdos de compra de energía (renovable), que suma 593 MW, que están listos para iniciarse. La Junta de Supervisión Fiscal nos limitó a 150 MW (pero) si se atendieran esos 500 MW ya estamos dentro del 20 % de la demanda al presente. Hay proyectos listos y que se van a estar gestionando que, estoy optimista, nos van a colocar cerca de los parámetros establecidos”, mencionó el funcionario, al puntualizar que el gobierno insistirá en los 14 proyectos objetados, pese al análisis del organismo federal de que implican unos costos que atentan contra el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Otras de las prioridades que mencionó Seilhamer, quien como presidente del Concilio de Reconstrucción debe velar por la sustentabilidad de los proyectos que se desarrollen con los miles de millones en fondos federales asignados, es la protección de las zonas costeras, severamente afectadas por el impacto del huracán María y el constante aumento en el nivel del mar, y el manejo de desperdicios sólidos.
Específicamente, la Ley 33 ordena que el Plan de Mitigación Adaptación y Resiliencia desarrolle las políticas a seguir en 11 áreas: energía; infraestructura; transportes y movilidad; desperdicios; salud; agricultura y ganadería; agua; sistemas marinos y zonas costeras; forestación; turismo; y educación.
Sin objeción a enmienda
De otra parte, Seilhamer aseguró que la postura del gobierno es dar paso al pedido de integrantes del CEACC para que la presidencia quede en manos de uno de los miembros independientes, y no, como todavía dispone la Ley 33, en alguno de los tres integrantes exofficio: el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el secretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Actualmente, un proyecto del representante independentista Denis Márquez busca enmendar la ley a esos efectos, pero en vistas públicas tanto el DDEC como el DRNA se opusieron al cambio.
“Posteriormente a esas ponencias, que este servidor tuvo una postura distinta, hablé con ellos y estuvieron de acuerdo”, señaló Seilhamer.
El titular designado de Estado precisó que el gobierno, en su proyecto presupuestario para el año fiscal 2022, incluyó una asignación de $1.2 millones para los trabajos del CEACC. A pesar de que la Ley 33 se firmó en mayo de 2019, no fue hasta febrero de este año que contó con un presupuesto inicial, mediante una autorización de la Junta de Control Fiscal que ascendió a $400,000 para el remanente del año fiscal 2021.
Sin embargo, Barreto Orta aseguró que no detuvieron los trabajos, y han sostenido sobre 20 reuniones. “Ahora nos estamos reuniendo cada dos semanas el comité en pleno […] Estos seis miembros estamos haciendo el trabajo completamente. Aunque nos llaman asesores, cada uno tenemos un compromiso, tenemos nuestras propias tareas en los empleos, pero sacamos tiempo y compromiso para ejecutar lo que manda la ley”, recalcó la profesora de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR.
Además de Monzón y Barreto Orta, los miembros permanentes del CEACC son el meteorólogo Rafael Méndez Tejeda, el experto en salud ambiental Pablo Méndez Lázaro, el ingeniero Carl Soderberg y Ray Charles Carter Torbert, experto en energía renovable.
