La Asamblea Legislativa aprobó poco después de las 11:00 p.m. una resolución presupuestaria que amplía dramáticamente el control de esa rama sobre el gasto público, pero que enfrenta la oposición del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador Pedro Pierluisi y reservas de la Junta de Control Fiscal (JCF).
En la Cámara de Representantes, la Resolución Conjunta 144 tuvo 27 votos a favor y 17 en contra. Además de los 26 votos de la mayoría popular, únicamente la representante Lisie Burgos, del Proyecto Dignidad, favoreció la medida.
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En el Senado, los votos a favor provinieron de la delegación de 12 miembros del Partido Popular Democrático (PPD), la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, y el independiente José Vargas Vidot. En ambos cuerpos se procedió a votar sin debate.
En conferencia de prensa previo a la votación en los dos cuerpos legislativos, el presidente senatorial, José Luis Dalmau, sostuvo que, si la resolución era avalada por ambas cámaras, esta se enviaría a la JCF, que emitiría una notificación de violaciones al plan fiscal el 25 de junio. De momento, la resolución no se enviaría al gobernador Pierluisi para evitar un veto ejecutivo. Una vez recibida la notificación, la Legislatura tendría tres días para subsanarlas y enviar a la JCF una versión enmendada.
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El también presidente del PPD indicó que, a pesar de que en el Senado no había objeción a los planteamientos del PNP para eliminar el lenguaje restrictivo a las facultades ejecutivas, en la Cámara “no había los votos” para aprobarse de esa manera.
Específicamente, la sección 10 de la resolución dispone que “se suspende todo poder de la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) o el Departamento de Hacienda, otorgado por cualquier ley vigente para autorizar la reprogramación o extensión de las asignaciones de años fiscales previos”. Entre las leyes mencionadas figuran la ley orgánica de OGP, el Código Electoral, la ley que viabilizó la elección especial de cabilderos estadistas y el estatuto que permite al gobernador convocar unilateralmente un referéndum sobre el estatus político.
“La Rama Ejecutiva deberá someterle a la Asamblea Legislativa, para su conocimiento, toda solicitud de modificación o reprogramación presupuestaria que le someta a la Junta de Supervisión conforme a lo dispuesto en el próximo párrafo”, añade la sección.
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La sección 11, en tanto sostiene que las asignaciones solo se podrán reprogramar con aval de la JCF. De esta manera, en teoría, se evitaría que el gobernador transfiriera fondos para, por ejemplo, financiar la delegación de cabilderos de la estadidad. Para financiar la elección especial que escogió los seis cabilderos, Pierluisi transfirió fondos de otras agencias a la Comisión Estatal de Elecciones y la JCF no intervino, bajo su política de no involucrarse en asuntos de estatus.
Finalmente, la sección 12 fuerza al ejecutivo a someter en detalle las justificaciones para cada reprogramación propuesta, así como una serie de informes de gastos en programas específicos y sobre las inversiones en mejoras capitales por cada agencia.
Además, la Legislatura le requeriría al gobernador someter a la JCF informes especiales sobre el Departamento de Educación, que incluirían gastos de nómina en cuatro categorías: personal administrativo central, personal administrativo regional, personal de apoyo escolar regional y personal escolar.
Más temprano en la noche, el portavoz del PNP en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, había adelantado que su delegación no aceptaría la versión que, en última instancia, se llevará a votación. La delegación del PNP insistió que la Legislatura aprobara un lenguaje que, en esencia, permitiera al ejecutivo disponer libremente del 5% del presupuesto de cada agencia.
“De lo que hemos leído, en totalmente inaceptable. Lo que se pretende es ponerle una camisa de fuerza al ejecutivo para ejecutar la obra de gobierno. Mientras estén esas restricciones, mientras se suspendan leyes que se aprobaron el pasado cuatrienio para ponerle control a los gastos de gobierno y se suspenda, incluso, la ley que habilita la OGP quitándole toda autoridad, pues no podemos votarle a favor”, subrayó.
Previo al anuncio de Dalmau, Vargas Vidot y Rodríguez Veve se habían expresado abiertos a apoyar una resolución presupuestaria que incluyera las restricciones a las que se opone el PNP.
“Yo votaría a favor. No tengo ningún problema con que se restrinja al gobernador los gastos”, dijo el senador independiente.
“Yo no hubiese tirado a la borda el esfuerzo que han hecho las comisiones de Hacienda sobre el trabajo presupuestario como tal por una enmienda como esa”, indicó, por separado, Rodríguez Veve.
Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, al igual que en la primera ocasión, se opusieron al presupuesto propuesto en ambas cámaras.
Dalmau admitió en la rueda de prensa que la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, se opone a las restricciones que busca imponer la Cámara, bajo la premisa de que deriva en procedimientos de más burocráticos.
El líder senatorial explicó que las partidas contenidas en el informe del comité de conferencia que bajará a votación incluyen las que se introdujeron en el Senado, entre ellas $15 millones para aumentos salariales a oficiales correccionales, así como para los salarios de antiguos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, $44 millones adicionales para los municipios, dinero para sufragar las operaciones de la Orquesta Sinfónica y fondos para residencias médicas y para programas de atención a personas sin hogar.
Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda, admitió que, de no avalarse el informe de conferencia en el Senado, la intención de aprobar un presupuesto en la Legislatura “muere ahí”.
El informe de conferencia contempla un nivel de gastos con cargo al fondo general de $10,112 millones, coincidiendo con los parámetros que propuso la JCF.
