Defensores de la Ley 7-2021, conocida como la Ley para un Retiro Digno, sostuvieron que el Gobierno de Puerto Rico debe impugnar la constitucionalidad de la ley federal Promesa en la búsqueda de la desestimación del pleito incoado el pasado viernes por la Junta de Control Fiscal (JCF), con el que se pretende que la jueza de quiebras Laura Taylor Swain anule el estatuto.
“Es posible defenderla ante el embate de la demanda de la JCF. El coloniaje es ilegal a nivel internacional, es un consenso, es un derecho consuetudinario, y la Ley Promesa es la máxima expresión de ese coloniaje. Por eso (Promesa) viola la enmienda uno, la quinta, la decimotercera, decimocuarta y decimoquinta enmienda de la Constitución (de Estados Unidos). La respuesta del gobernador (Pedro Pierluisi) y de la Legislatura debe ser presentar una moción de desestimación de esa demanda porque esa demanda es nula porque la Ley Promesa es inconstitucional”, planteó el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez en una conferencia de prensa convocada por miembros del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros (FMPR) y la organización Construyamos Otro Acuerdo.
El gobernador Pierluisi dio paso al proyecto que se convirtió en la Ley 7 a pesar de que ha manifestado públicamente que es “inconsistente” con el plan fiscal certificado por la JCF. De acuerdo con el mandatario, su firma al proyecto se trató de una especie de “expresión” en contra de la intención de la JCF de impulsar un plan de ajuste de deuda que incluya un recorte de hasta 8.5% en las pensiones públicas mayores de $1,500 mensuales.
Asimismo, Pierluisi ha indicado que considera innecesario entrar en un litigio sobre la Ley 7 en este momento, y que se propone presentar legislación adicional que salvaguarde las pensiones ante cualquier escenario de recorte en el plan de ajuste.
Los defensores de la Ley para un Retiro Digno, sin embargo, niegan que la medida tenga un impacto presupuestario que la coloque en incumplimiento con el plan fiscal, sino que inserta al gobierno electo en el proceso de negociación del plan de ajuste de deuda, reconociendo que la sección 314 de Promesa dispone que el tribunal puede dar paso a un plan de ajuste de deuda solamente si el deudor–en este caso el gobierno central– “no tiene prohibido por ley tomar acción necesaria alguna para ejecutar el plan”.
Asimismo, dicha sección de Promesa estipula que solo se aprobará un plan de ajuste si “cualquier aprobación legislativa, regulatoria o electoral necesaria bajo la ley aplicable para ejecutar cualquier provisión del plan se ha obtenido, o dicha provisión está expresamente condicionada a dicha aprobación”. Esa disposición es la que se interpreta como que cualquier reestructuración de la deuda debe contar con el aval del gobierno electo a los fines de, por ejemplo, legislar un intercambio de bonos, como ocurrió con los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) en 2018.
De acuerdo con Emmanuelli Jiménez, la JCF ha sido “muy sensible” a los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de Promesa y, por ende, de la existencia del propio organismo.
“El alcalde de San Sebastián se lo planteó directamente y el municipio estaba en un plan piloto. (La directora ejecutiva de la JCF) Natalie Jaresko eliminó el plan piloto porque no quieren confrontar la legalidad de la ley a base de planteamientos de la Constitución federal. Esa es la fuerza que tiene el gobierno. Otros lo han tratado de hacer pero la jueza Swain ha resuelto que no tienen legitimación activa. La Legislatura y el gobernador tienen legitimación activa y es algo que está en los propios records del tribunal. A quien le toca ahora es a la Legislatura y el gobernador hacerlo. Si no lo hacen, sus promesas y alegadas defensas de los pensionados fueron falsas”, sostuvo Emmanuelli Jiménez, quien ha representado a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego en pleitos bajo la Ley Promesa.
Desde que el proyecto se encontraba bajo consideración de la Asamblea Legislativa, Jaresko advertía que sus disposiciones atentaban contra el plan fiscal vigente y, por ende, contra la Ley Promesa.
En la demanda que presentó el viernes pasado contra el gobernador y los presidentes legislativos, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, Jaresko alegó que la Ley para un Retiro Digno incurre en seis violaciones de Promesa y la Constitución estadounidense. Entre ellas, se menciona que el gobierno electo estaría aprobando una ley que “complica o derrota” los propósitos de Promesa, que Pierluisi firmó el proyecto a pesar de certificar que era “significativamente inconsistente” con el plan fiscal y que modifica acreencias sin la autorización de la JCF.
La Ley 7, además de proteger la totalidad de las pensiones, define una serie de servicios esenciales y busca evitar que se apruebe un plan de ajuste que incluya repagos de bonos que han sido impugnados, a menos que el tribunal valide su legalidad.
“Llegó el momento de la definición. Está medida tiene el respaldo del país y el gobernador tiene la obligación y la oportunidad histórica de colocarse del lado de Puerto Rico. No hay espacio para retroceder. Gobernador Pedro Pierluisi; ni un paso atrás. El país lo exige”, indicó Pedro Pastrana Ortiz, portavoz del Capítulo de Jubilados de la FMPR.
“Hemos logrado mucho en este esfuerzo. La Junta de Control Fiscal federal ha quedado en evidencia como quienes están detrás de cortar pensiones, eliminar y reducir servicios y empobrecer a los y las puertorriqueñas. Pero falta mucho y requiere de la movilización de todos y todas”, añadió, por su parte, Sonia Palacios, de Construyamos Otro Acuerdo.
Las organizaciones defensoras de las pensiones convocaron a una manifestación el martes 13 de julio desde las 10:00 a.m. frente al edificio que alberga las oficinas de la JCF en Hato Rey. Para ese mismo día la jueza Swain citó a una vista en la que se discutirá la declaración informativa sobre el plan de ajuste que propone la JCF.
