La Junta de Control Fiscal (JCF) lleva cinco años de recortes a servicios esenciales sin tocar el gran bolsillo de los incentivos contributivos que representan dos terceras partes (67.7 por ciento) del gasto total que afecta al Fondo General, aunque se desconoce si producen algún beneficio económico o social, concluyó un análisis de Espacios Abiertos (EA), revelado este miércoles.
El analista sénior de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots, indicó que los incentivos o gastos tributarios ascienden a $21,194 millones anualmente o una tercera parte (30 por ciento) del Producto Nacional Bruto (PNB). En ese renglón de gastos, Puerto Rico está bastante por encima de otros países y jurisdicciones. En Estados Unidos, representan el 8.8 por ciento del PNB, en Argentina el 3.0 por ciento y en estados como Massachusetts es el 2.6 por ciento.
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De los 21,194 millones de dólares, por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico deja de ingresar cada año 15,691.5 millones de dólares por tasas preferenciales (74 por ciento del total de gastos tributarios) debido a los incentivos que facilitan la Ley 135 de 1997 y la Ley 73 de 2008 “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”.
“¿Por qué recortar en servicios esenciales como educación, salud o seguridad y no evaluar el costo al fisco de todos los incentivos que se consideran un gasto para las puertorriqueñas y los puertorriqueños, y que no se conoce si rinden los resultados esperados? ¿Por qué llevan cinco años mirando para el otro lado mientras sus políticas siguen destruyendo oportunidades a los que deciden quedarse en la Isla? ¿Cuál es la doble vara y cuáles son sus prioridades? ¿Austeridad para quiénes? ¿A quién se pretende beneficiar en realidad?”, cuestionó el economista.
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Dijo que para el próximo año fiscal (2022) la Junta propuso medidas de austeridad que implican, entre otros, la reducción a la salud (5 millones de dólares en nómina del Departamento de Salud, 2 millones de dólares al Centro de Diabetes y 1.2 millones de dólares al Centro Cardiovascular), la educación (94 millones de dólares adicionales a la UPR), la seguridad (120 millones de dólares en reclutamiento de cadetes para la Policía de Puerto Rico), a servicios esenciales de los municipios (44 millones de dólares adicionales del Fondo de Equiparación) y a los pensionados (8.5 por ciento para todas las pensiones superiores a 1,500 dólares).
“La responsabilidad fiscal no debería discriminar y siempre recaer sobre los hombros de una ciudadanía a la que cada año le arrebatan un poco más de sus manos las instituciones y mecanismos democráticos que permitieron el desarrollo de los valores que forjaron la clase media de este país”, planteó el analista.
Desde mayo de 2017, Espacios Abiertos identificó la necesidad de que en Puerto Rico se divulgara el “presupuesto oculto” sobre lo que el fisco gasta o deja de ingresar en incentivos contributivos otorgados a individuos y corporaciones. Luego de requerir esa información con un pleito judicial que llegó hasta al Tribunal Supremo, en septiembre de 2019 Hacienda publicó por primera vez en la historia un informe de estos gastos, aunque no se ha actualizado. Ahora, esa parte del presupuesto ya no está del todo oculto. Sin embargo, todavía falta que se evalúe su rendimiento.
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La organización apoya que el informe sea un requerimiento de ley como ocurre en 50 jurisdicciones de Estados Unidos y destaca el modelo del estado de Oregón, que engloba en su redacción las mejores prácticas en la publicación de un informe de gastos tributarios. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se considera un proyecto de ley a esos efectos: el P. del. S.206. El propuesto estatuto tiene tres grandes objetivos: crear un informe anual sobre el gasto fiscal o gasto tributario, establecer un registro público oficial de gastos fiscales en formato de datos abiertos y analizar el retorno de la inversión económica y social de cada gasto tributario o incentivo contributivo.
La Junta sigue prorrogando los estados financieros auditados
Santamaría Ots señaló que otro de los problemas que enfrentan las finanzas públicas en Puerto Rico es el hecho de que los estados financieros auditados son obsoletos porque los más recientes son del año fiscal 2017. Ello impide que se pueda corroborar el estado real de las cuentas públicas que debería justificar la aprobación del reciente plan fiscal y la certificación del próximo presupuesto para el año fiscal 2022.
“Cada año que transcurre vemos cómo la Junta sigue otorgando prórrogas para las elaboraciones de nuevas proyecciones sobre ingresos, estados financieros auditados al día y un informe de gastos fiscales actualizado. Sin embargo, esas concesiones están ausentes cuando lo que está en juego son los servicios esenciales que rinden los municipios o la educación universitaria pública del país, entre otros”, recalcó el economista. “Se siguen dando ultimatums para algunos, pero concesiones para otros. Conceden privilegios para los que pueden cabildear por sus intereses con prestigiosos bufetes de abogados y recortes para una ciudadanía indefensa con instituciones públicas víctimas del deterioro institucional y la falta de fondos públicos a la que la Junta responde con su misma receta: más austeridad para los de siempre”.
Dijo que “este es otro año más en que la Junta, el gobierno y la Asamblea Legislativa preparan cada uno una versión de presupuesto, cuya evaluación para elaborarlo fomenta la inequidad contributiva y es altamente sesgada porque contiene una vista parcial de la realidad fiscal de Puerto Rico”.
El economista destacó que la Junta se ha limitado a hacer presupuestos que descansan en medidas de austeridad a los servicios esenciales y se ha olvidado de formular una propuesta de desarrollo económico que ayude a delinear una ruta para salir de la crisis económica y este año no se ha producido un cambio, a pesar de que hay nuevos miembros en el organismo.
Ante la certificación que emitirá la Junta el 30 de junio del quinto presupuesto recortando exclusivamente del mismo bolsillo de los servicios esenciales de las y los puertorriqueños, Espacios Abiertos recomiendó:
· Que se convierta en ley, el del P. del S. 206: “Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico”
· Actualización de los informes de gastos fiscales para los años 2018, 2019 y 2020
· Análisis de rendimiento económico y social de cada gasto fiscal: análisis costo-beneficio (ausente en el primer informe de 2019)
· Proyecciones de los gastos tributarios del gobierno de Puerto Rico para por lo menos los próximos 2 años fiscales (ausente en el primer informe de 2019)
· Incluir en el próximo informe de los gastos tributarios de los Municipios (ausente en el primer informe de 2019)
· Actualización y publicación de los estados financieros auditados para los años 2018, 2019 y 2020
Consideraciones sobre el presupuesto:
El economista explicó que, aunque la Asamblea Legislativa radicará enmiendas reasignando algunas partidas, lo hará dentro del límite de $10,112 millones presentado por la Junta el pasado 11 de mayo. Esa reasignación tendrá un efecto sobre otras partidas de gastos. Por otra parte, el presupuesto del gobernador Pedro Pierluisi muestra diferencias con el de la Junta. Las diferencias son tanto en su composición como en la cantidad, que ascendió a 10,700 millones de dólares en su primera propuesta anunciada el pasado 2 de febrero y, que después disminuyó a 10,345 millones de dólares ante el primer rechazo de la Junta. El detalle de este último presupuesto propuesto por el mandatario representa 233 millones de dólares más que el propuesto por la Junta.
