Si bien la madre de Andrea Ruiz Costas, Olga Esther Costa, solicitó la entrega de las grabaciones del proceso judicial de su hija, podría ser cuesta arriba que el Tribunal Supremo reconsidere su dictamen del pasado jueves en el que determinó mantener confidenciales dichos audios.
El pasado viernes, la madre de Ruiz Costas —mediante una declaración jurada— solicitó que se le entreguen dichas grabaciones “con el propósito de que se conozca la verdad sobre lo acontecido ante el Tribunal de Caguas; y como madre de mi fenecida hija, Andrea Cristina Ruiz Costas”. Las declaraciones de la progenitora de Ruiz Costas forman parte de un recurso de reconsideración de la Overseas Press Club que se espera que presenten hoy ante el máximo foro judicial. Luego de varios intentos infructuosos por obtener protección del tribunal ante el constante acoso de su expareja, Ruiz Costas fue asesinada por este la semana pasada.
Para el profesor y abogado Carlos Ramos, es poco probable que el Tribunal Supremo cambie su postura y conceda la reconsideración del gremio periodístico. De estar solo basada en la declaración jurada de la madre, el académico indicó que esto podría ser insuficiente para la mayoría de los jueces que votaron a favor de mantener en secreto dichas grabaciones. “Si uno sigue la lógica jurídica de la mayoría —a mi juicio equivocada en cómo lo aplicó en este caso— no debería de mover el tribunal a reconsiderar”, dijo el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Indicó que los jueces pudieron haber tomado conocimiento judicial del pedido público de los familiares de Ruiz Costas para que se hicieran públicas las grabaciones. Previo a la declaración jurada, el miércoles en la noche, la familia respaldó públicamente el recurso legal presentado por la OPC.
Sin embargo, agregó que “por los giros que ha tomado el caso en la opinión pública”, no descartó que cabe la posibilidad de que uno de los jueces reconsidere su postura.
Por su parte, la abogada Yanira Reyes Gil opinó que el Tribunal Supremo debe conceder la reconsideración del gremio periodístico y entregar las grabaciones del proceso judicial en el que Ruiz Costas intentó obtener una orden de protección contra su expareja debido a los constantes episodios de acoso y agresión contra esta.
La también profesora comentó que el tribunal bien pudo haber entregado las grabaciones a la familia de Ruiz Costas y que fueran ellos quienes determinaran qué se podía publicar y qué no. En la alternativa, Reyes Gil mencionó que el tribunal pudo haber examinado en cámara el contenido de las grabaciones para determinar cuáles porciones podrían ser divulgadas. “El tribunal tiene opciones para proteger la dignidad de Andrea y a la vez cumplir con el requisito y el valor de transparencia en el proceso publico que es un valor de jerarquía”, dijo la también profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
“La decisión mayoritaria estaba basada en una protección a la dignidad y a la intimidad de Andrea y en estos momentos quien representa la dignidad de esta mujer es su familia porque ella desgraciadamente no la tenemos en vida así que quien la representa es su familia. Por lo tanto, el tribunal debería tomar conocimiento sobre esa petición de a familia”, indicó Reyes Gil.
La académica incluso mencionó que sea la reconsideración que presentará la OPC o el recurso de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) —quienes solicitaron al Tribunal de Caguas la entrega de las grabaciones— el Tribunal debe conceder el acceso a dichas grabaciones. “En cualquiera de ambas me parece que el tribunal tiene que darle paso a esta petición y hacer valer el servicio de transparencia y acceso a los procesos públicos”, señaló.
¿Posibilidades de una vista oral?
Por su parte, Ramos comentó que luce poco probable que el Tribunal Supremo decida ordenar una vista oral para discutir dicho caso.
“Le veo pocas posibilidades con el récord que hay…La vista oral se concede cuando el tribunal tiene dudas y quiere hacer preguntas y no sé qué dudas o preguntas pueden tener aquí”, dijo.
Reyes Gil, por su parte, coincidió con Ramos y mencionó que no es usual que el Tribunal Supremo ordene la celebración de vistas de argumentación oral ya que suele resolver los casos basados en los expedientes judiciales que se les entregan. “No veo por qué retrasar una decisión que me parece que puede tomar de manera expedita”, agregó.
