Habiéndose conocido la intención de la administración de Joe Biden de conceder paridad a Puerto Rico y los demás territorios en el financiamiento de Medicaid, la industria de la salud en la isla se prepara para asegurar que la intención se concrete mediante alguno de los posibles vehículos congresionales y reconociendo los obstáculos que pudieran surgir de aquí al 1 de octubre, cuando comienza el año fiscal 2022.
La vía más realista, coincidieron varias de las personas consultadas por Metro, sería a través del proceso de reconciliación presupuestaria que, si bien presenta ciertas limitaciones, permite aprobar medidas con mayoría simple en ambas cámaras, en lugar de requerir 60 votos en el Senado, donde tanto republicanos y demócratas cuentan con 50 legisladores.
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“Hay diferentes maneras, como a través de una ley (que elimine los topes a los que están sujetos los territorios), pero la ley tiene la problemática de que necesita 60 votos en el Senado, y eso es prácticamente imposible”, sostuvo Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales y parte del Grupo Multisectorial de Salud que conformó el gobernador Pedro Pierluisi para impulsar el tema en Washington D.C.
Puerto Rico, por ley, recibe una asignación máxima de $390 millones de Medicaid, así como un pareo federal (FMAP) de 55 % en los servicios provistos bajo la cubierta. Sin embargo, desde que se aprobó el programa Obamacare, y más adelante las asignaciones de emergencia por el huracán María y la pandemia del COVID-19, los fondos federales han cubierto gran parte de los servicios del plan de salud gubernamental, actualmente conocido como Vital.
La última asignación en bloque, aprobada en 2019, concedió unos $5,700 millones por los pasados dos años, pero esos fondos expiran al concluir el presente año fiscal, por lo que Puerto Rico se enfrentaría al llamado “precipicio” en el que se revertiría a un financiamiento parecido al que recibía en la década de los 2000.
Un informe del Departamento de Salud sometido el pasado 30 de abril al Congreso estima que, de no tomarse acción entre ahora y octubre, hasta 600,000 personas podrían perder la cubierta del Plan Vital, incluyendo 200,000 que la recibieron por primera vez este año fiscal mediante los fondos incluidos en la asignación que se aprobó en 2019.
El informe detalla que, hasta el año fiscal 2018, 1,505,610 personas dependían de la cubierta de salud gubernamental.
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La comisionada residente Jenniffer González recordó que la propuesta de Biden no especifica un lenguaje para el acceso pleno de los territorios al Medicaid, pero señaló que ella, junto a otros congresistas, ya ha presentado proyectos con lenguaje específico para cerrar las disparidades.
El consultor en asuntos federales Federico de Jesús consideró que los demócratas, con débiles mayorías en ambos cuerpos congresionales, no presentarán, en principio, mayores objeciones a impulsar la propuesta de paridad del presidente Biden. Sin embargo, si se opta por la vía de reconciliación presupuestaria, dicha paridad deberá competir con otras iniciativas que igualmente requieren inversiones importantes del gobierno federal.
“La reconciliación tiene más el enfoque de infraestructura, y aunque tiene el componente del American Families Plan, de varias iniciativas de créditos contributivos para familias y niños, hay un montón de iniciativas y eso va a costar muchísimo y habrá mucha presión para varios senadores y congresistas que quieran incluir iniciativas como estas y otras que sean loables. Va a haber una competencia para eso”, anticipó el analista, quien señaló que es la primera vez que un presidente incluye entre sus prioridades presupuestarias el pleno acceso de Puerto Rico a los beneficios de Medicaid.
De Jesús planteó que, a través de la reconciliación, se pudieran enmendar las leyes permanentes que establecen los topes de asignaciones y FMAP. Sin embargo, ello requeriría encontrar una forma de contrarrestar el costo adicional que representa, pues las normas congresionales no permiten aprobación de gastos que impliquen aumentar el déficit fiscal más allá de un periodo de 10 años.
“El reto más grande es el tiempo. Tenemos hasta septiembre. En los dos años anteriores hubo que extender el presupuesto vigente y eso atrasó todo. En este caso ellos (los demócratas) tienen Cámara y Senado y la Casa Blanca, así que no debería haber problema de que previo a agosto se aprueben esas medidas en Cámara y Senado. Por eso estos meses de junio y julio son vitales para la aprobación de estas medidas”, dijo la comisionada residente.
A juicio de Plá, incluso obtener paridad por un periodo de 10 años proveería a la industria de salud una estabilidad de la que históricamente ha carecido.
“Nos da la oportunidad de cimentar nuestros procesos. Luego de 10 años es muy difícil que eso vire para atrás”, opinó el líder de la Asociación de Hospitales.
La administración de Pierluisi estima que, de obtener la paridad para el siguiente año fiscal, lo que implicaría un pareo federal de 83 % en los servicios, Puerto Rico podría acceder a entre $5,000 millones y $5,200 millones, dependiendo de los requisitos de elegibilidad que establezcan las autoridades federales.
Bajo las asignaciones vigentes, que rondan los $2,850 millones, el gobierno federal sufraga el 76 % del costo.
“Hay servicios que se (podrían) ofrecer que no se ofrecen ahora. Pagar la parte D de Medicare (medicamentos), por ejemplo. Más aumentar el pago de los proveedores”, señaló el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos, quien también pertenece al Grupo Multisectorial.
Plá, por su parte, indicó que ya en las próximas semanas el Grupo Multisectorial, que copresiden el secretario de Salud, Carlos Mellado, y la directora de la Administración de Asuntos Federales, Carmen Feliciano, podría intensificar sus gestiones ante el Congreso. “Se está trabajando en un documento que todo el mundo va a usar para hablar en el mismo idioma”, subrayó Plá.
