El presidente senatorial, José Luis Dalmau, adelantó que para la semana entrante el cuerpo legislativo habrá evaluado la totalidad del gabinete del gobernador Pedro Pierluisi, tras las vistas que celebrará la Comisión de Nombramientos entre lunes y jueves para los designados a los departamentos de Educación, Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Vivienda y la Compañía de Turismo.
Asimismo, esta tarde, la comisión votará sobre los informes positivos sobre las nominadas al Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón; el Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz; y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega.
“Lo que quedaría después son miembros de juntas y ascensos en fiscalías y la judicatura que ha hecho el gobernador”, sostuvo Dalmau tras una reunión con el primer ejecutivo en La Fortaleza.
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Otro nombramiento pendiente, y que debe pasar por ambas cámaras legislativas es el del designado contralor Manuel Torres Nieves.
Dalmau detalló que el lunes de la semana próxima será la vista de Magaly Rivera Rivera, nominada para la jefatura de Educación; el martes se atenderá a Manuel Cidre, designado al DDEC; el miércoles se evaluará a William Rodríguez para el Departamento de la Vivienda; y el jueves se hará lo propio con Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo.
Aunque el Senado ya confirmó a Larry Seilhamer como secretario de Estado, la Cámara de Representantes no lo ha llevado a votación del pleno pese a que cuenta con un informe positivo, pues la mayoría popular determinó atar su aval a que el gobernador Pierluisi firme el proyecto de reforma electoral que llegue a su escritorio.
Torres Nieves “está colga’o”
En la rueda de prensa tras el encuentro con el mandatario, Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara baja, reiteró que las condiciones que el caucus cameral de la Pava ha establecido para las confirmaciones de Seilhamer y Torres Nieves continúan en pie.
En el caso del contralor designado, la mayoría del Partido Popular Democrático determinó que no lo llevaría a votación a menos que Pierluisi accediera a posponer la entrada en vigor del contrato de privatización de la red eléctrica otorgado a Luma Energy. Sin embargo, Pierluisi vetó la resolución conjunta que ordenaba retrasarla hasta enero y, entretanto, implementar enmiendas al acuerdo que garantizaran, entre otras cosas, los derechos de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Si me dejo llevar por lo que determinó el caucus, en nuestra última reunión en Utuado, (Torres Nieves) está colga’o. La determinación estaba amarrada a Luma. Por eso necesito reunirme con el caucus de nuevo, porque ya lo de Luma literalmente hay que dirimirlo en los tribunales. Estamos a días de que comience el contrato el 1 de junio. […] Es una determinación final, así que tengo que volver a dialogarlo con ellos a ver si lo van a repensar o cuál es la posición”, planteó Hernández.
Contrario a Seilhamer, sin embargo, no hay garantía de que Torres Nieves hubiera tenido los votos en los hemiciclos, ante las dudas que han levantado tanto legisladores como organizaciones sobre su capacidad, ante el hecho de que el exsecretario de Senado no es un contador público autorizado, como han sido los contralores por los pasados 40 años.
De acuerdo con Hernández, en la reunión de esta mañana Pierluisi se mantuvo firme en su postura de que intentar enmendar el contrato de Luma Energy de forma unilateral sería “inconstitucional” por atentar contra la cláusula de contratos. Para Hernández, sin embargo, la posición de Pierluisi y la propia Junta de Control Fiscal (JCF) es insostenible, toda vez que argumentó que en el proceso de quiebra gubernamental bajo el Título III de la Ley Promesa se vulneran los derechos adquiridos de miles de individuos y entidades.
Esta tarde, se espera que el pleno de la Cámara de Representantes derrote una resolución conjunta sometida por la JCF que busca que la Asamblea Legislativa autorice la asignación de $750 millones a la AEE que saldrían del fondo general, con el propósito de crear una reserva financiera para las operaciones de Luma.
La JCF ha adelantado que procederá con la asignación presupuestaria incluso ante la oposición legislativa, al amparo de las facultades que le concede Promesa.
