El gobernador Pedro Pierluisi enfatizó esta tarde que la fiscalía federal conoce su oposición a la pena de muerte, en momentos en que las autoridades estadounidenses han catalogado el caso de Félix Verdejo, imputado del asesinato de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, como uno en el que podría solicitarse ese castigo.
“Es mi posición personal de toda la vida, desde que perdí a mi propio hermano, en oposición a ese castigo. Entiendo que hay formas de uno retribuir delitos horrorosos como el que acaba de ocurrir sin necesidad de privarle la vida a un ser humano. El gobierno de Puerto Rico no es el que va a estar procesando el caso ante el tribunal federal, eso le va a corresponder a los fiscales federales. Pero los fiscales federales saben cuál es mi posición y nuestra Constitución también prohíbe la pena de muerte. Esa es la política pública de este gobierno, tiene que ser que no se recurra a este castigo extremo”, manifestó Pierluisi en conferencia de prensa.
En su respuesta, Pierluisi hizo alusión a la muerte de su hermano José Jaime durante un ‘carjacking’ en 1993, mientras el actual gobernador fungía como secretario de Justicia.
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El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, igualmente sostuvo que, en su carácter personal, se opone a la pena de muerte. Sin embargo, reconoció que el gobierno puertorriqueño no ha sido consultado sobre esa posibilidad.
“Ya eso es una cosa que serán los abogados de la parte (acusada) quienes se van a hacer cargo de eso. Si llegara el momento que tuviéramos que comparecer como gobierno sería otra cosa, pero en estos momentos no ha llegado eso”, dijo Emanuelli en un aparte con la prensa, luego de una conferencia en la que participaron los jefes de varias agencias de seguridad del país.
Anoche, tras el arresto del boxeador, el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, emitió el documento que certifica que los cargos presentados contra Verdejo cualifican para que, en caso de ser hallado culpable, se solicite la pena máxima.
En Puerto Rico, las leyes territoriales han prohibido la pena de muerte desde 1929 y la Constitución de 1952 también la prohíbe expresamente, pero no existe un impedimento jurídico para que las autoridades federales la soliciten.
