El referido de la Inspectora General, Ivelisse Torres, contra el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, estuvo dando vueltas en Justicia desde febrero de 2020 hasta marzo de 2021. Durante ese período – poco más de un año – cambios de jefatura en la División de Integridad Pública propulsaron que se alterara la posición de la agencia, de no asignarle fiscal a recomendar un fiscal especial independiente por la posible imputación de tres delitos que incluyen malversación de fondos públicos.
En la primera parte de este reportaje investigativo, Metro publicó ayer cómo en la Oficina de la Inspectora General (OIG) se reabrió una auditoría de 2018 que no tenía conclusiones de violaciones de ley o acciones penales para reinterpretarla y culminar con un referido al Departamento de Justicia contra Maldonado. Todo esto en una movida que inició como una investigación a la denuncia de una mafia institucional por parte de Maldonado, pero que en menos de un mes convirtió al denunciante en investigado.
Documentos revelados ayer por este medio que apuntan a distintas gestiones investigativas que no concluían en hallazgos de posibles delitos en la transacción con el productor de seguros RISCO Insurance estuvieron ante la consideración del Departamento de Justicia. Múltiples fuentes de entero crédito corroboran que a finales del 2020, Justicia preparó un informe a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en el que no recomendaba la designación de un fiscal para Maldonado. Sin embargo, en ese momento la División de Integridad Pública de Justicia recibió mediante una confidencia prueba que manejó la OIG y que nunca pusieron a disposición de los fiscales. Se trataba de información que no iba sobre la contratación como tal de Risco Insurance o la gestión de Maldonado, sino sobre cómo se condujo el proceso por parte de la OIG.
La propia presidenta del panel de exjueces de la Opfei, Nydia Cotto Vives confirmó a Metro que recibió una consulta telefónica y luego una carta firmada por la exsecretaria de Justicia, Inés Carrau sobre la nueva información. La Opfei consolidó las vertientes investigativas y concedió el término adicional hasta marzo del 2021.
Sin embargo, con el cambio de gobierno y de jefatura en Justicia el caso de Maldonado tomó otro giro en Justicia. En marzo, el referido que entre noviembre y diciembre era de no recomendar fiscal, salió con una recomendación de fiscal por entender que Raúl Maldonado habría violado el Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental; el Artículo 254 del Código Penal por intervención indebida en las operaciones gubernamentales; y el Artículo 264 del Código Penal por malversación de fondos públicos.
Una fuente gubernamental apuntó como irregular el proceso dentro de Justicia porque “este Informe de la OIG es como esos de la Oficina de la Contralora, traen hallazgos de carácter administrativo”. “El caso de Raúl es ejemplo de utilización de aparatos investigativos para destruir a quien señaló públicamente la corrupción institucionalizada. Aunque él salga bien del proceso, el daño es irreparable. No significa que él no haya cometido actos de corrupción: significa que no existe prueba de que lo haya cometido y se le investiga como represalia política”, dijo esa fuente.
Según este diario pudo corroborar con distintas fuentes, el cambio de postura de Justicia vino con la llegada de la fiscal, Wanda Casiano a la División de Integridad Pública. Al igual que la inspectora general fue una figura cercana al exgobernador, Ricardo Rosselló en su campaña política; Casiano fue parte del equipo de trabajo de Rosselló en La Fortaleza. El cuatrienio pasado, la fiscal estuvo destacada con un diferencial salarial en la Mansión Ejecutiva donde laboraba con el asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, uno de los participantes del chat de Telegram. Tras el escándalo del verano del 2019 con la salida de Rosselló de La Fortaleza y la llegada de Wanda Vázquez a la gobernación, Casiano regresó a su posición de fiscal en Justicia. Pero, con el triunfo de Pedro Pierluisi —que en la campaña fue endosado por los Rosselló— Casiano fue designada por un tiempo como directora de la División de Integridad Pública.
