El Senado aprobó hoy con enmiendas el Proyecto del Senado 191, radicado por el senador independiente, José A. Vargas Vidot y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago que busca prohibir represalias contra empleados o candidatos a empleos por el resultado positivo de una prueba de detección de sustancias controladas para las que la persona tenga una prescripción médica o autorización legal.
Según la pieza legislativa, en 2017, se firmó la “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites”. Así, el Gobierno de Puerto Rico proveyó el primer marco legislativo para regular y permitir el uso del cannabis medicinal. Sin embargo, esta ley dejó un vacío en las relaciones obrero-patronales en el momento en que se le requieran a los pacientes de cannabis medicinal pruebas para la detección de sustancias controladas, bien estos sean empleados o candidatos a empleo.
“A pesar de la autorización del consumo de cannabis medicinal, existe una hipocresía jurídica. Ese supuesto aval del Estado no vino con medidas claras y adecuadas para proteger de represalias y acciones disciplinarias a los empleados y empleadas que consumen cannabis medicinal -en ley- para tratar múltiples condiciones. Lamentablemente, en muchos espacios continúa una visión demonizante, punitiva y humillante en cuanto al cannabis medicinal que, realmente, sirve como tratamiento alternativo para una multiplicidad de condiciones. Y eso hay que acabarlo”, aseveró el senador Vargas Vidot.
Con el propósito de que se lograran conciliar los errores de la autorización del cannabis medicinal en 2017, en el cuatrienio pasado, se llegó a radicar el Proyecto del Senado 878. Sin embargo, la medida no llegó a convertirse en ley. Debido a esto, actualmente los empleados y o candidatos a empleos continúan desprovistos de protecciones laborales por el uso en ley del cannabis medicinal.
El Proyecto del Senado 191 había recibido un informe positivo por parte de la Comisión de Asuntos Laborales y Derechos Humanos, presidida por la Senadora Ana Irma Rivera Lassén. Según el informe, a pesar de que los patronos deben garantizar ambientes sanos en el trabajo, esos esfuerzos no deben entrar en conflicto con tratamientos médicos que reciban los empleados y empleadas o candidatos y candidatas a empleos.
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