A pesar de que la Cámara de Representantes aprobó anoche un presupuesto con cargo al fondo general dentro de los parámetros fijados por la Junta de Control Fiscal (JCF), el organismo aún no ha determinado si avalará esa versión, señaló su portavoz, Edward Zayas.
En la noche del domingo, la Cámara baja dio paso a un presupuesto general de $10,112 millones, luego de que en el hemiciclo se aprobaran enmiendas al informe de comisión, entre ellas incluir una partida de $15 millones para proveer aumentos salariales a oficiales correccionales. El presupuesto aprobado por el cuerpo para el año fiscal 2021-2022 también contiene una partida de $90 millones para sufragar los sueldos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica reubicados en decenas de agencias del gobierno central.
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Zayas recordó que miembros de la JCF, la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, y personal técnico del organismo se han reunido constantemente en las pasadas semanas con los presidentes legislativos y los líderes de las comisiones de Hacienda en Cámara, Jesús Santa, y Senado, Juan Zaragoza.
“Obviamente ellos han tenido conversaciones con respecto a diversas partidas pero ahora vamos a ir sobre ellas”, dijo Zayas.
En el Senado, la expectativa es que la resolución de presupuesto –con posibles enmiendas– baje a votación el 18 de junio, en cumplimiento con el calendario establecido por la JCF, lo que dejaría una ventana de 12 días, previo a la conclusión del año fiscal, para discutir cambios en comité de conferencia legislativo y el ente fiscal.
Tanto Santa como Zaragoza han manifestado esperanza de que el presupuesto que la JCF certifique para el siguiente año fiscal sea el primero, desde la aprobación de la Ley Promesa, avalado por la Legislatura y el Ejecutivo, en lugar de impuesto unilateralmente por el organismo federal.
En entrevista con Metro, Zayas no pudo precisar si la JCF ve con buenos ojos las asignaciones para los incrementos salariales de los oficiales correccionales, que no estaban incluidas en el presupuesto que sometió el organismo, pero que fueron una promesa del gobernador Pedro Pierluisi.
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Anteriormente los presidentes de las comisiones de Hacienda han dicho que la JCF sí avala la asignación de dinero identificado para el fondo dotal de la Universidad de Puerto Rico y para transferir labores de mantenimiento de carreteras y escuelas a los municipios, si bien el ente no se ha expresado oficialmente al respecto.
“Sería especular. Tendríamos que verlo porque ahora no sabemos de dónde sale. Habría que ver qué partidas cambiaron y cuáles son las fuentes, de dónde las identificaron”, indicó Zayas sobre los $15 millones incluidos para incrementar el sueldo de empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Ayer, durante el debate legislativo, el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Carlos “Johnny” Méndez, insistió que el cuerpo debía considerar el presupuesto recomendado por Pierluisi, que excede en $233 millones el nivel de gastos de la propuesta de la JCF.
En una conferencia de prensa el jueves, Zaragoza y Santa reconocieron que sus comisiones no habían discutido el presupuesto con personal de La Fortaleza, por lo que la comunicación con la rama ejecutiva se limitó a las vistas públicas a las que comparecieron los jefes de agencia.
El calendario de la JCF dispone que la Legislatura debe someterle el presupuesto aprobado el 18 de junio, tras lo cual el organismo presentaría una notificación de violación el 23 de junio, detallando las partidas con las que no esté de acuerdo. El 28 de junio, la Asamblea Legislativa sometería un presupuesto revisado con las correcciones y el 30 la JCF certificaría el documento que entrará en vigor el 1 de julio.
