El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) solicitó a la Cámara de Representantes mayores facultades para fiscalizar los precios de la industria del gas licuado, producto cuya importación a Puerto Rico es controlada por un oligopolio de dos empresas.
Aunque el secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, se ausentó a la vista pública de la Comisión sobre los Derechos del Consumidor por asuntos de “calendario”, en la ponencia que la agencia sometió por escrito se solicita que se le conceda “jurisdicción compartida” sobre la Ley Antimonopolística de Puerto Rico (Ley 77-1964), que, de momento, queda exclusivamente en manos de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia.
“Según vigente, (la Ley 77-1964) nos impide investigar o atender, en primera instancia, toda alegación en torno a posibles prácticas monopolísticas. En virtud de los poderes de fiscalización delegados al DACO en relación a las prácticas comerciales que pudieran incidir sobre los derechos de los consumidores en Puerto Rico, sería recomendable evaluar la posibilidad de otorgarnos jurisdicción compartida en torno al particular. Es decir que –así como actualmente puede hacerlo la OAM– el DACO cuente con la potestad en ley para investigar y atender alegaciones sobre presuntas prácticas monopolísticas y/o se nos conceda en forma expresa la potestad para, en beneficio de los consumidores, acudir a los tribunales para que se diriman controversias de esta índole que pudieran afectar o vulnerar sus derechos”, expresó Rivera Rodríguez en la ponencia.
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El DACO, sin embargo, aclaró que, más que auscultar medidas de control de precios, es importante fomentar un mercado “más competitivo y equitativo”.
En Puerto Rico, se estima que cerca del 80% del gas licuado es importado por Empire Gas, mientras el resto es controlado por Tropigas.
La Federación de Distribuidores de Gas Unidos de Puerto Rico (Fedigas), por medio de su portavoz Carlos Jurado Roque, censuró la limitación del mercado, lo cual, aseguraron, se exacerba ante el hecho de que ambas compañías mayoristas cuentan con una red de distribuidores, lo que les brinda un amplio control sobre el precio el gas licuado.
“En la industria de gas licuado en Puerto Rico, el consumidor está en completo desamparo”, sostuvo Jurado Roque, quien insistió que los distribuidores independientes están “abocados a desaparecer”.
El portavoz de la Fedigas también criticó la gestión del DACO sobre la industria y sostuvo que la agencia nunca ha solicitado que se le otorguen más “garras” mediante legislación.
“El DACO alega que no tiene facultad legal para retener ese ingreso ilegal, a menos que cada consumidor presente una querella. Esto cuando menos, resulta en una broma de mal gusto. Tiene el efecto real de promover la impunidad”, afirmó Jurado Roque.
“La conducta reiterativa de incumplimiento, por parte del alto nivel de la industria, tiene, al menos, dos fuentes de origen. Una, como ya explicamos, la estructura monopolística y, dos, la impunidad que disfrutan ante la ausencia o limitación de facultades de las agencias reguladoras y/o deficiencias en la ejecución de las existentes”, añadió el representante de Fedigas.
Entre las recomendaciones que presentó la organización, figura elevar a 10 días el periodo de anticipación con el que las empresas importadoras deben notificar al DACO cualquier aumento de precios. Actualmente, según Jurado Roque, los precios se pueden aumentar al día siguiente de que se presenta la notificación.
Según Fedigas, no hay justificación para que los precios aumenten súbitamente, toda vez que “normalmente, el almacenaje del gas licuado por las empresas importadoras fluctúa entre 30 y 45 días”.
Pese a que la OAM es el ente encargado de atacar las prácticas monopolísticas, el Departamento de Justicia, a través de Mónica Ribas, una asesora legal de la agencia, señaló que es al DACO que compete la fiscalización de la industria del gas licuado.
“Entendemos que el DACO se encuentra en mejor posición para recomendar legislación que refuerce las sanciones que esta agencia pueda imponer ante los incumplimientos con sus regulaciones. Entendemos, además, que el DACO puede informar detalladamente sobre el impacto perjudicial que estas prácticas han tenido sobre los consumidores”, expresó Ribas.
La vista, que se llevó a cabo mediante videoconferencia, fue presidida por la representante Estrella Martínez Soto, quien presentó la Resolución de la Cámara 219, que investiga la “alegada violación a los procedimientos establecidos por el Departamento de Asuntos del Consumidor, en cuanto al aumento del precio de venta, el pasado mes de diciembre de 2020, del tanque de gas licuado por parte de los importadores, así como la justificación para dicho aumento”, así como “el impacto económico para los consumidores por la alegada obtención de ganancias extraordinarias de las empresas importadoras de gas licuado, debido a la caída del precio de este combustible durante la pandemia del Covid-19”.
Una encuesta mensual del DACO sobre el gas licuado para el mes de mayo identificó, como precios promedio de venta al consumidor, $17.54 para el llenado del cilindro de 17 libras, $18.57, para el de 20 libras y $99.16 para el de 100 libras. Para los cilindros nuevos, los precios promedio fueron de $59.68, $62.06 y $215.95, respectivamente. El desglose de los precios promedio por región se encuentra disponible en el portal del DACO.
Precisamente esta mañana el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos emitió unos $11,600 en multas luego de realizar 48 intervenciones con franquicias de gas. En el comunicado no se precisó a qué respondieron las multas.
