Mientras reclamaron como logros las negociaciones para atender el financiamiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR), los municipios y los programas de residencias médicas, los líderes de las comisiones de Hacienda en Cámara y Senado admitieron que el presupuesto que se aprobará en la Legislatura no contendrá partidas para aumentos salariales de maestros, oficiales correccionales ni trabajadores sociales.
De acuerdo con Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, la Legislatura no contemplará los aumentos debido a que los fondos no se incluyeron en los presupuestos recomendados por el Ejecutivo ni la Junta de Control Fiscal (JCF).
“No había el dinero para eso. No fuimos irresponsables como el señor gobernador (Pedro Pierluisi), que lo que hizo fue que trepar el presupuesto a $10,700 millones”, dijo Santa en alusión a una primera versión de presupuesto que el ejecutivo preparó en febrero, pero que, según el legislador, tampoco incluía partidas para incrementos salariales de empleados de los departamentos de Educación, Corrección y Familia.
En mayo, el gobernador Pierluisi sometió un presupuesto con cargo al fondo general de $10,345 millones, mientras que tanto la JCF como la Legislatura han trabajado a base de $10,112 millones, una diferencia de $233 millones.
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En el caso los oficiales correccionales, Santa señaló que en las vistas públicas se habló de que serían necesarios unos $15 millones adicionales para otorgar aumentos salariales.
“De Corrección yo entiendo que hubo un movimiento que hizo el señor gobernador de $15 millones para hacerle un aumento a ciertos empleados que trabajan con la seguridad. El señor gobernador no hizo el trabajo, no pudo demostrar esa partida y eso no se incluyó. Fue (un presupuesto) similar al de la Junta. Los maestros, cuando tuvimos la vista pública, ante un presupuesto de $3.2 billones, se le preguntó al señor secretario interino (Eliezer Ramos Parés) si dentro de ese cúmulo había posibilidades de aumentar el salario y él dijo que no”, subrayó Santa, al indicar que algo similar ocurrió durante la citación de la secretaria de la Familia, Carmen Ana González.
Otra área que Santa y Juan Zaragoza, presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, indicaron no sería financiada en el presupuesto que confecciona la Legislatura son los fondos necesarios para que el Departamento de Justicia cumpla con las disposiciones de la orden ejecutiva para atender la crisis de violencia de género. De acuerdo con una ponencia sometida a la Legislatura, la agencia requería $3.8 millones para contratar 104 empleados para la Oficina de la Jefa de los Fiscales conforme al decreto de Pierluisi.
“La lista de necesidades es larga. Lo que pudimos alterar del presupuesto de la Junta, que constituye nuestro presupuesto, no es perfecto. Nosotros hubiésemos querido atender de 15 a 20 necesidades en cada agencia, pero tenemos que ser realistas. Nos enfocamos en varias partidas y, a nuestro entender, es algo significativo porque por primera vez se quiebra la pared inamovible del presupuesto de la Junta, que en los pasados cuatro años se aceptaba con puntos y comas”, sostuvo Zaragoza.
Según han adelantado los legisladores, el presupuesto debe llevarse a votación en la Cámara baja este sábado, y en Senado el 18 de junio, lo que dejaría una ventana de 12 días para resolver posibles discrepancias en comité de conferencia y someter la versión final al ejecutivo y la JCF.
Reclaman logros
A pesar de que cuestionaron la utilidad de los $94 millones que esta semana Pierluisi asignó a la UPR provenientes de la ley federal ARPA, debido a las restricciones que suele tener el uso del dinero federal, Zaragoza y Santa indicaron que la versión legislativa del presupuesto inyectaría unos $163 millones al fondo dotal de la institución, que ascendería a $283 millones.
A preguntas de la prensa, Zaragoza no pudo precisar de dónde provendrían los $163 millones, más allá de indicar que se trataba de “una línea adicional” en el presupuesto.
Ante el recorte de $94 millones que la JCF ha insistido en imponer a la UPR, el primer centro docente del país habrá perdido unos $427 millones en sus asignaciones provenientes del fondo general en un periodo de cuatro años. El senador también mencionó que las deudas y acreencias de la UPR con otras agencias mantienen un balance favorable de entre $25 millones y $30 millones, que pudieran dirigirse a la institución.
A los municipios, que enfrentan un recorte de $44 millones del Fondo de Equiparación, se les asignarían partidas según una fórmula basada en los kilómetros de carretera que se encarguen de mantener. Asimismo, dijo que se separarían partidas para que el gobierno central contrate a los municipios para el mantenimiento de escuelas.
“La cantidad de fondos original del presupuesto para mantenimiento de carreteras la pudimos más que duplicar durante las negociaciones que sostuvimos con la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo Santa.
Para los programas de residencia del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, en tanto, se asignaron $15 millones adicionales de un “sobrante” del Departamento de Salud, precisó Zaragoza. Estos programas han estado en el ojo público desde que trascendió que la residencia en neurocirugía perdería su acreditación en verano de 2022.
Zaragoza, además, aseguró que la JCF autorizó el pago del bono de Navidad a empleados públicos como parte del presupuesto de nómina, un gasto que el organismo hasta ahora nunca ha aprobado al certificar sus presupuestos.
En la rueda de prensa no se precisó de dónde –más allá de un recorte global de 10% en los contratos de servicios profesionales y publicidad– provendrían los ahorros o sobrantes que permitirían aumentar ciertas partidas del presupuesto general, toda vez que la Legislatura se dispone a aprobar proyecto de gastos dentro de los parámetros establecidos por la JCF, de $10,112 millones. Tampoco se detalló en qué partidas aún prevalecen diferencias con la JCF.
De acuerdo con Zaragoza, la cuantía definitiva de los sobrantes se conocería meses después de concluir el año fiscal vigente, aunque Santa los estimó en “cientos de millones”.
“Estamos esperanzados que una vez terminemos el proceso legislativo el señor gobernador lo firme. Si vienen a ver lo que estamos haciendo no va muy distinto a lo que aparentemente el gobernador quiere y que en las conversaciones que hemos tenido con la Junta nos acepten los cambios, aunque muchos han sido hablados, y hasta que no se firma (no son definitivos) y por lo menos lograr un mejor presupuesto para el país en armonía y en acuerdo con todas las partes”, planteó Santa.
Zaragoza, sin embargo, admitió que la comunicación con La Fortaleza ha sido prácticamente inexistente desde que el gobernador sometió su propuesta de presupuesto, por lo que la comunicación con la rama ejecutiva se ha limitado a las comparecencias de los jefes de agencia a las vistas públicas.
“Si no son avalados por el gobernador y sí por la Junta, la Junta prevalece”, resumió el exsecretario de Hacienda, al reconocer que todavía no se conoce la cantidad de fondos necesaria para que las agencias del gobierno acojan a los antiguos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
