El Departamento de Salud, en voz de su directora de licenciamiento y disciplina médica, Norma Torres Delgado, anunció que no se opone al Proyecto de la Cámara 768 que prohibiría que menores de edad sean sometidos a tratamientos hormonales o cirugías “para construir la identidad de género”.
Las expresiones forman parte de la ponencia que ofreció la agencia durante las vistas públicas que celebró hoy, jueves, la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes.
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En la vista, presidida por la representante del partido Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, Torres Delgado argumentó que no es necesario enmendar la “Ley de Consentimiento por Representación para Tratamiento Médico no Urgente a Menores de Edad”, dado a que la medida prohibiría que al médico realice al procedimiento.
“El Departamento de Salud no se opone a la aprobación del P. de la C. 768, pero sí entendemos que no hace meritorio enmendar la ley número 139, por lo que se trata de añadir a la ley, como cuerpo legislador, es una prohibición a la realización por parte de algún médico… de algún procedimiento quirúrgico o tratamiento”, expresó la funcionaria durante su ponencia.
No obstante, Torres Delgado solo recibió una pregunta de la representante Burgos Muñiz, relacionado a cómo la agencia actuaría en el caso de que un médico viole la disposición actualmente vigente que pide el consentimiento de las personas con patria potestad para que menores puedan recibir tratamientos médicos no urgentes.
“La junta tiene que la capacidad de recibir quejas. Esas quejas se revisan y la junta determina si se convierte en un querella formal. De esta manera se lleva a cabo un proceso cuasi judicial con el profesional donde tiene la oportunidad de exponerse mediante el proceso de ley”, contestó.
Según la deponente, Salud recibe unas 200 quejas al año. De estas, en promedio, casi el 100% de las querellas formales conllevan una acción de la junta que supervisa esto.
Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, expresó en su ponencia que, tal y como la medida está escrita, la agencia no puede avalarla y argumento que la política pública del Gobierno de Puerto Rico “no puede fomentar legislación que vulnere derechos y/o constituyan una intromisión en el derecho de la patria potestad de los padres”.
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“El asunto debe verse caso a caso y no como un asunto punitivo. Dar paso a que se prohíba que un ser humano escoja ver y sentirse de acuerdo con su identidad so pena de que ello constituye maltrato o negligencia, vulnera uno de los derechos más fundamentales de nuestra Constitución en cuanto a que la dignidad del ser humano es inviolable y todos somos iguales ante la ley”, expresó la secretaria mediante declaraciones escritas.
“El Estado esta llamado a hacer un balance de derechos en la promoción de los valores
que permitan una convivencia fundamentada en el respeto a la dignidad humana. La
protección contra el maltrato y negligencia no puede ir atada de violar la dignidad de un
ser humano de acuerdo con su identidad de genera. No existe fundamento psicológico
que establezca que fomentar la identidad de genera en un menor de edad sea elemento
constitutivo de maltrato”, concluyó en su ponencia.
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