Los arrestos de inmigrantes en tribunales estarán más restringidos de lo que estuvieron durante el mandato del presidente Donald Trump debido a un cambio de política anunciado el martes por el gobierno del mandatario Joe Biden.
Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ya no estarán autorizados a efectuar arrestos de rutina en las cortes, una práctica que desalentaba a las personas a acudir a audiencias y a cooperar con la policía, según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El ICE puede llevar a cabo arrestos en tribunales en casos que impliquen asuntos de seguridad nacional o si la persona representa un peligro para la seguridad pública. Los agentes también pueden aprehender a individuos sobre los que pesen búsquedas activas o si las autoridades sospechan que una persona podría destruir evidencia en un caso penal, dijo Mayorkas en un comunicado en el que anunció la nueva política.
La meta, señaló Mayorkas, es lograr un equilibrio entre la administración de justicia y la aplicación de las leyes de inmigración.
“La ampliación de los arrestos civiles de inmigración en tribunales durante el anterior gobierno disuadió la disposición de los individuos para acudir a tribunales o para cooperar con la policía”, agregó.
Algunos activistas consideran que la nueva política es insuficiente. Naureen Shah, abogada de defensa y política de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), dijo que las excepciones de seguridad nacional y seguridad pública son demasiado generales y la simple presencia de agentes de inmigración cerca de tribunales podría hacer que la gente tenga miedo de buscar la protección legal, haya o no arrestos.
Shah exhortó al gobierno de Biden a que también restrinja la presencia del ICE o de elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) en escuelas y hospitales, y el uso de la fuerza, además de poner fin a la colaboración con la policía local en las deportaciones.
“El gobierno de Biden reconoce claramente el daño causado a las comunidades inmigrantes”, dijo. “Ahora debe cumplir su compromiso y poner fin a estas prácticas perjudiciales de una vez por todas”.
La nueva política forma parte de un reenfoque en materia de inmigración por parte del gobierno de Biden, el cual ha cancelado algunas de las medidas más restrictivas de su predecesor pero ha conservado otras, como la orden de salud pública que autoriza a la CBP a expulsar con celeridad a la mayoría de personas que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos.
Como parte de su estrategia de control fronterizo, el gobierno anunció además que combatirá el contrabando de inmigrantes con sanciones financieras y de viaje, así como con otras medidas contra los traficantes, en un plan llamado “Operación Centinela”.
Durante el gobierno de Trump, las autoridades de inmigración fueron criticadas por activistas y por algunas autoridades policiales debido a una política, formalizada en 2018, que autorizaba específicamente los arrestos de rutina en tribunales federales, estatales y locales.
Las autoridades afirmaron entonces que se vieron obligadas a efectuar arrestos en tribunales debido a que algunas jurisdicciones locales con políticas de “ciudad santuario” se rehusaron a cooperar con el ICE y a entregar a extranjeros que estuvieran encarcelados.
Esa política de la era de Trump daba prioridad a las amenazas para la seguridad pública, como miembros de pandillas, pero no prohibía otras aprehensiones más rutinarias ni impedía a los agentes detener a miembros de familias, amigos o testigos que pudieran enfrentar deportación.
En febrero, el gobierno ordenó al ICE concentrarse sólo en personas que estén en el país y representen una amenaza, que hayan cometido delitos específicos, incluidos delitos graves y sexuales, o los hayan declarado culpables por manejar bajo el influjo de alcohol o drogas.
Las prioridades en este aspecto son similares a las del gobierno del presidente Barack Obama pero menos estrictas que las de Trump, cuyo gobierno pretendía arrestar y deportar a quien estuviera sin permiso en el país, sin importar sus antecedentes penales o vínculos con la comunidad.
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