La Autoridad de Edificios Públicos (AEP), con 757, es la instrumentalidad pública que más empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recibirá a partir del 1 de junio, cuando Luma Energy quedará a cargo de las operaciones de transmisión y distribución de energía en el país.
A base de los datos provistos por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh) del gobierno, la AEP estaría acogiendo a poco más del 20% de los empleados de la AEE que, hasta el 20 de mayo, no habían renunciado a sus puestos, ya fuera para aceptar una oferta de trabajo con el consorcio privatizador, jubilarse o tomar otro rumbo profesional.
En total, las agencias del gobierno y corporaciones públicas deberán hacer espacio y separar presupuesto para 3,725 empleados que saldrán de la AEE en los próximos días, aunque la cifra todavía pudiera reducirse si se producen renuncias adicionales antes del 1 de junio. La oficina de prensa de la Oatrh detalló que la cantidad original de empleados transferidos sería de 4,213, previo a contemplarse las renuncias. A base de esa información, hasta el 20 de mayo se habrían producido unas 488 renuncias.
El universo de 4,213 trabajadores no incluye a los empleados del sistema de generación de la AEE, que por el momento no ven sus funciones afectadas, ni los empleados del Sistema de Retiro de la corporación pública. Asimismo, los empleados de confianza de la AEE “no están sujetos a movilidad hasta tanto no se reinstalen” a sus puestos de carrera.
Otras agencias y corporaciones públicas que recibirán sobre un centenar de trabajadores de la corporación pública incluyen al Departamento de Transportación y Obras Públicas (685), el Departamento de Salud (250), Autoridad de Puertos (203), la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (174), la Administración de Servicios Médicos (144), el Departamento de la Vivienda (115), el Departamento de Educación (109) y el Departamento de Hacienda (103).
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo, quien fue reubicado a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción –agencia receptora de 14 empleados de la AEE– dijo a Metro más temprano esta semana que las transferencias no parecían tener ninguna racionalidad.
“No hay nada racional. No hubo ninguna evaluación. Fue algo protocolar para cumplir con la notificación. El gobierno en lo absoluto evaluó expedientes para cumplir con la Ley 8 (de Empleador Único)”, dijo el líder sindical, quien informó que, en su caso, fue asignado a trabajos de “conservación” en la Assmca.
“No tengo idea qué funciones hace”, añadió sobre su asignación.
El gobernador Pedro Pierluisi reconoció esta semana que el proceso de transferencias a otras entidades gubernamentales conllevaba generaba “ansiedad” entre los trabajadores.
“Pero que estén tranquilos, que se les va a mantener su paga y beneficios”, dijo el mandatario en una rueda de prensa el martes.
Se estima que para cubrir los salarios y beneficios de los empleados que trabajarán en otras agencias, el gobierno deberá presupuestar hasta $120 millones para el año fiscal 2022. Los fondos no están incluidos en los borradores de presupuesto que han desarrollado la Junta de Control Fiscal ni el componente fiscal del ejecutivo.
“El presupuesto está en construcción. Podemos garantizar que todos y cada uno de esos sueldos van a estar contemplados en el presupuesto”, indicó ayer la secretaria de la Gobernación, Noelia García, quien sostuvo que “no necesariamente hay que recortar” en otras áreas para sufragar ese gasto.
“Las partidas de salarios, que integraban también unos recortes, en términos de lo que son las partidas de ‘wages’ (sueldos), al no recortarse dan para cubrir muchos de esos sueldos. En caso de que se tuviese que aumentarse el presupuesto, en alguna partida de una agencia, se hará. Cada uno de esos puestos está garantizado. Coincidimos la Legislatura, la Junta de Control Fiscal y la rama ejecutiva, esto va a ocurrir”, enfatizó la funcionaria.
