El gobernador, Pedro Pierluisi, emitió un veto expreso al Proyecto del Senado 450 que establecía la figura del patrono sucesor para las empresas que entraran en acuerdos bajo las Alianzas Público Privadas (APP), incluyendo el contrato de LUMA Energy como operador privado en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Según el comunicado de La Fortaleza, el veto se emitió debido a que la medida “presenta un menoscabo de obligaciones contractuales y al derecho de los trabajadores, afecta el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, viola normas federales y es inconsistente significativamente con los planes fiscales certificados en violación a la Ley PROMESA”.
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El proyecto se había aprobado de forma unánime en el Senado, con algunas abstenciones, y solo con un voto en contra en la Cámara de Representantes. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) había planteado que de concretarse el veto del Gobernador, cabildearán para que los cuerpos legislativos donde hubo mayoría casi absoluta a favor de la medida se vaya por encima del veto del Primer Ejecutivo. Para ir por encima del veto del Gobernador se necesitan 2/3 partes de los votos en ambos cuerpos legislativos. Serían 18 votos en el Senado y 34 en la Cámara de Representantes.
“Específicamente, el PS 450 es inconstitucional, pues interfiere, añade obligaciones y menoscaba directamente las obligaciones contractuales entre LUMA, la AEE, la APP y sus empleados, sin justificación racional o necesidad alguna. A su vez, el PS 450 padece de vicios constitucionales al interferir con los derechos constitucionales de libertad de asociación y de organizarse y negociar colectivamente de los trabajadores que aceptaron una oferta de empleo de LUMA. Además, dicha medida tiene el efecto de afectar a unos empleados de un patrono privado al sindicalizarlos bajo una unión en particular sin tener el derecho democrático de escoger su representante sindical particular. De otro lado, la medida representa un ejercicio inválido bajo el alcance de la jurisdicción de Puerto Rico, ya que está reñida irremediablemente con legislación federal que regula y ocupa el campo de las relaciones obrero-patronales en el sector privado”, estableció el gobernador en declaraciones escritas.
A pesar de su veto, el Primer Pjecutivo reiteró que su compromiso es con los trabajadores. “Esta Administración tiene un firme compromiso de salvaguardar, reconocer, defender y respetar los derechos de todos los trabajadores. No obstante, por los fundamentos antes expuestos, le imparto un veto expreso a la medida al concluir que el PS 450 enfrenta múltiples problemas legales y constitucionales que impiden su aprobación”, agregó.
Otras medidas
Finalmente, el gobernador también estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 524 y en la Resolución Conjunta de la Cámara 71. El primero es para prohibir que se considere una violación a las condiciones de libertad a prueba o para conceder los beneficios de una probatoria, el uso de cannabis medicinal, mientras que la segunda es para reasignar al municipio de Hormigueros $431,829.93 para obras y mejoras permanentes.
