El gobernador Pedro Pierluisi anticipó que su administración someterá ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain una moción solicitando que se deje en suspenso la demanda para derogar la Ley para un Retiro Digno que presentó el pasado viernes la Junta de Control Fiscal (JCF).
De esa forma, el primer ejecutivo reiteró su postura de que la controversia, en este momento, no debe litigarse en corte, al tiempo que pareció dar por perdida cualquier oportunidad de defender la validez legal del estatuto, debido a su alegada “inconsistencia” con el plan fiscal certificado.
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“¿Qué vamos a hacer en el tribunal? Aparte de lo que ya hicimos, que fue admitir que la ley es inconsistente con el plan fiscal, admitir que algunas de sus disposiciones violan Promesa, y eso habla por sí solo, aparte de decir eso, vamos a informar al tribunal de las dos medidas que estamos radicando y pidiéndole al tribunal que deje en suspenso el caso hasta tanto tratemos de buscarle una solución al asunto”, resumió el mandatario esta tarde durante una rueda de prensa.
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Desde antes de que la pieza legislativa llegara a su escritorio, Pierluisi había advertido que el proyecto que se convirtió en la Ley 7-2021, a juicio de su gobierno, incumplía con el plan fiscal y la Ley Promesa y que, por lo tanto, era susceptible a ser anulado si la JCF lo impugnaba.
Además del gobernador, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, incluyó como demandados al presidente del Senado, José Luis Dalmau, y su homólogo cameral, Rafael “Tatito” Hernández, quienes podrían desarrollar sus propias estrategias legales en defensa de la ley.
La solución que propone Pierluisi para evitar tanto un litigio ante la jueza Swain como el recorte de hasta 8.5% en las pensiones públicas que persigue la JCF consiste de dos nuevos proyectos de ley que se presentarían “en cuestión de días”.
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“La junta y el plan fiscal certificado por la junta está totalmente opuesta a esa ley y esa ley es inconsistente con el plan fiscal y no cumple con la Ley Promesa, no hay que ser abogado para saber eso. Pero en vez de estar litigando yo quiero que estemos buscándole una solución a esto. Voy a estar presentando, en cuestión de los próximos días, cuanto antes mejor, dos diferentes proyectos de ley. Uno lo que busca es conceder un retiro digno a todos los servidores públicos que llegaron al gobierno antes del 2000 con la expectativa de tener una pensión definida justa y razonable”, manifestó el mandatario.
A partir del 2000, tras enmiendas a la Ley de Retiro, los trabajadores que han entrado al servicio público aportan a un plan de contribución definida, por lo que sus pensiones futuras se determinarán a base del dinero que aportaron mientras eran empleados activos.
“Por otro lado, otro proyecto que va a garantizar que se honren todas las pensiones, desde hoy hasta que venzan todas las pensiones, estableciendo o dándole la debida prioridad al pago de las pensiones. Las dos medidas se van a estar presentando y yo lo que espero es que la junta tenga la apertura para considerarlas”, afirmó Pierluisi, quien no precisó si convocaría una sesión extraordinaria para la evaluación de las medidas.
De otro lado, el ejecutivo no quiso abundar sobre la posibilidad de que el tribunal creado por Promesa tenga la facultad de obligar al gobierno electo a legislar un proyecto que acoja las disposiciones de un plan de ajuste de deuda.
Debido a que la sección 314 de la Ley Promesa sostiene que cualquier reestructuración solo puede ser avalada por el tribunal si cumple con las leyes y regulaciones pertinentes, y el ajuste de la deuda del gobierno central requerirá enmendar estatutos e intercambiar bonos, se considera que el gobierno electo tiene la posibilidad de bloquear un plan de ajuste que proponga elemento como recortes a los beneficios de retiro.
“No nos debemos adelantar a lo que el tribunal pudiera decidir en su momento. Sí puedo decir que es obvio que no hay ambiente en la Legislatura de Puerto Rico y tampoco está la disposición mía para recortar las pensiones. Ya se recortaron las pensiones por más de 20% desde 2013 para acá. Ya esa clase de acreedores, si le llamamos así, del gobierno fue fuertemente impactada. No hay justificación fiscal ni legal para insistir en ese recorte. No nos adelantemos. Yo estoy buscando una solución porque sé que si el plan de ajuste de la deuda incluye corte de pensiones y se requiere legislación, lo que puede ser que suceda, y nadie debe querer que suceda, es que se trate el proceso de reestructurar la deuda”, manifestó.
Ayer el abogado experto en Promesa Rolando Emmanuelli instó al gobierno a cuestionar la constitucionalidad de la Ley Promesa en su defensa de la Ley de Retiro Digno. La Ley 7-2021, además de proteger la totalidad de las pensiones, define una serie de servicios esenciales y busca evitar que se apruebe un plan de ajuste que incluya repagos de bonos que han sido impugnados, a menos que el tribunal valide su legalidad.
