Pese a que podría haber generado miles de dólares en la industria boxística, el juez federal Pedro Delgado podría confirmar próximamente si concede el reclamo del boxeador Félix Verdejo para que sea el estado quien pague sus servicios legales ante el caso judicial en donde se le acusa del asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz.
El viernes pasado, el púgil alegó, por medio de su representación legal, que no cuenta con suficientes recursos económicos para costear sus abogados. Verdejo cuenta con tres letrados en su equipo legal entre los que figura José Irizarry, quien fue contratado por su madre, y Laura Maldonado y David Ruhnke, quienes fueron designados por el Tribunal Federal al tratarse de un caso elegible a una sentencia de pena de muerte.
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El juez Delgado, quien concedió el reclamo de forma preliminar, le dio a la Fiscalía federal hasta el próximo 21 de mayo para objetar la solicitud de Verdejo.
Mientras que, según abogados consultados por Metro, un proceso legal que podría conllevar una sentencia de pena de muerte podría suponer costos adicionales en comparación a un proceso judicial criminal regular.
Y si bien pudo haber acumulado miles de dólares en contratos en el boxeo rentado, el boxeador aseguró en su escrito legal que no cuenta con dinero para pagarle a sus abogados. Según reportes de prensa, en 2012, Verdejo firmó un acuerdo con la empresa boxística Top Rank, en donde se estima que pudo haber recibido una bonificación de poco más de $300,000. De acuerdo con voces del ambiente boxístico, en sus combates más recientes, el púgil podría haber generado alrededor de $100,000 por cada reyerta. Incluso, en 2017, el equipo de Verdejo llegó a solicitar $450,000 para pelear con el británico Terry Flanagan, pero dicho combate no se concretó. Según reportes de prensa, originalmente se le ofreció $175,000 a Verdejo.
“Los procesos legales judiciales que tienen que ver con juicios que involucran pena de muerte a nivel federal cuestan ocho veces más que los juicios normales similares que casos que también son así complejos y difíciles”, dijo el abogado Kevin Rivera Medina, quien es también presidente de la Coalición contra la Pena de Muerte.
Los casos que son elegibles a una pena capital requieren que el tribunal nombre a uno o dos abogados especialistas en la pena de muerte para representar al imputado. El pasado 3 de mayo, la magistrada Camille Vélez Rivé designó a Ruhnke, quien también representó a Alexis Candelario, a quien se le acusó de ser el autor intelectual de la masacre de La Tómbola en 2013.
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Por su parte, la exfiscal María Domínguez planteó que, de ser un caso que costea un acusado de forma privada, podría costarle “cientos de miles de dólares”. Asimismo, la abogada mencionó que, antes estos casos en que un acusado alega no contar con dinero para pagar su defensa, el juez evaluará un affidavit financiero que presente dicho imputado el cual detalla su condición fiscal. Tras examinar dichos documentos, según la letrada, el juez determina si el acusado cuenta con los recursos necesarios para costear su defensa.
A Verdejo se le imputa haber cometido los delitos de secuestro que resulta en muerte, carjacking que resultó en muerte, asesinato de una criatura no nacida y la portación y uso de un arma de fuego mientras se cometía un delito. La Fiscalía federal notificó que el caso de Verdejo es elegible para una sentencia de pena de muerte, pero estos no han indicado si solicitarán dicho castigo al Departamento de Justicia federal.
