A solo una semana de comenzar a operar el sistema eléctrico de Puerto Rico, el 1 de junio, a LUMA Energy le faltan todas las aprobaciones del Negociado de Energía que tuvo que solicitar como requisito del contrato, denunció la coalición de organizaciones propulsoras de la propuesta energética Queremos Sol. El grupo rechazó que se imponga al país la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de forma atropellada sin haber siquiera recibido las aprobaciones dispuestas.
Específicamente, el Negociado mantiene sin aprobar el presupuesto inicial de la empresa, su plan de remediación del sistema, principios para la operación del sistema y métricas de rendimiento. Tampoco ha tomado determinación sobre la cláusula de exoneración de responsabilidad solicitada por LUMA. De hecho, hoy se celebran vistas públicas sobre esta cláusula de exoneración de responsabilidad, pero no ha habido participación ciudadana.
El contrato establece estas aprobaciones como condiciones precedentes a la puesta en vigor del contrato, aunque la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y LUMA pueden acordar omitir estos requisitos.
“Es muy preocupante que LUMA tomaría el control del sistema sin presupuesto aprobado y sin ninguna confirmación independiente de que está preparada para operar el sistema”, dijo Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la organización CAMBIO y una de las portavoces de Queremos Sol. “Además, las vistas del Negociado han levantado cuestionamientos importantes sobre el presupuesto y los ahorros propuestos por LUMA, así como su propuesta cláusula de exoneración de responsabilidad, entre otros asuntos”, añadió.
Vila Biaggi destacó que, durante las vistas del Negociado de Energía sobre el presupuesto inicial propuesto por LUMA, un portavoz de la empresa explicó que las “eficiencias” incluidas en el presupuesto de la compañía (más de $100 millones para el año fiscal 2024) no precisan iniciativas específicas de ahorro. Al contrario, las eficiencias fueron calculadas para llegar a un presupuesto que no aumentaría la tarifa. “Esto no da garantía alguna de que LUMA podrá lograr esos ahorros y por ende que no suba la tarifa”, afirmó.
Por su parte el licenciado Pedro Saadé señaló también que el plan para responder a emergencias (“emergency response plan”) presentado por LUMA contradice las declaraciones públicas de la empresa de que la falta de celadores no será un problema. Su plan admite que la llegada de brigadas de refuerzo desde Estados Unidos puede retrasarse si un desastre provoca daños a los sistemas de transportación. “Todos recordamos el retraso en la llegada de asistencia después del huracán María debido a los retos de transportación y logísticos. Y aunque el plan de emergencias de LUMA reconoce esa realidad, siguen diciendo que es suficiente tener solamente 250 celadores con experiencia en pleno inicio de la temporada de huracanes”.
“LUMA no ha demostrado que está preparada para tomar las riendas del sistema eléctrico la semana que viene”, advirtió Federico Cintrón, director ejecutivo de El Puente y miembro de Queremos Sol.
La coalición Queremos Sol reclama a la legislatura que pase por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi a la Resolución Conjunta de la Cámara 88, que retrasaría la implementación del contrato hasta enero de 2022, después de la temporada de huracanes, danto oportunidad para atender las crasas deficiencias de este esquema de privatización.
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