Cuando Raúl Maldonado, como Principal Oficial Financiero de Puerto Rico, habló sobre una “mafia institucional” en el Departamento de Hacienda, lo natural hubiese sido que se iniciara una investigación sobre sus denuncias. Sin embargo, lo que ocurrió fue una pesquisa por parte de la recién creada Oficina de la Inspectora General (OIG) que tuvo como objetivo al denunciante de la “mafia institucional”.
Hoy, tres años más tarde, Metro habló con varias fuentes independientes y revisó documentos que apuntan a que el sistema de Justicia de Puerto Rico pudo ser manipulado para acusar criminalmente a quien denunció la supuesta mafia durante la génesis del verano del 2019 que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló Nevares.
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A Ivelisse Torres —quien ocupa el cargo de inspectora general luego que se enmendó la ley bajo la administración de Rosselló para eliminar el requisito de que la posición fuese ocupada por un contador público autorizado— le tomó menos de un mes en el Departamento de Hacienda para girar la auditoría encomendada por el entonces gobernador sobre las denuncias de la “mafia institucional” e ir contra Maldonado. Lo hizo mediante la reapertura y reinterpretación de la auditoría AI-19-02E concluida en julio de 2018 sobre el proceso de otorgamiento de contrato al productor de seguros Risco Insurance Inc. Esta auditoría solo contiene señalamientos de medidas correctivas administrativas.
Imágenes de partes de la auditoría interna original que contienen los hallazgos y recomendaciones:
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El foco de la pesquisa de la OIG contra Maldonado consta en una carta del 5 de agosto de 2019 de la contralora Yesmín Valdivieso a la licenciada Brendaliz González Méndez, inspectora asociada en Asuntos Legales, en la que se hace referencia a la conversación del 31 de julio de 2019 indagando si la contraloría investigaría la otorgación de ese contrato bajo la secretaría de Maldonado.
La contralora le señala a la OIG que en agosto de 2017 evaluaron una carta del propio Maldonado en la que este pedía se investigara cualquier irregularidad en el trámite con ese contrato luego de un reportaje en el periódico Caribbean Business. La carta de Maldonado a la Contraloría pasó a la Oficina de Asuntos Legales, Investigaciones y Litigios para evaluación. Días más tarde, de la Oficina de la Contralora requirieron información a la Oficina de Seguros Públicos de Hacienda. En septiembre de 2017 recibieron los documentos de Hacienda en la Contraloría. Tras evaluar la información recibida, determinaron no iniciar una auditoría o investigación. También revisitaron el asunto en el 2018 y no encontraron razones para iniciar una auditoría o investigación.
“Conforme a la determinación del nuevo Secretario de Hacienda (Francisco Parés), a lo expresado por el señor (Carlos) Allende Soto [oficial del área de Seguros de Hacienda], y a que el entonces secretario de Hacienda le otorgó contratos de extensión de tiempo al productor de seguros posterior al referido del 23 de junio de 2017, nuestra oficina no continuará evaluando el otorgamiento de dicho contrato. No obstante, sugerimos que, como parte de la investigación que realiza su oficina (la OIG), se evalúe si el entonces secretario de Hacienda recibió alguna “instrucción” para otorgar el mismo, lo que pudo incidir en las expresiones del 24 de junio de 2019”, lee la carta de Valdivieso a la OIG en agosto de 2019.
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Mira aquí la carta de la Contralora en respuesta a la petición de investigación de la OIG:
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Sin embargo, la inspectora general mantuvo su curso de acción contra Maldonado por este contrato. Fuentes de Metro aseguran que los inspectores realizaron una serie de entrevistas incisivas y con preguntas dirigidas sobre este contrato que buscaban fijar imputaciones de malversación de fondos a Maldonado. Este diario supo que existe registro de grabaciones sobre estas entrevistas. “Básicamente ella reinterpretó las conclusiones de la auditoría (original de Hacienda)”, dijo una fuente con conocimiento de los hechos.