A su llegada a la División de Integridad Pública, Casiano se asignó a sí misma el caso de Maldonado, según la versión de varias fuentes. En ese período se cuestiona el curso de acción de los fiscales anteriores con el caso, estos bajo el mando previo de Phoebe Isales, quien en enero fungía como subsecretaria bajo la nueva administración de Justicia, pero que fue sacada abruptamente del cargo en febrero por perder la confianza del secretario, Domingo Emanuelli. El secretario nunca ha querido hablar sobre las razones que le llevaron a perder la confianza de Isales y trasladarla a Fajardo. Fuentes de Metro apuntan a que la movida estuvo vinculada al caso de Maldonado y su manejo en la División de Integridad Pública donde no se iba a recomendar la designación de un FEI.
El 30 de marzo, días después de la confirmación de Domingo Emanuelli como secretario de Justicia, se anuncia que la agencia envió un referido a la OPFEI recomendando la designación de un fiscal contra Maldonado. La fiscal Casiano pasó a ocupar el puesto de subsecretaria de Justicia. Ninguna de las fuentes de Metro ha podido explicar cómo Emanuelli pudo haber llegado a la conclusión de que había que cambiar el referido al FEI en el caso de Maldonado y por qué perdió la confianza en Isales. Sí apuntan a que en el círculo más cercano del secretario se ha ubicado Casiano y la subsecretaria de Administración, Marianne Santini.
Fiscal Casiano confirma asumió control del caso
En declaraciones escritas enviadas al cierre de esta edición, la subsecretaria de Justicia, Wanda Casiano confirmó que ella tomó el caso de Maldonado, pues el fiscal que lo tenía asignado previamente ya no se encontraba en la agencia. Casiano aseguró que la pesquisa se hizo de forma responsable y que todo el récord documental de la investigación preliminar en Justicia pasó a la Opfei.
“Cuando fui designada al cargo de Directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, como parte de mis responsabilidades, solicité a todos los fiscales de la división el estatus de todas las investigaciones pendientes, para asegurar el cumplimiento de los términos establecidos por el PFEI y poder distribuir la carga de trabajo entre los fiscales. En respuesta a lo anterior, luego de múltiples requerimientos, me entero que existía una investigación relacionada al Sr. Raúl Maldonado y que el término concedido por la OPFEI vencía el 29 de marzo del 2021. Al percatarme de que el fiscal que había investigado originalmente ya no se encontraba en la División de Integridad Pública, reasigné el caso para completar la investigación y cumplir con la fecha provista por la OPFEI”, leen parte de las declaraciones de Casiano.
La subsecretaria distingue que la “determinación final” se basó, tanto en la evidencia nueva como en la que ya contenía el expediente. Insistió que de la investigación “completada” surgió causa suficiente para creer que se pudo haber cometido una violación de ley contrario a lo que la propia agencia concluía unos meses antes.
“Una vez evaluado, la OPFEI decidió acoger la recomendación del Departamento de Justicia de asignar un FEI para completar la investigación y determinar si procede con la radicación de cargos, ya sea contra Raúl Maldonado o cualquier otra persona. Podemos asegurar que la investigación realizada por el equipo del Departamento de Justicia en torno al caso del Sr. Raúl Maldonado, contiene absolutamente TODOS los documentos, declaraciones y evidencias que fueron recopilados por los fiscales desde el inicio de la investigación y de la que surgió una vez completado el proceso”, reiteró Casiano en sus declaraciones escritas.
Relatos desde la OIG
Metro pudo acceder comunicaciones de auditores de la OIG que bajo condición de anonimato señalaron que la entidad que dirige Torres —quien no es CPA— es selectiva en las investigaciones que desarrolla dejando pasar aquellas que afectan o pueden afectar a figuras de poder dentro del Partido Nuevo Progresista y persiguiendo a quienes se consideran enemigos políticos. De hecho, describen directamente la investigación contra Maldonado como “un movimiento político y cobarde de Ivelisse Torres Rivera contra el Sr. Raúl Maldonado como represalia por lograr la renuncia de su amigo Ricardo Rosselló Neváres”.
El 22 de abril, el Panel de ExJueces del FEI designa a los fiscales Juan E. Catalá Suárez y Manuel Núñez Corrada para investigar las alegaciones contra Maldonado.
Te recordamos este episodio del podcast Con Los Editores sobre otro caso ante el FEI:
