CPI
Invitaciones a tríos sexuales por parte de jefes, comentarios no solicitados sobre la vestimenta, órganos sexuales y sobre portación de armas de fuego, e incluso besos a la fuerza en el lugar de trabajo son algunos tipos de violencia de género que han experimentado empleadas puertorriqueñas por parte de supervisores y compañeros de trabajo en la oficina de Puerto Rico de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), desde donde se atiende el proceso de recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recibió y confirmó estas confidencias por medio de 13 testimonios de personas que trabajan o han trabajado para FEMA en Puerto Rico y que decidieron contar sus historias tras la publicación en marzo de una investigación de este medio que reveló un patrón de hostigamiento laboral en la Oficina Asuntos Externos de la agencia federal, con al menos seis casos denunciados oficialmente.
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En total, ahora suman 16 los casos que ha documentado el CPI, la mayoría de mujeres, quienes han presentado denuncias de manera oficial contra diversos trabajadores de FEMA en Puerto Rico por presuntas situaciones de acoso sexual, hostigamiento laboral, persecución, intimidación o discrimen por edad y género al momento de otorgar plazas de trabajo. Algunos de estos casos, ocurridos entre 2018 y 2020, permanecen sin atenderse desde hace más de tres años y en ciertas ocasiones el patrono mantiene a las personas que hicieron la denuncia cerca de sus presuntos agresores y no les han dado remedios.
El CPI solicitó reacciones y entrevistas sobre este asunto a todas las instancias de FEMA, tanto local, regional como a la oficina central de la agencia, pero todas rechazaron ser entrevistadas y enviaron declaraciones generales que no atienden las preguntas formuladas y los asuntos denunciados.
Entre 2017 y 2019, la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR, en inglés), adscrita a FEMA, tenía registradas diez querellas relacionadas con situaciones de acoso sexual en diversos puntos de Puerto Rico, como San Juan, Guaynabo, Manatí, Culebra y Trujillo Alto, según surge de una lista de casos que esta oficina entregó al CPI. Sin embargo, estos son solo los datos correspondientes a las querellas que ya están cerradas o tuvieron algún remedio.
FEMA no ha entregado al CPI la cantidad de casos denunciados desde Puerto Rico que permanecen abiertos, así como aquellos correspondientes al año 2020 y lo que va de 2021. A pesar de la solicitud para que se incluyeran todos los datos y el detalle sobre los remedios ofrecidos en los casos cerrados, FEMA se negó, indicando que cualquier seguimiento de información tenía que hacerse por medio de otra solicitud amparada en los lineamientos de Ley federal por la Libertad de la Información (FOIA, en inglés), la cual se hizo, pero cuyo trámite puede tardar meses e incluso años en atenderse.
Hostigamiento y acoso sexual campea en FEMA
“Estas situaciones van más allá de [la oficina de] Asuntos Externos”. “Esto es un problema más grande”. “Es un problema sistémico; en toda la agencia hay hostigadores”. “Hay que implosionar a FEMA y traer a gente nueva a los puestos gerenciales”. “Es un ambiente tóxico que no se sostiene”. “Son una mafia; todos ellos se protegen”.
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Estas fueron algunas de las frases que las fuentes — que solicitaron anonimato por temor a más represalias — expresaron al ser entrevistadas por el CPI.
Desde la publicación de los primeros hallazgos en marzo, poco ha hecho FEMA para atender las denuncias o proveer remedios a las víctimas. Por medio de la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles (OER, en inglés) de FEMA, la agencia solo ha emitido comunicaciones internas vía correo electrónico en donde hacen mención de las diversas leyes federales que repudian el hostigamiento, dijeron varias fuentes. Además, la OER envió un formulario al azar sobre “la experiencia laboral” en FEMA en el que se incluyeron preguntas relacionadas con el tema de acoso sexual. Sin embargo, una de las fuentes dijo que el formulario requería que los ejemplos fueran a partir de mayo de 2020, a pesar de que varias de las situaciones denunciadas se arrastran desde 2018.