En carta del 9 de octubre de 2019, el director del Área de Querellas e Investigaciones de la Oficina del Inspector General, James Rivera, requirió a la representación legal de Maldonado comparecencia del exsecretario de Hacienda ante los investigadores de la OIG. Hubo varios intercambios de misivas entre la OIG y la representación legal de Maldonado que requería más detalles sobre la base de la pesquisa y alertaba que las expresiones de su representado estaban cobijadas por la libertad de expresión. También en ese momento, la representación legal de Maldonado refirió a la OIG a las autoridades federales con las que, según se expone en una de las cartas, ya el exfuncionario colaboraba.
En la auditoría de la OIG participaron los auditores Sonia Cruz Benítez y Xavier Santiago. Este último es precisamente quien firmó la auditoría previa de Hacienda sobre el mismo asunto en julio de 2018. Sin embargo, según fuentes dentro de la propia OIG, la conclusión original de los auditores en la segunda auditoría no recomendaba ningún referido contra Maldonado.
La OIG emitió un informe el 6 de febrero del 2020, pero solo publicó un resumen ejecutivo. Se hizo un referido al Departamento de Justicia, División de Integridad Pública. Este diario solicitó formalmente copia de ese referido, pero mediante un oficial de información pública, se levantó bandera de que se trata de información cobijada por el privilegio de la confidencialidad.
Aquí el resumen ejecutivo que fue lo único que se hizo público:
Resumen Ejecutivo OIG IE 20 001 (2) by Metro Puerto Rico on Scribd
Una fuente que pudo observar el referido apuntó a que la conclusión de la OIG era que básicamente luego de todo el proceso interno de Hacienda, cuando el contrato llega para la firma de Maldonado, este tenía que investigarlo y preintervenirlo nuevamente antes de firmarlo. “Si fuera así todos los jefes de agencia estarían presos”, mencionó la fuente.
Torres fue directora de comunicaciones en la campaña a la gobernación de Ricardo Rosselló. Antes del nombramiento de inspectora general por un término de 10 años fue Comisionada de Desarrollo Cooperativo (CDCoop) y presidenta de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec).
La inspectora general se limitó a enviar unas declaraciones escritas a Metro en las que básicamente plantea que su investigación fue confirmada por el referido de Justicia a la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei).
“El referido al Departamento de Justicia, incluyó toda la prueba documental recopilada en el proceso investigativo en cumplimiento con lo requerido en la Ley de la OIG. Culminada la investigación del Departamento de Justicia, procede dar deferencia a las determinaciones del PFEI. De nuestra parte, corresponde el deber ministerial de proteger la confidencialidad de la totalidad del informe y la evidencia recopilada a los efectos de no afectar las facultades del Panel del FEI”, leen parte de las declaraciones de Torres.
También apunta a que “la OIG como política institucional está impedida de responder o replicar a señalamientos públicos de una investigación en curso, que provengan de la parte investigada o de cualquier otra persona, a quien le asiste todo el derecho de defenderse bajo los métodos que estime prudentes. Tenemos la responsabilidad de dejar que las investigaciones sigan su debido curso. En este caso, dos organismos independientes pasaron juicio sobre el proceso investigativo”.
Trámite en Justicia
El Departamento de Justicia no notificó a la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) la decisión de iniciar la investigación preliminar dentro de los 15 días laborables luego de haber recibido la información sobre las alegadas ilegalidades, como dispone la ley orgánica de la Opfei (Ley 2-1988).
Según dijo en una entrevista previa con Metro la presidenta del Panel de Ex Jueces de la Opfei, Nydia Cotto Vives, Justicia le informó el 1º de septiembre de 2020, que se les había “olvidado” notificar el comienzo de la investigación, a pesar de que el 25 de junio se había preparado la carta correspondiente. Esa carta se anejó a la notificación del 1º de septiembre y desde Justicia se hizo el cálculo de que el término vencía el 30 de septiembre. Posteriormente la Opfei le concedió tres prórrogas para completar la investigación preliminar, hasta el 23 de noviembre, 28 de diciembre y 29 de marzo de 2021, respectivamente.
