Ya es oficial la desacreditación del programa de Neurocirugía en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Sin embargo, los señalamientos del Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrado (ACGME, por sus siglas en inglés) son un misterio.
También es poco lo que se conoce sobre las medidas correctivas que trazará el Recinto en su apelación para intentar revertir el dictamen.
Esto se debe a que la administración universitaria se ha negado a revelar el contenido íntegro del informe aludiendo a una confidencialidad que les impone el ente acreditador.
De no poder revertir la decisión del Consejo, el programa de Neurocirugía graduará a su último estudiante en junio de 2022. Metro solicitó una entrevista con la nueva rectora del RCM, Wanda Maldonado, para conocer las acciones correctivas que presentará la institución para apelar la decisión del ente acreditador, pero, según la oficina de prensa del RCM, la académica no estuvo disponible.
Este medio también habría solicitado los informes de la ACGME —de 2018 y 2019— que dieron paso a una calificación de probatoria y que provocó el aviso de desacreditación el pasado 12 de abril. No obstante, el doctor Jorge Falcón, decano asociado de Educación Graduada de la Escuela de Medicina del RCM, aludió a la confidencialidad del informe. Metro también solicitó el plan de acciones correctivas que habría sometido el RCM para revertir la calificación de ‘Probatoria’. Asimismo, se intentó obtener los documentos por medio de la ACGME, pero el ente también descartó entregarlos y evocó la privacidad de dichos documentos.
Lida Orta, quien es presidenta del capítulo de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu) en el RCM, indicó que mantiene esperanzas en que el programa pueda recobrar su acreditación, pero aceptó que pudiera resultar cuesta arriba ya que estas agencias acreditadoras suelen contar con procesos rigurosos para justificar la remoción de una acreditación. “Nuevamente, ojalá que se logre revertir, pero no es lo común”, reconoció la profesora y ergonomista.
Por su parte, el exsecretario del Departamento de Salud, Enrique Vázquez Quintana, insistió en que la administración universitaria debe atender los señalamientos de la agencia con premura ya que el programa de residencia de Neurocirugía es único en la isla.
Ante la importancia del Centro de Trauma, el cual recibe a pacientes críticos que han sufrido lesiones severas, el propio secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, apuntó a la necesidad de revertir la decisión del ente acreditador ya que la pérdida de acreditación del programa de residencia podría tener un impacto negativo en dicha institución hospitalaria. “No puede existir un hospital de trauma si no existe un servicio de neurocirugía”, señaló Mellado durante su vista de confirmación a finales de abril y quien mencionó que, de perderse el programa de residencia, la ASEM y Salud tendrá que contratar neurocirujanos particulares para el centro.
Para Orta, la desacreditación del programa de residencia de Neurocirugía colocaría una presión excesiva en el sistema de salud del país. La salubrista apuntó a que los médicos residentes tendrían que trasladarse a Estados Unidos, lo cual solo dejaría a los médicos ya certificados en dicha especialidad para realizar intervenciones en la institución hospitalaria. “En estos momentos esos profesionales casi no dan abasto, y al perder esta acreditación implica un trastoque en el desarrollo continuo de estos especialistas”, dijo. “Esto es un impacto muy fuerte para la salud del país”, añadió.
Por su parte, Juan José De Jesús, presidente del Consejo General de Estudiantes en RCM, señaló a la Junta como uno de los responsables de la pérdida de acreditación. “Ahora es que vemos cómo las fallas administrativas de una administración que no hizo nada por tres años y ahora refirió el cantazo, despiertan y entonces vamos a buscar reuniones”, dijo.
¿Quién es el responsable?
Tras el anuncio de la desacreditación del programa de residencia de Neurocirugía, resultó que la administración universitaria, el gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) intentaron fijar responsabilidades.
Por un lado, el entonces rector de la institución, Segundo Rodríguez, adjudicó que la probatoria y la eventual desacreditación respondió a una falta de fondos para adquirir el equipo médico necesario. En medio de críticas y cuestionamientos públicos, poco más de una semana después, Rodríguez dimitió de su cargo como rector del RCM.
Antes de abandonar el liderato de la institución, Rodríguez apuntó a una falta de equipo médico como bandejas y personal médico como escoltas en el Centro de Trauma, ubicado en el Centro Médico, en donde los estudiantes residentes del programa de Neurocirugía realizan su entrenamiento. Agregó que, en todo caso, el RCM no controla la falta de recursos que podría experimentar el Centro de Trauma ya que este es administrado por la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y Salud. En su última comparecencia pública como rector, Rodríguez reconoció que uno de los señalamientos que hizo el ente apuntaba a un componente académico, pero aseguró que este fue resuelto. Días antes, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, habría mencionado durante su vista de confirmación que una de las deficiencias que identificó el ACGME se trataba de un “componente académico de falta de supervisión”.
Mientras que la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, indicó, durante una conferencia de prensa el 22 de abril, que el gobierno nunca había solicitado fondos adicionales para atender las deficiencias de recursos en esta institución hospitalaria. Añadió que no fue hasta unos días después de la notificación de la desacreditación que ASEM solicitó unos $1.3 millones para la contratación de personal y atender deficiencias en el programa de Neurocirugía. Asimismo, la funcionaria de la JCF aseguró que el nuevo presupuesto del gobierno central incluiría una asignación de $15 millones para atender los programas de residencia.
Lo cierto es que se trata de un programa que —previo a las dificultades económicas que señala la administración en 2018— había obtenido una acreditación por 10 años en 2012. Incluso, documentos revisados por Metro apuntan a que la institución cumplía con los requerimientos de la ACGME durante el periodo en que el doctor Ricardo Brau dirigió el Programa de Neurocirugía, quien fue despedido en 2011, poco tiempo después de haber conseguido una extensión de la acreditación.
Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) —publicado en enero de 2020— apuntó que el programa corría el riesgo de perder su acreditación y que la probatoria impuesta en 2019 respondió a la falta de recursos e “inacción” del exsecretario del Departamento de Salud Rafael Rodríguez Mercado. El exfuncionario es integrante de la facultad del programa de Neurocirugía y fue rector del RCM entre 2010 a 2013. Rodríguez, por su parte, fungió como director del Departamento de Cirugía mientras Rodríguez Mercado era rector de la institución.
