La exsecretaria del Departamento de Educación Julia Keleher anticipó hoy que se declarará culpable luego de haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía federal que tendría el efecto de resolver las acusaciones criminales en su contra.
“Se le informa a este Honorable Tribunal que la acusada y el gobierno han alcanzado un acuerdo lo cual resolverá ambas acusaciones criminales que están pendientes contra la imputada. La negociación requiere que la acusada se declare culpable a una ’Información’ la cual será presentada por la Fiscalía federal en este caso”, señaló la representante legal de la exfuncionaria, María Domínguez.
La abogada de Keleher, María Domínguez, asimismo, solicitó al Tribunal Federal que asigne una vista para que la acusada pueda cambiar su alegación ante los cargos que pesan en su contra. Informó que Keleher comparecerá por videoconferencia.
Una de las acusaciones federales en contra de Keleher le imputa haber cometido el delito de soborno luego de que, supuestamente, acordó ceder terrenos públicos al dueño de un complejo de viviendas. A cambio, Keleher recibiría vivir en un complejo de viviendas de lujo a un precio menor.
Esta detalla que Keleher vivió en Ciudadela pagando una renta nominal de $1 de junio a diciembre de 2018, y no informó en sus estados financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental el regalo de vivir en Ciudadela por $1, beneficio estimado en más de $20,000. Tampoco informó el bono de $12,000 como incentivo por “comprar” el apartamento de Ciudadela.
Mientras, firmó una carta de intención para ceder al desarrollador de Ciudadela 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre Rufo.
En la segunda acusación, a Keleher se le imputa unos tres cargos de fraude electrónico por un supuesto esquema fraudulento para seleccionar a una empresa. Estos cargos —similar a los presentados en el pliego original de julio de 2019— responden a la contratación de la empresa Colón & Ponce. La propietaria de esta corporación es Mayra Ponce y su hermana Glenda fungió como asistente en la oficina de Keleher. Keleher impulsó para que se otorgara el contrato a la empresa sin la celebración de una subasta. La exfuncionaria tampoco informó a la Oficina de Ética Gubernamental la existencia de un posible conflicto de interés con la empresa Colón & Ponce.
Domínguez confirmó a este medio que Keleher se declarará culpable en ambas acusaciones federales en su contra.
Las autoridades federales arrestaron a la exfuncionaria el 15 de enero del 2020.
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