Asimismo, varios testimonios criticaron que la agencia federal mantiene en sus puestos a varias de las personas contra quienes pesan denuncias registradas en las distintas divisiones que FEMA tiene para manejar las querellas de hostigamiento laboral, acoso y discrimen.
Por ejemplo, Rosa — nombre ficticio — dijo que, tras meses sin que se le activara para una misión de FEMA, se le llamó recientemente para un trabajo especial. Una vez se incorporó a la tarea, dijo que sintió ansiedad porque le ubicaron en un grupo en el que se encuentran personas muy allegadas a sus presuntos agresores. La situación llegó al punto de que Rosa no pudo continuar con la tarea y pidió salir de la misión.
“Hay una gran desconexión entre las personas que asignan a los reservistas a los proyectos y las oficinas que recogen los complaints (quejas) de los empleados. ¿Cómo me vas a decir que a una persona que tiene una querella contra dos sujetos, la vas a ubicar en un ambiente donde están sus panas [del sujeto agresor], donde hay gente que les deben favores, donde hasta hay familiares de uno de estos? No lo entiendo”, dijo la persona afectada, quien trabaja en FEMA desde 2018 y en 2019 pasó a ser reservista, es decir, que solo se le activa para determinadas misiones.
Desde 2018, Rosa ha sometido varias querellas en todas las oficinas de FEMA que atienden casos de conducta indebida e incluso en la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), al que está adscrito FEMA. Sus denuncias han sido contra dos supervisores que, por separado, presuntamente le hicieron acercamientos sexuales durante su trabajo en la oficina de FEMA en Manatí. Las denuncias también incluyeron quejas por discriminación, conducta indebida, nepotismo e incluso por amenazar o alardear de tener acceso a armas de fuego. Aunque fueron movidos a otras oficinas municipales, ambos funcionarios permanecen en sus puestos en FEMA, dijo la fuente.
Su queja principal es que la agencia federal ha arrastrado los pies con la situación, no le han dado algún remedio o protección e incluso la han descartado para plazas fijas de trabajo en FEMA a las que ha solicitado en varias ocasiones. Dijo que incluso tuvo que presentar una queja formal contra Alberto Fallini Camacho, un mediador que le fue asignado por la directora de la OER, Jo Linda Johnson, debido a que, según explicó, este la revictimizó al pedirle que no denunciara la situación e intentar hacerla ver como responsable, además de poner palabras en su testimonio que no eran correctas.
“Soy una persona fuerte y esto me ha afectado mucho emocionalmente. A mí, FEMA me quitó la calidad de vida”, contó la víctima visiblemente afligida y dijo que recurrió a ayuda psicológica para lidiar con el trauma.
El CPI solicitó una reacción sobre esta denuncia a la directora de la OER, pero la funcionaria no accedió a una entrevista. Un portavoz de la agencia se limitó a indicar que “FEMA toma en serio todas las acusaciones de mala conducta” y que, para proteger los derechos de privacidad de los involucrados, no pueden “comentar sobre ningún asunto específico que pueda estar en curso”.
Al igual que Rosa, María — también con nombre ficticio para proteger su identidad — sobrevivió un ataque de violencia de género en las oficinas centrales de FEMA en Guaynabo.
Fue en 2018, cuando un hombre, de ascendencia estadounidense, que había sido activado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para la misión en Puerto Rico, la siguió desde el estacionamiento hasta el ascensor del edificio. Una vez adentro, María relató que este sujeto se le lanzó encima para tratar de besarla. “El problema es que el ascensor no tenía cámaras. No me violó porque lo agredí con las llaves; usé las llaves como arma. Ese animal se quedó sorprendido”, aclaró. Aunque María no lo denunció por temor a perder su trabajo, con el tiempo el trauma le pasó factura al experimentar una parálisis facial que le provocó la pérdida de movilidad del 10% de su rostro.
“Yo me quería quedar en FEMA porque tenía que pagar deudas y no tenía ese dinero. Por eso callé. Por eso fue que toleré. Pero, me siento culpable, porque quizás pude haber evitado otros daños”, mencionó. Pero María sí hizo otras denuncias debido al ambiente de hostigamiento y obstaculización del crecimiento laboral.
