Más de 100 organizaciones de Puerto Rico y Estados Unidos le enviaron una carta al Presidente Joseph R. Biden solicitando que tome acción inmediata para evitar que el contrato entre el gobierno de Puerto Rico y la empresa privada LUMA Energy, subsidiaria de Quanta Services, Inc. y Canadian Utilities Limited, dejen en estado de indefensión al pueblo y se malgasten los fondos federales.
En junio del 2020, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (P3A) suscribieron un contrato con la empresa recién formada LUMA para la operación y el mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica de Puerto Rico. El contrato de 15 años, que es muy favorable para LUMA y se negoció a puertas cerradas y sin participación ciudadana, podría convertirse en una pesadilla climática para Puerto Rico e insostenible económicamente para el pueblo, si el Presidente Biden no toma acción inmediata.
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“Es imperativo que el gobierno federal le preste atención a las organizaciones de la sociedad civil que han estado denunciando la terribles negociaciones que se han llevado a cabo en este contrato. Tal y como está el contrato, los fondos federales se usan para impulsar intereses privados y no se atenderán las necesidad básicas de Puerto Rico de crear una red energética resiliente y saludable para el ambiente” expresa Adi Martínez, directora de Operaciones de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia
Aquí está la carta:
Letter to President About LUMA Contract by Hermes Ayala on Scribd
Los grupos insisten que la administración de Biden tiene un interés en estas gestiones, porque la AEE planifica usar miles de millones de dólares de fondos federales para pagarle a LUMA la reconstrucción de una red eléctrica de Puerto Rico. “Los fondos de FEMA asignados a la AEE deben invertirse en sistemas solares en los techos de las y los abonados de la AEE y baterías y no permitir que LUMA y sus afiliadas se apropien de ellos para reconstruir el mismo sistema de transmisión que nos mantiene rehenes de las plantas de quema de combustibles fósiles contaminantes”, expresó la licenciada Ruth Santiago, abogada del Comité de Diálogo Ambiental.
De acuerdo con los términos del contrato, LUMA, compañía controlada conjuntamente por intereses estadounidenses y canadienses, asumirá casi todas las funciones de la empresa de servicios públicos puertorriqueñas, y desempeñará sus funciones esencialmente sin supervisión y con poca responsabilidad. Otra preocupación expresada en la carta es que las tarifas que la gente pagará por la electricidad aumentarán sustancialmente, esto en una isla donde se estima que el 57 por ciento de niños y niñas viven en condiciones de pobreza.
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“El contrato de LUMA, el cual privatiza el sistema eléctrico en Puerto Rico, hará de una situación grave, una peor. La administración de Biden podría evitar la situación de injusticia ambiental, laboral y económica en Puerto Rico. Este acuerdo sospechoso viola las Órdenes Ejecutivas del Presidente Biden sobre el cambio climático y la protección a los(as) trabajadores(as). La administración de Trump se negó a considerar el impacto de este terrible acuerdo para el ambiente y cómo afectaría a los(as) trabajadores(as) y a las comunidades más vulnerables al impacto de desastres naturales” expresó Laura Beatriz Arroyo, abogada senior de Earthjustice.
Si bien reconocen el compromiso de Biden de proporcionar fondos federales para apoyar la recuperación de Puerto Rico después del huracán María y otros desastres naturales, las organizaciones señalaron los enormes costos humanos, ambientales y económicos que resultarán del acuerdo actual con LUMA. Ello incluye permitir la reconstrucción de un sistema de energía eléctrica que dejará a Puerto Rico en un peor estado energético que el presente, la falta de desarrollo de energía renovable descentralizada y el desmantelamiento masivo de las protecciones para los(as) trabajadores(as). “Las organizaciones firmantes deben ser felicitadas por esta petición al Presidente, porque Puerto Rico tiene el derecho a tener un sistema eléctrico resiliente, comunitario y eco amigable, y porque el contrato de LUMA se debe de evitar por ser abusivo y estar a cuestas del dinero de los contribuyentes” expresó Pedro Saadé, profesor de la Clínica de Derecho Ambiental, Escuela de Derecho de la UPR.
Los grupos le solicitan a Biden que tome acción inmediata para que se cumplan con los estatutos federales y de Puerto Rico y así poder lograr justicia social, ambiental y energética para el pueblo de Puerto Rico. También, exhortan a otras organizaciones y personas a apoyar esta petición firmando la carta en el siguiente enlace: https://forms.gle/v2Rzh6vr8X78a3j98
