El Overseas Press Club (OPC) solicitó hoy una reconsideración a la decisión del Tribunal Supremo de mantener bajo un manto de confidencialidad las grabaciones de las vistas judiciales en las que Andrea Cristina Ruiz Costas reclamó protección ante el acoso de su expareja, quien la asesinaría un mes después.
En un escrito al máximo foro judicial, el gremio periodístico cuestionó “la alegada garantía de confidencialidad” que utilizó el tribunal para mantener en secreto las grabaciones de las vistas judiciales a las que acudió Ruiz Costas.
“Y es que la confidencialidad, que hace alusión a una secretividad de los procesos, no es lo mismo que el control de acceso que faculta al “Juez que preside la sala especializada [de] determinar qué personas del público pueden acceder a la misma”. El propio articulado reconoce el que público puede estar presente en sala, y recae en el control de sala que se ejerce en el momento, no de forma retroactiva por un juez que no esté presidiendo la misma. En eso, la letra de la ley es clara y la intención legislativa también”, reza la argumentación del gremio en referencia a la Ley 130 de 2011 que enmendó la Ley de la Judicatura para implementar las salas especializadas de violencia de género. “Revelar la información no lesiona derechos fundamentales de terceros. Los únicos sucesores del derecho a la intimidad de Andrea Cristina claman al igual que el Pueblo de Puerto Rico por saber qué fue lo que pasó”, añade el documento judicial. La OPC también planteó que existe una presunción de apertura en los procedimientos penales el cual responde a la necesidad de que el público tenga acceso a dichos procesos para “asegurar el funcionamiento apropiado del sistema de justicia criminal”. El organismo periodístico también pidió que se detuviera una vista señalada para mañana ante el juez Ricardo Marrero del Tribunal de Caguas —en un recurso separado que presentó la Asociación Puertorriqueña de Periodistas (Asppro)— en el que también se exige la entrega de las grabaciones. El juez Marrero, sin embargo, solicitó la comparecencia de la familia de Ruiz Costas. Esta mañana la Asppro presentó una moción a dicho tribunal de Caguas en la que solicitan que — ante la declaración jurada de la madre de Ruiz Costas en el caso de la OPC— la familia de la víctima no comparezca ante el juez Marrero. Asimismo, también exigieron la publicación íntegra de las grabaciones. De acuerdo con el recurso, la OPC obtuvo una declaración jurada de la madre de Ruiz Costas en la que ésta solicita, por primera vez formalmente, acceso a dichas grabaciones y expresa las razones por las que entiende que dicha solicitud procede. En su declaración jurada, Olga Esther Costas, madre de Ruiz Costas, exigió que se le entregaran dichas grabaciones para conocer lo que sucedió en las vistas judiciales a las que su hija compareció solicitando protección del tribunal. El Supremo, por votación 5-3, denegó el recurso especial solicitado que el OPC solicitó luego de que el juez administrador del Tribunal de Caguas, Marrero, prohibiera al Departamento de Justicia divulgar el contenido de las grabaciones de las vistas que se llevaron a cabo el 25, 26 y 31 de marzo. Te recomendamos: Amenazan a una de las juezas que atendió caso de Andrea Ruiz Abundantes las violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica en lo que va de semana Amor y control: Relatos de madres boricuas sobre la crianza en tiempos de pandemia Ruiz Costas solicitó el 25 de marzo una orden de protección contra Miguel Ocasio Santiago, pero la jueza Sonya Nieves Cordero, en lugar de expedir el recurso, citó a una vista para el 31 de marzo. El 26 de marzo, la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez desestimó la denuncia criminal de la mujer de 35 años, quien, frustrada con el proceso, abandonó el intento de obtener protección por la vía judicial contra su expareja. El 29 de abril, el cadáver parcialmente calcinado de Ruiz Costas aparecería en el barrio Guavate, de Cayey, crimen por el que Ocasio Santiago confesó poco después. En su resolución, la mayoría del Tribunal Supremo, compuesta por los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón, Mildred Pabón Charneco, Rafael Martínez Torres y Edgardo Rivera García se opusieron a la revelación de las grabaciones, al sostener que al sostener que serviría para revictimizar a Ruiz Costas. La jueza presidenta Maite Oronoz y los asociados Ángel Colón Pérez y Luis Estrella Martínez disintieron. En su solicitud ante el Supremo, el OPC planteó que “el caso de marras ha sido de alta exposición pública, tanta que muy poco puede restar sobre confidencialidad. Hasta el perpetrador del delito confesó. La misma víctima realizó grabaciones de su impresión sobre lo ocurrido ante la Rama Judicial, las cuales ya han sido diseminadas al público. Existe una infinidad de especulaciones de lo ocurrido, pero la mejor prueba para determinar lo que realmente ocurrió está en poder de la propia Rama Judicial. Mantener las grabaciones de forma confidencial lacera la confianza que tiene el Pueblo en tan importante institución, e impide que las alegaciones hechas por la propia víctima puedan ser corroboradas o rebatidas”. Las mujeres asesinadas en lo que va del año son: Angie Noemi González Santos Jeanette RodríguezRamos Rosita Alicea Delgado Luz Vélez Santiago Andrea Ruiz Costas Keishla Rodríguez Ortiz Samuel Edmund Valentín(hombretrans) Si usted está en una relación de violencia o se siente amenazada, busque ayuda en el 787-722-2977 o buscar entre estas opciones de apoyo: AQUÍ Te recomendamos escuchar este episodio del podcast Con Los Editores: Te recomendamos: Educación analiza reabrir escuelas cerradas para mejorar desempeño de estudiantes Piden al presidente del PPD que intervenga contra “abuso” de la Cámara contra Larry Seilhammer Nueva ayuda federal cubre internet de Claro en el hogar