Al igual que Rosa, acudió a las diversas oficinas de FEMA que trabajan con denuncias relacionadas con situaciones que van en contra de los derechos humanos, como la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles, la Oficina de Responsabilidad Profesional y también en la oficina local de resolución de conflicto (ADR, en inglés). Tampoco tuvo una buena experiencia, aseguró.
“En OPR se portaron fatal conmigo y en ADR tienen a una persona que te escucha y que te sienta con tu jefe para que creen un team building, pero no tienden a escalar casos. Por eso, no confío en la agencia. Y no pretendo un puesto; yo lo que espero es que esas personas que no hayan podido dar ese grito de ayuda, puedan sentirse más acogidas”, dijo al explicar por qué mantiene su caso todavía abierto.
Además de Rosa y María, Carmen — también de nombre ficticio — experimentó varias situaciones de violencia de género mientras ofrecía servicios externos a FEMA por medio de la compañía CDC Smith. Los trabajos de esta empresa con FEMA estuvieron vigentes desde febrero de 2019 hasta abril de 2021. Según un comunicado de la compañía, CDC Smith ofreció servicios por medio de un joint venture con la empresa Jacobs Engineering Group (anteriormente CH2M Hill) para servicios de apoyo de ingeniería y arquitectura.
Si bien Carmen respondía a CDC Smith, por la naturaleza de la contratación de esta empresa, su trabajo diario era en las oficinas de FEMA. Incluso, su entonces supervisor, Lionell Ortiz — contra quien Carmen presentó una denuncia por hostigamiento laboral — era empleado directo de FEMA.
Carmen reconoció que los ambientes de acoso y poco profesionalismo eran la orden del día. Sin embargo, su incomodidad incrementó cuando varios hombres llegaban constantemente a su escritorio y le dejaban obsequios. En una ocasión, contó que uno de los empleados la llamó a su escritorio, donde estaba junto a otros hombres, para preguntarle por su vestimenta, pues “querían verle las piernas”. Otro hecho documentado por Carmen fue cuando uno de estos sujetos la agarró por su cara para darle un beso no autorizado en la mejilla. Su rostro terminó con una laceración a causa de la barba del agresor, recordó.
Carmen ya reportó todas estas situaciones a ADR, a la OER y al personal de CDC Smith para quienes trabajaba. Sí, trabajaba, porque tras la denuncia, Carmen fue suspendida sin sueldo en mayo del año pasado sin que se completara una investigación o se le diera algún remedio por la situación que sobrevivió. El despido oficial se completó en octubre de 2020.
CDC Smith confirmó que recibió una petición de reacción del CPI, que fue tramitada tanto en las oficinas de la firma en Guaynabo así como en las oficinas centrales ubicadas en Boston, Massachusetts, pero no atendió la solicitud.
Wanda también experimentó acoso, en su caso, cuando trabajaba en la división de Asistencia Pública de FEMA que es donde se tramitan todas las solicitudes de proyectos de reconstrucción que llegan desde los municipios, las agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.
Sometió una querella ante la OER en octubre de 2019. Sin embargo, el imputado continuó en su puesto donde coincidía diariamente con Wanda e incluso continuaba dirigiéndose a ella directamente.
“Él se quejaba de que yo lo acusé de hostigamiento. La gente me miraba mal. Allí hay mucho hombre y la gente no quería trabajar conmigo, porque pensaban que no me podían hablar”, dijo.
En 2020, el imputado fue transferido a una oficina de FEMA en Caguas. No obstante, Wanda lamenta que nunca la OER le informó cuál había sido la conclusión de su caso y si la transferencia del sujeto respondía a su denuncia.
“De [la Oficina de] Equal Rights nunca se comunicaron. Una vez pregunté por el estatus, porque no estaban al tanto de lo que estaba pasando. A mí no me dieron ningún mecanismo o remedio. A ellos, no los botan, hacen como con los curas pedófilos, que los sacan de una parroquia y los mueven a otro lugar y prevalece la impunidad. Aunque él esté en Caguas, mi temor es que eventualmente me muevan a alguna división en la que vuelva a coincidir con él”, relató.