Este diario supo que en Justicia estaban listos para enviar el referido a la Opfei a la fecha del cumplimiento de la prórroga del 28 de diciembre. Incluso, existe una informe firmado por la entonces secretaria de Justicia, Inés Carrau y fiscales de Integridad Pública que no recomendaban asignación de FEI a Maldonado. Sin embargo, cerca de esa fecha Justicia recibió información nueva sobre el supuesto manejo irregular de la auditoría por parte de la OIG.
Cotto Vives confirmó ayer a Metro que hubo una llamada de Integridad Pública para plantearle que habían recibido información nueva. La exjueza planteó que su mejor recuerdo era que se trataba de un penn drive o unas grabaciones. “Nos dicen que nos tenían que remitir esa prueba sin haberla investigado o corroborado. Yo les indiqué que no pueden referir un asunto sin investigar. Era una investigación nueva que no se centra en Maldonado, pero es sobre los mismos hechos y no se debe fraccionar. Existía la posibilidad de que se consolidara porque de lo contrario eso iba a limitar que en el FEI se pudiese estar trabajando una investigación cuando en Justicia se estaba manejando la misma prueba en otra. Yo le digo a la entonces directora de Integridad Pública, no la fracciones, ni la remitas por partes, que procedía la consolidación. Luego me envían la comunicación oficial al panel sobre esa parte para que el panel actúe. Estaba firmada por la entonces secretaria (Carrau) y que ellos entendían que lo mejor era consolidarlo”, explicó Cotto Vives.
La propia Opfei confirmó en su resolución que el caso ante el panel reflejó la consolidación de la investigación que realizaba Justicia junto a una vertiente nueva sobre los mismos hechos, donde el criterio prevaleciente fue que no se fraccionara la pesquisa.
Varias fuentes de Metro coinciden en que para en 2020 Justicia había descartado recomendar acusación contra Maldonado, pero en el 2021 sí hizo un referido con recomendación de fiscal y cargos. El referido que salió de Justicia firmado por el nuevo secretario Domingo Emanuelli fue con una recomendación de asignar FEI a Maldonado y no se hacía referido sobre la vertiente que se sumó a la pesquisa a finales del 2020, que según las fuentes de este diario en diversas agencias era sobre el manejo de la OIG en su pesquisa.
¿Cómo fue que en Justicia hubo un cambio de curso sobre el referido en este caso? En nuestra edición de mañana abordaremos los vaivenes de este expediente en el Departamento de Justicia que finalmente envió un referido con recomendación de que se asignaran fiscales por entender que Raúl Maldonado habría violado el Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental; el Artículo 254 del Código Penal por intervención indebida en las operaciones gubernamentales; y el Artículo 264 del Código Penal por malversación de fondos públicos.
Análisis
En un reciente episodio del podcast Con Los Editores, la peridodista Limarys Suárez, quien publicó la investigación original sobre Risco Insurance en Hacienda opinó lo siguiente
“A mi me parece que es (un señalamiento) administrativo. Es una investigación periodística que yo hice, pero a mi me parece que eso fue algo administrativo, un error de juicio. Yo pienso que alguien con intereses en contra de Raúl Maldonado rescató esa investigación periodística del 2017 que estaba fácil, se la llevaron al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia dice mira es verdad, aquí hay una incongruencia y pues se lo pasó a la OPFEI y el FEI rápido también concluyó vamos a asignarle un FEI, vamos a indagar ahí… Yo no se si esto finalmente culmine en radicación de cargos, a mi más bien me parece que quizás alguien con intereses en contra de Raúl Maldonado sembró esto”.
Te recordamos este episodio del podcast Con Los Editores sobre otro caso ante el FEI:
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