Un día después de vetar otro proyecto legislativo, el gobernador Pedro Pierluisi volvió a tronar contra la Cámara de Representantes y su presidente, Rafael “Tatito” Hernández, por el condicionamiento de los dos nombramientos que deben contar con el aval de ese cuerpo.
“Esto es una cuestión de principios. Aquí tienen que votar a base de los méritos personales de (el secretario designado de Estado) Larry Seilhamer. No deben estar atando el voto de Larry Seilhamer, por ejemplo, a una reforma de ley electoral que ni tan siquiera han dilucidado, que no sabemos ni siquiera qué van a enmendar. Es una locura, cómo vas a atarlo a eso, y al mismo caso de (el contrato de) Luma tampoco, porque a fin de cuentas es un contrato que se otorgó y aprobó por el gobierno antes de que comenzara esta administración”, señaló Pierluisi en una conferencia de prensa que llevó a cabo hoy en la sede del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
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Ayer, el presidente cameral manifestó su indignación luego de que Pierluisi vetara el Proyecto de la Cámara 500, que buscaba “vindicar y restablecer las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa de confeccionar y aprobar el Presupuesto General, diseñar el esquema de departamentos ejecutivos, así como revertir cualquier claudicación de su deber constitucional de velar por la sana administración del sistema democrático de gobierno”.
En sus expresiones a la prensa, el primer ejecutivo reiteró los motivos para el veto, que incluyen la postura de que el proyecto atentaba contra las disposiciones que la Ley Promesa establece para las aprobaciones de los presupuestos.
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Hoy, Hernández recalcó su rechazo a las acciones ejecutivas de Pierluisi y subrayó que tanto Seilhamer como el contralor designado, Manuel Torres Nieves, serían colgados en el cuerpo legislativo por decisión del caucus de mayoría del Partido Popular Democrático (PPD).
Anteriormente, la confirmación de Torres Nieves había estado condicionada a que Pierluisi diera paso a una resolución conjunta que ordenaba posponer, hasta enero de 2022, el momento en que el consorcio Luma Energy asumiría el control de la red de transmisión y distribución eléctrica. El gobernador vetó esa medida.
“No hay manera de respetar el sistema de peso y contrapeso cuando el gobernador no adelanta las causas del país”, dijo Hernández esta tarde en una rueda de prensa tras el caucus popular.
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Las enmiendas al Código Electoral, de las que en teoría dependía la confirmación de Seilhamer, penden de un hilo, toda vez que el proyecto que fue aprobado en la Comisión cameral de Asuntos Electorales cuenta con el rechazo de todas las delegaciones de minoría. En el Senado, el PPD no tiene la mayoría absoluta requerida para avanzar legislación.
“Yo espero que voten de acuerdo a su conciencia. Que voten individualmente. Lo que sucedió con el Departamento de Educación y la designada (Magaly Rivera Rivera) se vio malísimo. Fue un voto en bloque a propósito en esa designación. En las demás votaron individualmente. Ese fue un voto en bloque para obstruir, para impedir que asumiera el cargo. Espero que eso no vuelva a suceder”, dijo Pierluisi.
Designaciones esperarán a julio
Si la Cámara procediera a rechazar a Seilhamer, Pierluisi admitió que el nombramiento de un secretario en propiedad probablemente esperaría al receso legislativo de julio. Lo mismo ocurriría con las jefaturas del Departamento de Educación y el Negociado de Bomberos, cuyos nominados, Rivera Rivera y Javish Collazo, respectivamente, fueron colgados la semana pasada.
“Ya lo que resta es como un mes de la sesión y tienen muchos asuntos que atender, muchos proyectos de ley pendientes de aprobación, el mismo proceso presupuestario en curso. Pudiera hacer uno que otro nombramiento adicional pero hay tantos todavía pendientes de trámite que lo más probable es que sean muy pocas las designaciones que haga. Más bien las haría luego de que concluya la sesión”, anticipó.
De ser nombrados durante el receso legislativo, los designados podrían asumir el cargo de inmediato, aunque igualmente deberían ser aprobados durante la siguiente sesión legislativa, que concluye en noviembre.
En el caso de Torres Nieves, por no tratarse de un cargo de la rama ejecutiva, no asumió la posición de contralor, pero su designación igualmente expira el 30 de junio.
