La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes inició este miércoles el proceso de vistas públicas para evaluar el proyecto de ley que permitiría al tribunal ordenar la extensión del ingreso involuntario de un paciente en una institución de salud mental, incluyendo el pago por los servicios de salud de parte de las aseguradoras.
El Proyecto de la Cámara 756, radicado por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), enmendaría la Ley 408-2000 de Salud Mental. Bajo las disposiciones del estatuto, el ingreso involuntario de un paciente no podrá exceder de 15 días y el tribunal debe contar con la certificación de un psiquiatra, en conjunto con el resto del equipo de profesionales de la salud.
La Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) rechazaron el lenguaje contenido en la propuesta legislativa, aunque no objetaron la finalidad que persigue la medida. Una de las razones principales que presentaron para no endosar el proyecto es la implicación de una violación a los derechos del paciente, pues los jueces no tienen facultad para ordenar la continuación de una hospitalización involuntaria.
“La propuesta legislativa permitiría que el tribunal, después de ser notificado de una determinación de alta, tenga discreción para mantener ingresada a una persona de manera involuntaria sin evidencia médica o clínica que lo justifique, y sin establecerse qué criterios clínicos utilizaría el juez para emitir su determinación”, señaló la OAT en una ponencia firmada por el director administrativo Sigfrido Steidel Figueroa.
El juez mencionó que la medida no provee un término específico de la extensión involuntaria que podría hacer el tribunal, ni establece que en la celebración de la vista la persona esté debidamente representada por un abogado como establece la ley.
La ASES coincidió en que los jueces no son proveedores ni facultativos médicos que puedan ultimar sobre servicios médicamente necesarios, según definido en el plan de salud gubernamental Vital. “Tenemos serias reservas a la posibilidad de que Medicaid pueda pagar por estadías no estrictamente fundamentadas en necesidad médica y fuera de la jurisdicción de los tribunales”, dijo el director ejecutivo Jorge Galva.
El licenciado resaltó que la aprobación de la medida representaría un incremento en las finanzas del plan Vital que podría ser de “proporciones exorbitantes” debido a la incertidumbre en cuanto a la extensión de la estadía hospitalaria. “No estamos presentando una objeción a la finalidad que tiene el proyecto. Nuestra objeción no es a la idea, es al lenguaje”, indicó Galva.
Mientras, la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) apoyó la medida, pero condicionado a que la comisión cameral, presidida por la representante Sol Higgins Cuadrado, acoja las recomendaciones en el lenguaje. A las preocupaciones de los deponentes se unieron los representantes Mariana Nogales Molinelli y Denis Márquez Lebrón, quienes destacaron que el proyecto de ley “no es implementable” porque representa un “problema grave de violación” a los derechos del paciente. Los legisladores argumentaron sobre la necesidad de que el paciente cuente con una debida representación legal y que el gobierno implemente un sistema de salud universal para garantizar más espacios de tratamientos psiquiátricos.
“Los jueces no pueden hacer una determinación de salud mental porque eso está fuera de sus capacidades. Esta medida no es implementable”, denunció Nogales Molinelli al mencionar que ocurren casos de Ley 408 como resultado de problemas intrafamiliares contra una persona que no es paciente de salud mental. “Es importante que los tribunales le garanticen a la gente el debido proceso de ley”, agregó la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
Por su parte, Márquez Lebrón invitó a los autores del proyecto a “repensar” la propuesta legislativa. “Claro que tiene que haber un proceso para la gente que debería mantenerse en el hospital, y el hospital los saca y el plan médico los saca para no tener que pagar. Pero eso no se resuelve violentando derechos constitucionales y legislando de esta forma”, manifestó el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Hospitales apoyan el proyecto de ley
Pese a las inquietudes que surgieron en la vista, el sistema de salud que integra el Hospital Panamericano expresó su apoyo a la medida al afirmar que atendería un asunto que por muchos años ha afectado tanto a los pacientes como a sus proveedores.
“Creemos que, si dentro del criterio del juzgador de los hechos está ordenar que el individuo permanezca bajo el cuidado de la institución, su plan médico o el pagador que aplique debe cubrir los costos de toda hospitalización involuntaria que sea ordenada por el tribunal”, destacó Astro Muñoz, CEO del Hospital Panamericano.
Según datos ofrecidos por el licenciado, en el 2020 hubo un total de 3,586 días de cuidado en instituciones especializadas denegados, de los cuales el 38% fue debido a procedimientos en los tribunales. El impacto económico para el Hospital Panamericano por las denegatorias fue de cerca de $800 mil.
Además, destacó que en Puerto Rico no existe el ofrecimiento de transición de los pacientes desde los hospitales a niveles menos restrictivos de cuidado, lo cual permitirá que personas que padecen de condiciones de salud mental puedan vivir fuera del ambiente institucional. El motivo principal, según Muñoz, es la falta de pago por estos servicios en momentos en que la demanda continúa en aumento.
“Los hospitales estamos dispuestos a continuar cuidando a nuestros pacientes y hasta desarrollar otros niveles de cuidado. Si los pagadores, los planes médicos, nos sentamos todos los responsables por ese paciente, estoy segura que soluciones vamos a encontrar”, aseveró la directora ejecutiva del Hospital San Juan Capestrano, Marta Rivera, quien igualmente avaló el proyecto.
El Colegio de Médicos Cirujanos, por otro lado, no endosó la pieza legislativa al asegurar que la propuesta ya está contemplada en la Ley 408 “con todas las formalidades necesarias”. Sin embargo, el presidente Víctor Ramos Otero favoreció la enmienda que faculta al tribunal a ordenar a la aseguradora que cubra el costo de los servicios de salud mental.
El doctor sugirió que se incluya en la redacción de la medida el pago de servicios de salud mental requeridos por el paciente para su defensa.
Higgins Cuadrado reconoció un consenso para enmendar el lenguaje de la medida y requirió las recomendaciones de los citados para mejorar el alcance.
“Un proyecto como este, que pueda beneficiar la salud mental en Puerto Rico, para mí es primordial”, subrayó la representante del Partido Popular Democrático (PPD). “La Comisión de Salud está a la disposición de poder atender todas estas situaciones que enfrenta el país con la sensibilidad que realmente merece. Es una situación crítica”.
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