Más denuncias por hostigamiento laboral, despidos injustificados, represalias y bullying
En su denuncia ante OER contra su supervisor por hostigamiento laboral, Carmen documentó cómo los procesos de mediación de conflictos en la oficina de ADR en FEMA no tuvieron resultados asertivos en su caso. Todo lo contrario, pues dijo al CPI que cuando el personal de esta oficina la reunió junto con su supervisor y con la supervisora de este, Ana Vidal-Martínez, el tono del encuentro buscaba responsabilizarla a ella por lo sucedido.
Al igual que otras querrellantes, Carmen hizo su denuncia ante la OER guiada por la Ley sobre Notificaciones y contra la Discriminación y Represalias para Empleados Federales (No FEAR, en inglés), las protecciones de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO, en inglés), y la declaración de política contra el discrimen de la Oficina para Derechos y Libertades Civiles del DHS.
En su querella, Carmen explica cómo Ortiz, su supervisor inmediato, la movió a un escritorio al lado de él para presuntamente mantener mayor control de las tareas que ella hacía. Contó que Ortiz se pasaba la jornada mirando hacia la pantalla de su computadora, vigilando todo lo que ella escribía. Luego, empezó a excluirla de las reuniones y a dejar de autorizar sus turnos de trabajo los sábados, que implicaban horas extra en su salario.
“Cuando vi que la situación con mi supervisor no iba a cambiar, contacté a la persona que coordina a los empleados externos dentro de FEMA para explicarle la situación con él, que había sido víctima de acoso sexual por otro sujeto y que la compañía [CDC Smith] no estaba tomando cartas en el asunto”, narró.
Ahí, entonces, decidieron acudir a ADR, donde fueron atendidos por María Rosa La Luz. “Pero todo fue peor”, contó Carmen. “Esa reunión en ADR fue de las peores experiencias que he tenido en mi carrera profesional. Todo se transformó. Según ellos, yo era la responsable de las constantes visitas de hombres a mi escritorio. Incluso, me dijeron: ‘Tú tenías que parar a los hombres’ y que yo era responsable de la manera en la que ellos se acercaban. Todo eso, mientras la coordinadora de los empleados externos no decía nada”, recordó. Tras esa reunión, Carmen presentó una querella formal en la OER contra Ortiz, Vidal-Martínez y La Luz que actualmente está bajo investigación. Ortiz no respondió una petición de entrevista o reacción oficial solicitada. Por su parte, La Luz dijo que no contestaría las preguntas del CPI. Tanto ella como Vidal Martínez se refirieron a la respuesta general que FEMA envió a este medio a inicios de junio.
Sonia reclama una suspensión de empleo “injusta y viciada”, al igual que manifestó Carmen.
En su caso, trabajaba en la Oficina de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico. Su supervisora inmediata era Ana Bolívar, sobre quien el CPI recibió varios testimonios y querellas en su contra por supuesto trato descortés, poco profesional y de bullying hacia su equipo de trabajo.
Sonia trabajó desde noviembre de 2017 hasta diciembre de 2019, cuando fue despedida debido a un “recorte de personal”. “Pero, en ese recorte, solo me botaron a mí, aunque allí hay mucho trabajo por hacer”, dijo. Para Sonia, la razón de su despido responde a represalias luego de que varias de las compañeras pusieran un señalamiento ante la Oficina de Mediación de Conflictos de FEMA (ADR).
“Un día, Ana Bolívar nos llevó a tres compañeras a un cuartito a decirnos que hacíamos un trabajo mediocre. Fui la única que se quejó en esa reunión. Ella siempre tenía una actitud muy déspota. No dejaba hablar a nadie en las reuniones. Era muy sarcástica. Ella envió muchos emails amenazantes”, recordó Sonia.
Aunque presentó una denuncia ante la OER, no tuvo ningún seguimiento de esta división.
