El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que anticipaba la determinación de la administración de Joe Biden de seguir adelante con el recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y que podría implicar que se mantenga vigente la exclusión de los residentes de Puerto Rico del beneficio del ingreso social suplementario (SSI).
“El presidente Biden tuvo que reconocer que el deber ministerial de su Departamento de Justicia, en este caso el Procurador General, es defender la constitucionalidad de las leyes de Estados Unidos. Aquí estamos hablando de la Ley del Seguro Social y de una disposición particular en esa ley causa que tengamos este discrimen los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico. El presidente Biden reconoció que esa ha sido siempre el deber ministerial o la política del Departamento de Justicia”, señaló el mandatario esta tarde en una conferencia de prensa.
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Pierluisi, sin embargo, no catalogó la decisión de mantener vivo el pleito ante el Supremo federal como un incumplimiento de la promesa de campaña de Biden de garantizar paridad a Puerto Rico en beneficios como el SSI, la asistencia nutricional (SNAP) y el Medicaid.
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En su proyecto de presupuesto presentado al Congreso hace dos semanas, Biden solicitó que se garantizara paridad a los territorios en las tres áreas.
“Él está reafirmando que quiere que recibamos ese beneficio y diciéndole al Congreso que nos incluya. Así lo incluyó en su petición presupuestaria. Él está cumpliendo su promesa en ese sentido”, sostuvo Pierluisi.
“Esta disposición es inconsistente con la política pública y valores de mi administración. Sin embargo, el Departamento de Justicia tiene una larga trayectoria de defender la constitucionalidad de los estatutos federales independientemente de las preferencias de política. Esta práctica es crítica para la misión del Departamento en preservar el ordenamiento jurídico. Consistente con la importancia práctica, el departamento está defendiendo la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley del Seguro Social en este caso”, manifestó Biden más temprano en declaraciones escritas, en las que igualmente reafirmó su deseo de que a los territorios estadounidenses se les incluya en programas federales como el SSI, SNAP y Medicaid.
Tras conocerse la determinación del gobierno de Biden, el presidente de la Cámara baja en Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, tronó contra el anuncio.
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“Lamentamos que el Departamento de Justicia de la administración demócrata le dé continuidad a la visión discriminatoria hacia las minorías hispanas, al decidir retomar el caso Vaello-Madero, que originalmente, fue radicado bajo la administración de Trump”, indicó el legislador, quien anticipó que someterá al Tribunal Supremo de Estados Unidos un escrito para hacer constar la posición de la Cámara de Representantes.
El caso que permanece ante la consideración del Supremo consiste de una demanda radicada por José Luis Vaello Madero, quien vivió en Nueva York del 1985 al 2013, donde recibía el beneficio del SSI por incapacidad. Al mudarse a Puerto Rico, siguió recibiendo los depósitos en su cuenta bancaria en Nueva York, pero en 2016 el gobierno de Estados Unidos inició una acción de recobro de dinero en su contra ante el Tribunal Federal de Distrito.
El gobierno federal solicitó a Vaello Madero que devolviera unos $28,081 en beneficios del SSI.
