Mientras el Negociado de Energía (NEPR) considera la petición de Luma Energy para quedar exento de responsabilidad legal ante potenciales daños provocados por desperfectos en el sistema eléctrico, el presidente del consorcio, Wayne Stensby, insistió que se trata de una cláusula de uso común en jurisdicciones estadounidenses que tiene el objetivo de evitar “litigios innecesarios” y aumentos en las tarifas.
Stensby, igualmente, estableció una distinción entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que carece de un relevo similar, y el consorcio estadounidense-canadiense, que desde el martes próximo tendrá en sus manos el frágil sistema de transmisión y distribución de energía en el país.
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“Según nos movemos de una corporación pública en bancarrota que, para ser honestos, la gente dejó de demandar hace mucho tiempo, porque no hay ningún beneficio, a una organización recapitalizada, va a crear oportunidades de litigación innecesaria. Por eso es estándar que las utilidades en Estados Unidos tengan este tipo de relevo”, subrayó Stensby a preguntas de los medios.
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Stensby, además, puntualizó que el contrato entre Luma Energy, la AEE y la Autoridad de Alianzas Público Privadas ya contempla el relevo de responsabilidad que ahora se encuentra ante el NEPR, por lo que el ente regulador solo debe ratificarlo.
Sin embargo, ni Stensby ni la secretaria de la Gobernación, Noelia García, abundaron sobre las posibles repercusiones legales de que el NEPR denegara el pedido de Luma Energy, incluyendo potenciales apelaciones en el foro judicial.
“Toda decisión del negociado es en el mejor interés del consumidor”, afirmó García, durante una conferencia de prensa en la que sobre una decena de jefes de agencias discutió la preparación para la temporada de huracanes, que inicia precisamente el 1 de junio.
No obstante, el NEPR fue una de las entidades que avaló el contrato de Luma, firmado en junio de 2020.
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Stensby, en tanto, señaló que la evidente vulnerabilidad de la red que la empresa administrará es un motivo adicional para que el NEPR conceda la dispensa, que, en esencia, prevendría que Luma Energy fuera susceptible a demandas por parte de abonados o entes afectados por daños provocados por averías en el sistema de electricidad.
“La intención de relevo de responsabilidad en los términos de servicio es para mantener las tarifas de los clientes bajas y prevenir la litigación innecesaria. La utilidad, al día de hoy, es sumamente vulnerable. No se trata de proteger a Luma, sino de proteger a los clientes. Creo que eso es muy importante y, como dijo la secretaria de la Gobernación, el NEPR adjudicará”, señaló el principal oficial ejecutivo.
La amenaza de un aumento tarifario ocurre a pesar de que, por meses, tanto Luma Energy como el gobierno han prometido que por los primeros tres años del contrato el consorcio no solicitará al NEPR incremento alguno.