“Cuando me despidieron escribí un email a [la Oficina de] Equal Rights explicando todo. Me respondieron con un ‘recibido’ y me mandaron un flyer con las definiciones de lo que implica hostigamiento. Les dije que sí, que aplicaba, pero nunca me contestaron”, contó. El CPI buscó una reacción de Bolívar, pero la funcionaria no respondió.
Manuel — nombre ficticio —, quien trabaja en FEMA desde 2018, también se quejó en contra de su supervisor inmediato por acoso laboral y vigilancia excesiva. Tras ese señalamiento, hecho ante la oficina de ADR, contó que las situaciones empeoraron.
“Después de la denuncia, tuve una gran reprimenda. No me querían aprobar horas extra justificadas. Me velaba a qué hora entraba, me cuestionaba lo que estaba haciendo, que es lo mismo que siempre hacía”, explicó. Ante este ambiente, Manuel solicitó cambio a otra división en FEMA. No obstante, ese traslado debía ser avalado por su supervisor, el mismo contra el que se había querellado.
“Cuando se enteró que yo lo acusé, incrementó más el acoso laboral. Cuando pedí cambio, hasta que él no recibiera una carta pidiéndole perdón de mi parte por la acusación no me autorizó mi traslado a otra división. Tuve que hacerlo porque tenía a mi madre enferma y necesitaba el dinero”, precisó.
Manuel coincidió con sus compañeras en que más que señalar a uno u otro de los presuntos agresores u hostigadores, el problema radica en que FEMA no mueve “ninguna” de las quejas, permite la impunidad y no ofrece soluciones.
“Realmente lo que debe pasar es que las divisiones de FEMA que están capacitadas para investigar y señalar culpas y los posibles desenlaces tienen que hacer su trabajo. Aquí se someten querellas y son muy superficiales, no van más allá de lo que se expone en las querellas”, lamentó.
La situaciones que denunciaron estos empleados de FEMA son contrarias a las regulaciones que deben respetar los funcionarios de DHS y por extensión los de FEMA, establecidos por la Oficina del Consejero Especial de Estados Unidos (OSC, en inglés) que investiga y procesa casos sobre prácticas prohibidas de personal federal. La misión principal de la OSC es salvaguardar el sistema de principio de mérito mediante la protección de empleados federales y solicitantes de empleo al gobierno federal en contra de prácticas prohibidas bajo la Ley de Reforma del Servicio Civil. Esta oficina también protege a los empleados de represalia por informar sobre corrupción en el gobierno, amparados en la Ley de Protección de Informantes (whistleblowers).
“El hostigamiento es parte de la cultura de FEMA, pero en Puerto Rico es peor”
Jane — nombre ficticio — trabaja en FEMA desde hace ocho años. Es estadounidense y ha sido activada para trabajos en al menos 20 lugares de Estados Unidos y sus territorios. En Puerto Rico, Jane estuvo en dos ocasiones como parte de la misión de FEMA para la recuperación tras los huracanes Irma y María en 2017 y los terremotos de 2020.
Aunque no fue víctima directa de las situaciones de acoso y hostigamiento en FEMA, Jane acudió al CPI con la motivación de avalar las denuncias reportadas y dar una perspectiva externa.
“Estuve en Puerto Rico de octubre de 2017 a marzo 2018 y, luego, de agosto 2018 a diciembre 2018. En ese tiempo, vi mucho acoso, demasiado. Siempre eran los hombres los que hostigaban, no importaba si eran de afuera o de Puerto Rico”, contó.
Según Jane, en las decenas de lugares que ha trabajado con FEMA siempre supo de casos de acoso. No obstante, la funcionaria dijo que “el hostigamiento es parte de la cultura de FEMA, pero en Puerto Rico es peor”.
“He visto [el acoso] en muchos lugares y no solo es acoso sexual o favores de empleo; es nepotismo y contratos a amigos. Pero, es peor en Puerto Rico. Lo que vi en Puerto Rico, no lo había visto en ningún lado, ni tan malo”, comentó.
Para Jane, el problema tiene una dimensión mayor cuando se recuerda que estas personas están cometiendo estas acciones en lugares y tiempos que son pagados con dinero público.
