Con múltiples cabos que permanecen sueltos, incluyendo varios bajo consideración del Negociado de Energía (NEPR), el consorcio Luma Energy asumió desde hoy las operaciones de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, así como control sobre las oficinas de servicio al cliente.
Ayer, a pocas horas de completarse la transición, Luma anunció mediante un comunicado que cinco de las oficinas de servicio al cliente estarían cerradas, incluyendo dos –Cabo Rojo y Lares– cuyo cierre sería permanente. Los cierres de las oficinas comerciales de Monacillos, Vieques y Culebra, se indicó, son de carácter temporero.
Desde la perspectiva de los abonados, otro de los cambios más perceptibles será la forma de acceder y cumplir con el pago de sus factores, que desde ahora se realizará a través del portal lumapr.com, donde igualmente podrán reportarse las averías en el servicio, en lugar de en la página web de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
De igual forma, la línea telefónica de servicio al cliente ahora será al número 1-844-888-5862, aunque aquellas llamadas al antiguo número de la AEE serán redirigidas de forma automática. Según Luma, los clientes podrán continuar realizando los pagos desde las instituciones bancarias donde acostumbran a hacerlo.
Si bien la privatización de la transmisión y distribución de energía eléctrica –mediante un contrato de operación y mantenimiento que se extiende por 15 años– ha tenido como pretexto las mejoras en el servicio de lo que por décadas ha sido un sistema altamente deteriorado, ni Luma Energy ni el gobierno han podido explicar en detalle de qué manera el consorcio podrá concretar el trabajo para el que la AEE fue incapaz. Mucho menos se ha dado a conocer sobre la estrategia de Luma Energy para cumplir con los objetivos de la política pública energética que establece la Ley 17-2019, que incluye unas agresivas metas de generación de energía renovable que van desde un 20% en 2022 hasta el 100% en 2050.
Luma Energy sí tendrá a su disposición más de $10,500 millones asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, así como otros $1,900 millones del programa de subvención en bloque para desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR) para rehacer la red eléctrica, unas cantidades pocas veces vistas en Estados Unidos.
Sin embargo, expertos en el tema energético y sectores que impulsan la transición de Puerto Rico a un modelo de generación mediante energía limpia albergan serias dudas sobre las intenciones de Luma Energy con esa avalancha de fondos federales.
“Luma y sus (matrices) han dicho que tienen interés y piensan participar en proyectos de reconstrucción de la red eléctrica”, dijo Ruth Santiago, miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, durante un foro virtual que organizó ayer el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“La misma compañía, prácticamente, va a licitar y puede recibir los fondos, lo que representa mal manejo de esos fondos para beneficiar a Quanta (Services) y ATCO. Eso crea preocupación para personas en el Congreso y agencias del gobierno federal que están intentando tener buen manejo del erario federal. Se ve que ha habido cuestionamientos de esos congresistas (Raúl Grijalva y Nydia Velázquez) y otros, y me parece en otras oficinas del gobierno federal se está cuestionando este control que tendría una compañía privada”, añadió la veterana líder comunitaria, mencionando a las compañías matrices de Luma.
En el mismo foro, el ingeniero eléctrico Lionel Orama cuestionó la capacidad de Luma Energy para responder a un potencial huracán de categoría mayor, como lo fue el huracán María hace cuatro años.
“Después de María se restableció el sistema, pero por la prisa y el manejo de fondos el sistema no quedó restablecido como debe ser para la mejor operación. Podemos decir que hay un poco más de materiales (que previo a María) para una reconstrucción, como indican las fuentes oficiales. Pero si vuelve a pasar un huracán categoría 3, 4 o peor, el sistema va a sufrir otra vez y habrá mucha gente que se va a quedar sin energía por mucho tiempo”, sostuvo el catedrático de ingeniería en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.
En una conferencia de prensa el domingo, el principal oficial ejecutivo de Luma Energy, Wayne Stensby, señaló que el consorcio ha finalizado la contratación de 350 celadores de línea en la isla. Anteriormente ha insistido que, en caso de emergencia, importarían celadores de sus matrices en Norteamérica y mediante acuerdos con otras utilidades en Estados Unidos y el Caribe.
“La preocupación de todos mis colegas es cómo va Luma a trabajar este asunto si tiene la mitad de los celadores, que ya eran pocos, porque la autoridad tenía pocos celadores”, señaló Orama.
Orama también expresó preocupación sobre las métricas que servirán para evaluar el desempeño de Luma Energy y determinarán si obtiene hasta $20 millones anuales en bonos de rendimiento. Según Orama, las métricas establecidas en el contrato, todavía sujetas a aprobación final por el NEPR, no son suficientes para incentivar a Luma a colocar la red eléctrica al estándar de los sistemas en los Estados Unidos. A partir del cuarto año, Luma Energy recibirá un pago fijo de $105 millones, además de reembolsos por la mayoría de los gastos en que incurra, como parte del contrato que totalizará sobre $1,500 millones.
El NEPR, al cierre de esta edición, no había aprobado el presupuesto con el que Luma Energy operaría hasta finales del año fiscal 2024, toda vez que aún evalúa la propuesta de $1,833 millones para ese periodo que sometió el consorcio. Asimismo, tiene pendiente de adjudicación la solicitud para ratificar la cláusula incluida en el contrato que, en esencia, concedería a Luma y sus miembros inmunidad ante reclamaciones por daños.
El contrato de Luma Energy, del que son partes la AEE –como dueño de los activos– y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas –en carácter de administrador del contrato–, fue avalado por un Comité de Alianza al que perteneció Edison Avilés, presidente del NEPR y a quien se le ha señalado por ese aparente conflicto de interés ante la transacción que ahora es responsable de evaluar.
“Toda corporación debe tener una responsabilidad innata sobre los trabajos o servicios que está ofreciendo. La propia AEE gasta como $20 millones (anuales) en seguros para asegurar su propiedad, trabajos y empleados, tanto en la ejecución de su función como (en caso) que algún equipo, ante falta de mantenimiento, utilización o reconstrucción de líneas, pueda hacerle daño a un tercero. Entiendo que el Negociado va a tener que pronunciarse en algún momento y entiendo, como Ruth, que debe denegarse ese tipo de petición”, subrayó en el foro del CPI Francisco Rullán Caparros, exdirector de la Oficina Estatal de Política Pública Energética, al añadir que el NEPR ya ha recibido cientos de comentarios en su portal en rechazo a la cláusula de inmunidad.
Stensby, públicamente, ha argumentado que la cláusula serviría para proteger a los clientes, en el sentido de que permitiría mantener tarifas más bajas ante la ausencia de riesgo de tener que separar dinero para pagar potenciales indemnizaciones.
