El gobernador Pedro Pierluisi tronó contra la versión de presupuesto que aprobó la Cámara de Representantes en la noche del sábado, al señalar que deja fuera toda una serie de áreas prioritarias y que, en esencia, se acogió a los dictámenes de la Junta de Control Fiscal (JCF), organismo que ha establecido un gasto con cargo al fondo general de $233 millones menos que la propuesta del ejecutivo.
Entre las partidas que la Cámara baja ignoró, el gobernador mencionó $6.8 millones para la implementación del estado de emergencia por violencia de género, $11.5 millones para “un proyecto piloto de inversión en el servicio público”, $1.2 millones para atender el cambio climático, $2 millones para combatir la pobreza y $2 millones en aumentos para trabajadores sociales, fiscales e inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor.
De acuerdo con el gobernador, la JCF ya había avalado estos gastos para el año fiscal 2021-2022.
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“Para la sorpresa y perjuicio de nuestra gente, la Cámara de Representantes ignoró la mayoría de estas iniciativas de beneficio al pueblo y, por el contrario, hizo mayores recortes, impuso más burocracia al gobierno y se asignó aumentos en su propio presupuesto”, consignó el mandatario en una rueda de prensa donde estuvo acompañado por líderes de la minoría novoprogresista en ambas cámaras, así como los titulares del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
El gobernador aseguró que la Cámara de Representantes aprobó una resolución de presupuesto que contiene “cero” partidas para el mantenimiento de carreteras, al reasignar unos $112 millones de la Autoridad de Carreteras y Transporte para un fondo de becas de la Universidad de Puerto Rico (UPR). De acuerdo con Pierluisi, el fondo de becas no necesitaba una inyección ya que cuenta con una reserva que “no se ha usado” por tres años.
En la Legislatura, los presidentes de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Jesús Santa, y Senado, Juan Zaragoza, han asegurado que los fondos para mantenimiento de carreteras y áreas verdes en espacios como escuelas se reasignarán a los municipios, como una medida para mitigar el recorte de $44 millones que sufrirán los ayuntamientos, correspondiente al llamado fondo de equiparación. Ambos legisladores han asegurado que dichos ajustes han contado con el aval de la JCF, con cuyos líderes se han reunido frecuentemente en las pasadas semanas.
“Fueron a la Junta por lana y salieron trasquilados, y quien va a pagar los platos rotos es nuestro pueblo”, opinó el primer ejecutivo, quien señaló que su preferencia es asignar partidas directamente del fondo general a entidades como los municipios ($44 millones) y la UPR ($94 millones) en lugar de los “malabares” contables en los que asegura pretende incurrir la Asamblea Legislativa.
Al momento, la resolución conjunta aprobada en la Cámara no se encuentra disponible en el portal de trámite legislativo. El Senado tiene previsto votar sobre el presupuesto el 18 de junio.
Pierluisi, quien acusó a la Cámara de pretender sumar $17 millones al presupuesto legislativo para el año entrante, censuró además una disposición que, presuntamente, forzaría al ejecutivo a recibir autorización de la Asamblea Legislativa para realizar cualquier tipo de reasignación con fondos ya aprobados, lo que incluiría el uso de la reserva para emergencias. Según el mandatario, esta disposición generaría aún mayor burocracia de la existente, cuando la JCF ya debe dar el visto bueno para la reprogramación de fondos.
Pierluisi aseveró que, históricamente, la OGP ha tenido discreción para reprogramar fondos, siempre y cuando se mantengan dentro de los parámetros del presupuesto general.
“Eso es obstrucción, mínimo, gran dilación”, dijo Pierluisi.
El gobernador aseguró que hoy el secretario de Hacienda, Francisco Parés, emitiría certificaría que para el año fiscal 2021-2022 se proyectan ingresos al fondo general de $10,584 millones, una cifra superior al límite de gastos de $10,112 millones que dispuso la JCF, así como del presupuesto de $10,345 millones que recomendó el ejecutivo.
“La Junta tiene la última palabra, desafortunadamente, y yo reconozco eso. Pero porque tenga la última palabra no quiere decir que uno se somete. Uno levanta sus argumentos, uno trata que entren en razón”, argumentó Pierluisi al preguntársele si tiene motivos para pensar que la JCF alterará sus proyecciones a base de la certificación de Parés.
En los pasados cuatro años, la JCF, al amparo de la Ley Promesa ha certificado unilateralmente el presupuesto con cargo al fondo general del país.
A preguntas de este medio, Pierluisi no fue categórico sobre si preferiría que la JCF impusiera el presupuesto que sometió a la Asamblea Legislativa en mayo o firmar una versión similar a la que recién aprobó la Cámara baja.
“Hay que ver lo que llega. Tengo que ver qué es lo que llega a mi despacho. Yo voy a actuar con la mayor buena fe, pero si moralmente no puedo firmar el proyecto de resolución presupuestaria pues no lo voy a hacer. Entonces la Junta, como ya dije, va a tener la última palabra. Lo ideal sería que yo lo pueda firmar y por eso me parece que deben tomar en consideración los planteamientos que yo estoy haciendo”, manifestó, al tiempo que rechazó los planteamientos de Santa y Zaragoza, que en una conferencia de prensa la semana pasada aseguraron que el diálogo con La Fortaleza había sido mínimo en torno a la elaboración de la resolución presupuestaria.