“Era muy incomodo ver estas situaciones sabiendo que es gente que se le está pagando con dinero de los contribuyentes y están haciendo estas cosas — como los acosos, los favoritismos y la ubicación de familiares o amigos en puestos — mientras se les paga con dinero público. Todo esto puede seguir creando una imagen negativa del proceso de recuperación en Puerto Rico”, opinó.
Lamentó que estas situaciones no sean atendidas con mayor diligencia por los funcionarios de agencias federales que podrían tomar cartas en el asunto.
“Lo que está pasando en Puerto Rico se queda en Puerto Rico, sobre todo, por cómo se nota que se mantiene a las personas imputadas en sus puestos o se van a otros puestos similares en agencias o contratistas cercanos a FEMA”, acotó.
El CPI pidió la reacción de Gretchen Sierra Zorita, responsable de los asuntos de Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos en la la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, pero la funcionaria no estuvo disponible. En declaraciones escritas, Audrey López, directora de prensa para medios hispanos en la Casa Blanca, indicó que “desafortunadamente, no podemos atender esta solicitud”, sin dar mayor explicación.
La OER ha registrado 992 quejas a nivel de Estados Unidos y sus territorios por situaciones que violentan los derechos civiles en el empleo entre 2012 y 2020, según datos publicados cada trimestre, con el número más alto de querellas en 2018. La misión de FEMA en Puerto Rico para atender la emergencia post huracán comenzó en 2017. Al mirar las estadísticas, solo el 16% de las quejas registradas en los pasados nueve años han recibido algún tipo de amonestación o acción disciplinaria por parte de FEMA.
Jo Linda Johnson, directora de la OER, dijo por medio de un portavoz que “FEMA toma en serio cada alegación de acoso o mala conducta y estableció una Oficina de Responsabilidad Profesional para garantizar que investiguemos cada alegación de manera rápida, justa y exhaustiva”.
No obstante, la OER no aclaró por qué es tan bajo el número de acciones disciplinarias al compararse con las querellas que esta división ha registrado entre 2012 y 2020. El CPI espera desde febrero el desglose de estas estadísticas que fueron solicitadas a la OER por medio de los lineamientos de FOIA.
Por su parte, la Oficina del Inspector General del DHS actualmente realiza un estudio para identificar el “manejo de FEMA de las denuncias de acoso sexual y conducta sexual inapropiada en el lugar de trabajo por parte de los empleados”. Tanya Alridge, portavoz del DHS, indicó que esperan emitir un informe final y recomendaciones para otoño de este año.
Alegan impunidad en la Oficina de Asuntos Externos
En el caso de la Oficina de Asuntos Externos, el CPI reveló en marzo que las denuncias de varias empleadas eran contra los directivos de esta oficina, Juan Andrés Muñoz Torres y Ricardo Agosto Castro, director y subdirector de Asuntos Externos, respectivamente, a quienes se les señala como presuntos responsables de estas situaciones de acoso laboral que han conllevado la renuncia de empleados, relevo de funciones, asignación de tareas no relacionadas y la obstaculización en el progreso laboral dentro de FEMA. Tres meses después de la publicación, ambos funcionarios permanecen en sus puestos de trabajo y en contacto constante con algunas de las personas que se querellaron en su contra.
Según una de las fuentes, luego de la publicación hubo varios días de silencio e inmovilidad en esta oficina. Luego, el 8 de marzo, Muñoz Torres convocó a una sesión de orientación con todo el personal, un team building, según indicó, para hablar sobre diversos temas, entre estos, la publicación del CPI.
“Antes de comenzar la actividad, quería hablarles un poco de un tema que sé que está en la mente de todos. La semana pasada [el 4 de marzo] se publicó un artículo en el que se hicieron ciertas reclamaciones acerca de Ricardo [Agosto Castro] y yo. Aunque no podemos comentar más allá de las expresiones de parte de la región, queremos que cada uno de ustedes sepa que las declaraciones de la historia no nos desviarán de nuestra misión”, se escucha decir a Muñoz Torres en una grabación a la que el CPI tuvo acceso.
