La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía presidida por el senador Javier Aponte Dalmau comenzó la evaluación de la Resolución del Senado 50, que busca investigar los procesos, legalidad y fundamentos por los cuales se aumentó .81 centavos kilovatio-hora en el costo de la energía eléctrica, según fue solicitado por la Autoridad de Energía Eléctrica y autorizado por el Negociado de Energía el pasado 31 de diciembre de 2020.
“Se radicó esta resolución porque por segunda vez en la historia, durante procesos electorales, se dejaron de hacer ajustes tarifarios con la supuesta idea de mantener el costo energético bajo durante el proceso de elecciones. Cuando supuestamente había que atenderlo”, expresó Aponte Dalmau en un aparte y quien es el autor de la medida.
Según se desprende de la exposición de motivos de la pieza legislativa “el pasado 19 de enero de 2021 se le notificó al país que, desde el 31 de diciembre de 2020, el Negociado de Energía de Puerto Rico había autorizado la solicitud de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para aumentar el costo del kilovatio-hora de 17.3 a 18.1 centavos”.
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Ante lo expuesto el senador Aponte Dalmau, estableció que la forma en que se tramitó y aprobó el referido aumento levanta serias preocupaciones sobre si el Negociado de Energía ha cumplido con su misión de lograr “un sistema eléctrico confiable, eficiente y transparente que provea servicios eléctricos a precios razonables”. Por lo que, la Comisión citó a deponer al Lcdo. Edison Avilés Deliz presidente del Negociado de Energía.
En su alocución el licenciado Avilés Deliz expresó que “a tenor con el poder delegado, el Negociado de Energía inició una investigación sobre el proceso de adquisición, compra, transportación, almacenamiento y consumo de combustible que actualmente mantiene la Autoridad”. Asimismo, enumeró los factores que se reconcilian trimestralmente para analizar la tarifa de electricidad, que son la Compra de Combustible, la Compra de Energía y los Subsidios de Combustible.
“El Negociado analiza en detalle los documentos y datos presentados por la Autoridad para determinar la diferencia entre la facturación de la Autoridad y los costos reales que tuvo por concepto de compra de combustible y de compra de energía”, puntualizó Avilés Deliz.
Con toda la información que se recopiló durante el proceso de la vista pública de hoy, el senador Aponte Dalmau aseguró que “hemos acordado con el Presidente del Negociado en buscar alternativas jurídicas, para que durante los próximos procesos electorales, ese trimestre se pueda buscar la manera en que ningún gobernante ni nadie pueda tratar de manipular las revisiones de tarifas”. Además, añadió que se le exigió al Negociado, ahora que están comenzando con LUMA Energy, que deberán ser más transparentes en el proceso administrativo que llevan para evaluar los ajustes de tarifa trimestralmente.
“Ha sido muy fructífera la vista pública, aunque demasiado técnica, y espero que tenga impacto legislativo para atender estas necesidades que hemos visto”, finalizó Aponte Dalmau.
