La culminación del proceso de transición para que el consorcio privado Luma Energy asuma la operación del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras divisiones de la corporación pública, lanza al país a un escenario de incertidumbre, pese a las constantes garantías que públicamente se han ofrecido desde la administración del gobernador Pedro Pierluisi y la propia compañía.
“No tenemos tan siquiera aprobado ni lo que van a ser los trámites operacionales de Luma. Eso, al igual que las métricas (de desempeño), todavía está bajo evaluación del Negociado de Energía. Así que vamos a tener, posiblemente, un operador comenzando el 1 de junio al cual no sabemos a qué se tiene que atener, desde el punto de vista de los específicos. Dada la falta de claridad, yo, como cliente, no sé a qué atenerme el 1 y 2 de junio y la mayoría de los clientes, si no la totalidad, deben estar en la misma posición”, sostuvo la ingeniera Ingrid Vila, una de las portavoces de las organizaciones Cambio PR y Queremos Sol, que impulsan la transformación del modelo energético a uno basado en fuentes renovables.
Además de las métricas y los términos de servicio, el Negociado de Energía aún tiene ante su consideración la aprobación del presupuesto inicial solicitado por Luma, que asciende a unos $1,833 millones, incluyendo $625 millones para las operaciones del sistema de transmisión y distribución y $774 millones para mejoras capitales. Estos fondos son adicionales a la tarifa fija y bonos que Luma recibirá como parte del contrato, y que a partir del cuarto año pueden ascender, de forma combinada, a $125 millones.
Vila, una exsecretaria de la Gobernación, hizo un llamado al Negociado de Energía a solicitar la posposición de la entrada en vigor de esta segunda fase del contrato de privatización de la red eléctrica.
Pese a repetidas peticiones de Metro, ni el director ejecutivo de la AEE, Efran Paredes, ni el principal oficial ejecutivo de Luma Energy, Wayne Stensby, estuvieron disponibles para entrevista.
Estudio anticipa beneficio económico
Pese a las dudas que prevalecen sobre la capacidad de Luma Energy para asumir de inmediato –justo al comienzo de la temporada de huracanes– las operaciones de transmisión y distribución energética, un estudio de la firma Inteligencia Económica, del economista Gustavo Vélez, concluyó que la transición generará una serie de beneficios económicos al país. Entre ellos, el estudio mencionó que la “optimización” del uso de más de $10,000 millones federales para la modernización del sistema permitiría la creación de “hasta 100,000 empleos en un periodo de seis a 10 años”.
“El éxito de la transformación del actual modelo será esencial para apoyar la recuperación económica de la isla durante la próxima década. Los consumidores, comerciantes y el país en general serán los grandes beneficiados de esta transformación”, subrayó Vélez, quien presentó los hallazgos esta semana.
A pesar de que se solicitó la información, al cierre de esta edición los organizadores de la presentación del estudio no habían indicado quiénes conforman ni cuánto dinero invirtió el grupo “Boricuas por un Mejor Futuro”, organización que presentó el análisis.
Vila, por su parte, mostró preocupación sobre la falta de garras que tiene el gobierno para garantizar que Luma Energy, como administrador de la red, no representará un obstáculo para los objetivos de generación de energía mediante energía renovable que se establecen en la Ley 17-2019. Específicamente, la ley estipula que para el 2022 Puerto Rico generará el 20 % de su energía mediante fuentes renovables, proporción que se debe elevar a 40 %, 60 % y 100 % para el 2025, 2040 y 2050, respectivamente.
“El contrato dispone que (Luma) tiene que cumplir con la ley. Pero con la ley ha tenido que cumplir la AEE también, y el resultado es que hasta ahora no se ha cumplido con ninguna de las metas. No podemos esperar nada distinto cuando a ese contrato no se le pusieron garras para que hubiesen consecuencias en caso de que Luma no alcanzara las metas de energía renovable”, planteó la ingeniera.
A pesar de que Luma Energy no estará encargada de la generación de energía, Vila sostuvo que el consorcio –compuesto por las compañías Quanta Services y ATCO– sí tiene en sus manos la implementación del Plan Integrado de Recursos.
En ese sentido, Vila resaltó la urgencia de que el gobierno federal, tanto por vía congresional como ejecutiva, busque garantizar que el uso de los fondos federales asignados fomenten la transición hacia un modelo de generación de energía más limpio.
El futuro de los empleados
Si bien de momento se desconoce la cifra exacta de empleados de la AEE que aceptaron ofertas de Luma Energy, el líder de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, calificó el proceso de reubicación de trabajadores en agencias gubernamentales como un “desmadre”.
“No hay nada racional. No hubo ninguna evaluación. Fue algo protocolar para cumplir con la notificación. El gobierno en lo absoluto evaluó expedientes para cumplir con la Ley 8 (de Empleador Único). Todo eso es parte de las apelaciones”, dijo.
Según Figueroa Jaramillo, entre la matrícula del sindicato “más de 2,000” miembros ya tramitaron o se encontraban en el proceso de apelar sus reasignaciones ante la Junta Reglamentadora de Servicio Público.
Análisis: Federico De Jesús
Analista político y consultor
¿Cómo se percibe el contrato de Luma Energy en la capital federal?
—Hubo consenso entre los republicanos, por los acontecimientos que llevaron al verano del 2019, de que no había manera de entregar $11,000 millones federales a una corporación en el estado de la AEE. Los demócratas lo ven como que esa mentalidad de la administración de Donald Trump y los republicanos tiene un propósito siniestro, que desde su punto de vista es para sacar a las uniones de la AEE e imponer la visión en contra de la energía renovable y modernizar la autoridad.
La administración de Joe Biden por ahora lo está tratando como un tema local, pero eventualmente va a tener que meter mollero para velar que el dinero se use de acuerdo a las políticas de su gobierno.
¿El apoyo al contrato de la Junta de Control Fiscal y La Fortaleza está atado a la postura que prevalece en Washington D.C.?
— La Junta tiene constante comunicación con los comités de jurisdicción en el Congreso y otros congresistas que tienen interés. Creo que esa visión de la Junta es reflejo de la composición de mayoría republicana y de quienes los nombraron desde el Congreso y de la Casa Blanca, en el caso de Justin Peterson. Todo está interrelacionado y fue lo que le dio la excusa a Trump para entregarle esto a intereses corporativos cercanos a él, incluyendo el excabildero de la AEE, Chris Christie, quien fue presidente de su equipo de transición.
Considerando que Luma se encargaría de administrar miles de millones de dólares federales, ¿habría ambiente en el Congreso para enmendar el contrato?
— No he visto movimiento en esa dirección. Creo que un Senado 50-50 haría bastante fácil que los republicanos bloquearan una iniciativa como esa. La exsecretaria de la Gobernación Ingrid Vila le sugirió a Raúl Grijalva que se condicionaran las ayudas a que se enmendara el contrato de Luma. Si el Congreso, bajo la cláusula territorial, pudiera tener la autoridad de cancelar u ordenar modificaciones está por verse. Que las enmiendas vayan a suceder, por ahora no se ve que sea el camino que vayan tomando el Congreso ni los tribunales.