Añadió, además, un llamado a continuar con el trabajo y obviar cualquier asunto relacionado con las denuncias publicadas.
“Quiero que sepan que somos mucho más de lo que se publicó. En realidad, yo los considero a todos familia. En todas las familias hay siempre un poco de discrepancia, pero al final del día somos una familia y, al final del día, pasaremos los obstáculos que tenemos que pasar. Entiendo que muchos de ustedes pueden sentirse abrumados, confundidos y hasta frustrados con la historia que se publicó. Con eso dicho, hay que permitir que este proceso siga su curso y respetar el proceso establecido. Ricardo y yo confiamos en que esta situación se resolverá muy pronto. No saben lo mucho que lamento cualquier ansiedad o estrés que esta noticia les pudo haber causado”, sumó.
Agosto Castro, por su parte, permaneció en silencio durante las dos horas de reunión, dijeron varias de las fuentes presentes en el encuentro. Sin embargo, varias de las personas contactadas coincidieron en que en las semanas recientes ambos funcionarios han retomado el trato hostil.
FEMA hace declaraciones generales que no atienden los señalamientos
José Baquero Tirado, coordinador federal de Recuperación en Desastres en FEMA para Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses, negó una entrevista al CPI sobre el asunto y tampoco quiso responder preguntas por escrito. Al ser abordado por este medio a la salida de una reunión en La Fortaleza el 2 de junio, se limitó a decir que no haría expresiones sobre el tema.
Baquero Tirado se amparó en las expresiones genéricas emitidas por la oficina central de FEMA en Washington, D.C.
Las declaraciones no atienden ninguna de las preguntas sobre las 16 denuncias documentadas en su oficina de Puerto Rico.
A través de un portavoz de FEMA en Washington, D.C., la agencia dijo estar “100% comprometida con brindar un ambiente seguro y saludable para todos”.
Añadió que RAND Corporation publicó recientemente los resultados de una encuesta de 2019 solicitada por FEMA, que fue diseñada para evaluar la prevalencia del acoso y la discriminación en el lugar de trabajo dentro de la agencia.
“En 2018, funcionarios de FEMA iniciaron una investigación interna basada en acusaciones de acoso sexual por parte de un alto ejecutivo de la agencia. Sería la primera de varias investigaciones sobre presunta conducta sexual inapropiada por parte de altos ejecutivos de FEMA con empleados subordinados, algunos de los cuales posteriormente renunciaron o fueron despedidos. La agencia anunció pasos adicionales para abordar el acoso sexual dentro de la organización, que incluyen capacitación obligatoria, servicios de asesoramiento y la creación de una Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR)”, dice el documento.
En la encuesta participó el 44.9% de las 19,917 empleadas y empleados que trabajaban para FEMA en 2019 en todo Estados Unidos y sus territorios. Según el estudio, el 20% de los encuestados reportó haber experimentado violaciones de derechos civiles por acoso sexual o por discrimen por género, es decir, uno de cada cinco empleados. Los casos se reportaron por una de cada cinco mujeres encuestadas y por uno de cada siete hombres.
Como parte del plan de acción trazado por la agencia para atender el problema — que en teoría debía ser implementado en 12 meses a partir de diciembre de 2020 — FEMA se propone fortalecer el compromiso de los empleados hacia mejores prácticas laborales, promover la educación en temas como hostigamiento y acoso, mejorar la comunicación interna, proveer recursos a los empleados, afinar la rendición de cuentas y dar seguimiento y evaluación a todo lo implementado. El plan no dice qué remedio se daría a las víctimas que ya han presentado denuncias y cuáles serían las amonestaciones a los imputados a los que se les compruebe que actuaron fuera de las reglamentaciones legales del gobierno federal.
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Si usted o alguna persona que conoce atraviesa por una situación de violencia de género, consulte el siguiente directorio de organizaciones que ofrecen asistencia y ayudas: https://pazparalamujer.org/directorio-ayuda/
También puede comunicarse con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres llamando a la línea 787-722-2977.
Víctor Rodríguez Velázquez es integrante de Report for America.
Esta nota se publica en Metro Puerto Rico como parte de una colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo.
