Un juez federal falló el miércoles que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades actuaron por encima de su autoridad cuando impusieron una moratoria federal a los desahucios.
El Departamento de Justicia indicó que apelará la determinación del tribunal federal de distrito en Washington, D.C., lo que significa que probablemente no haya un impacto inmediato en la prohibición, que en marzo fue extendida hasta finales de junio.
Los opositores a la moratoria, entre ellos la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, recibieron con beneplácito la decisión y dijeron que la solución era asistencia para el pago del alquiler, no una prohibición a los desalojos.
“Esto previene dos crisis: una para los arrendatarios y otra para los proveedores de viviendas familiares que no cuentan con una prórroga para pagar sus cuentas”, dijo en un comunicado el presidente de la asociación, Charlie Oppler. “Con la asistencia para el pago del alquiler asegurada, la economía fortaleciéndose y las tasas de desempleo disminuyendo no hay necesidad de continuar con una prohibición a todos los desalojos a nivel nacional”.
Las asociaciones de agentes inmobiliarios de Alabama y Georgia estaban entre los demandantes en el caso.
El plan de desahucios comenzó a implementarse el año pasado. Brinda protección a los arrendatarios ante la preocupación de que las familias pierdan sus hogares y se muden a albergues o compartan condiciones de hacinamiento con familiares o amigos durante la pandemia, lo que propagaría aún más el coronavirus altamente contagioso.
Quienes propusieron la prohibición argumentan que es necesaria, ya que la pandemia todavía representa una amenaza y hay muchas personas en riesgo de desahucio o ejecución hipotecaria. Casi 4 millones de personas en Estados Unidos dicen que enfrentan desahucio o ejecución hipotecaria en los próximos dos meses, según la Encuesta del Pulso de los Hogares de la Oficina del Censo.
La moratoria a los desahucios “protege a muchos arrendatarios que no pueden hacer sus pagos mensuales porque perdieron el empleo o por gastos médicos”, dijo Brian M. Boynton, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, en un comunicado que anunciaba la decisión del departamento de apelar el fallo del tribunal.
Te recomendamos: