El Tribunal de Apelaciones de San Juan desestimó la demanda presentada por las organizaciones El Puente-Enlace Latino de Acción Climática y el Sierra Club de Puerto Rico en contra de la compañía New Fortress por la construcción de una planta de gas metano en el muelle de San Juan.
Portavoces de las organizaciones advirtieron que esta decisión deja vulnerables a los residentes de las comunidades de Puerto Nuevo Norte en San Juan, Amelia y Sabana en Guaynabo, y Vietnam en Cataño, aledañas a la planta de gas metano.
“New Fortress está operando sin consulta de ubicación, por ende, sin declaración de impacto ambiental, a sus anchas, pasando por encima de la ley local y pidiendo ser eximidos de jurisdicción federal para no ser inspeccionados por la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC). New Fortress ha hecho todo lo posible por impedir el que los vecinos y comunidades expuestas a los riesgos de sus operaciones puedan presentar su caso en los Tribunales”, expresó el licenciado Pedro Saadé Lloréns, representante legal de las organizaciones y grupos comunitarios en comunicación escrita.
Las organizaciones ambientales demandaron el pasado 11 de noviembre de 2020 a la compañía New Fortress Energy, así como a la Oficina de Gerencia de Permisos, la Autoridad de Puertos de Puerto Rico y la Secretaria de Justicia, denunciando que New Fortress construyó y actualmente opera “de manera ilegal” un proyecto de importación y procesamiento de gas metano licuado en los muelles de San Juan.
Denunció que las personas que viven cerca de esta planta, que quema gas metano para producir energía en las unidades 5 y 6 de la Central de San Juan, están expuestos a ataques de asma más frecuentes, enfermedades respiratorias e inflamación de vías respiratorias por el amoníaco que produce este proceso industrial, entre otros gases perjudiciales a la salud. Esta quema de gas metano también aumenta las emanaciones de gases de efecto invernadero en Puerto Rico, que a su vez incrementan los efectos del cambio climático.
“Esto no es un temor sino una preocupación legítima basada en conclusiones científicas y de planificación razonable”, aseguró Saadé Lloréns.
No obstante, el 2 de diciembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó desestimar la demanda presentada por las organizaciones ambientales. Las organizaciones apelaron la decisión, pero ahora el Tribunal de Apelaciones ha vuelto a desestimar el caso.
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Sary Rosario, vecina de Puerto Nuevo, expresó que “nos sentimos huérfanos de justicia por la decisión que ha tomado el Tribunal de Apelaciones. Es decepcionante e indignante que el tribunal ni siquiera permita ver el caso en sus méritos. Tampoco consideran el hecho de que varios líderes religiosos de las comunidades aledañas a la planta presentaran un recurso para ser amigos de la corte en este caso”.
“No nos conformamos con que se desestime un caso que tiene fundamentos reales y que no solamente es un asunto de vida y salud para las comunidades aledañas, sino también para Puerto Rico entero”, añadió Rosario.
Por su parte, Amy Orta Rivera, coordinadora de Política Pública Ambiental de El Puente-ELAC, comentó que “el tribunal básicamente nos está diciendo que esperemos a que un desastre ocurra para entonces tener el derecho a recurrir a un remedio legal. Nuestras organizaciones y grupos buscan cumplir con la política pública ambiental establecida para que se atienda la crisis climática y la justicia ambiental”.
Adriana González, portavoz del Sierra Club de Puerto Rico, expresó que “esta sentencia del Tribunal le cierra, una vez más, las puertas no solo a nuestras organizaciones, sino también a cualquier organización o grupo comunitario que en un futuro quisiera buscar protección ante riesgos claramente asociados a una operación de una planta de gas metano”.
Las organizaciones ambientales y comunitarias están solicitando reconsideración al Tribunal para llevar al caso en todos sus méritos.
“Los tribunales no han dado crédito a los riesgos a la vida y salud que existen con la operación de New Fortress en el muelle de San Juan, sin oportunidad de presentar prueba y por entender que los vecinos cercanos no se están asfixiando, quemando, ni muriendo por haber ubicado sus operaciones cerca de sus residencias”, denunció el licenciado Omar Saadé Yordán, también representante legal en el caso.
El abogado explicó que las operaciones de New Fortress son ilegales porque no cumplieron con la planificación y participación necesaria y exigida expresamente desde antes de construir el terminal de gas metano. Tampoco obtuvieron la consulta de ubicación que le fue requerida, precisamente por la naturaleza e intensidad de las operaciones.
“Se ha impedido acceso a los tribunales sin que se consideren todas las alegaciones de la demanda y a base de criterios añadidos y sin apoyo en la jurisprudencia, como el requerir haber incluido en la demanda a todos los miembros de las organizaciones e indicar cuantos miembros las componen”, manifestó Saadé Yordán.
