Como secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre reconoce que Puerto Rico no podrá escapar a los cambios en los modelos contributivos que se avecinan a escala global impulsados por Estados Unidos, y que muy bien obligarían al país a dejar en el olvido la estrategia de atraer inversión extranjera principalmente a base de bajas tasas tributarias.
“El DDEC ya convocó a un grupo de expertos en el área contributiva. De hecho, la primera reunión la tuvimos este viernes pasado. Un poco para entender por dónde va el mundo, porque ya esto no es un problema solamente del Congreso americano. Ya suscribieron 130 países (el acuerdo para fijar una tasa corporativa mínima de 15%), el G-7 se reunió en Londres, el G-20 se reúne ahora en diciembre. Sin temor a equivocarme, yo creo que esto es un asunto resuelto, y lo que queremos es insertarnos en cómo nos va a afectar y qué tenemos que hacer para que no nos afecte lo que puede afectar a todo el mundo”, mencionó Cidre en entrevista con Metro.
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El funcionario sostuvo que, con toda probabilidad, la tasa mínima global aplicará primordialmente a empresas grandes con elevados niveles de rendimiento. En el caso de Puerto Rico, una “radiografía” a las corporaciones con ese perfil apunta a que “aplica a la mayoría de las actividades farmacéuticas y ‘medical devices’ (equipo médico) que están en la isla. Dicho eso, debemos pensar que esas compañías que hoy disfrutan de un decreto de 4% en Puerto Rico, Puerto Rico les va a cobrar un 15% porque a Puerto Rico no lo va a salvar nadie, vamos a estar igual que todo el mundo”, subrayó Cidre, quien prevé que el nuevo esquema contributivo, al menos en Estados Unidos, entre en vigor para el 2023.
Pese a la posibilidad de ese escenario, muy distante de lo que ha sido el panorama contributivo en la isla desde que comenzó su industrialización a mediados de siglo pasado, Cidre aseguró que no alberga temor de que las corporaciones actualmente sujetas al régimen del arbitrio de 4% a las ventas a sus corporaciones matrices –y que representan cerca de una quinta parte de los recaudos del fondo general– abandonen de súbito el país. Partiendo de esa premisa, Cidre subrayó la necesidad de desarrollar una estrategia para maximizar el uso de los recaudos adicionales que provendrían del aumento del 4% al 15%.
“Yo no creo que esa sea la reacción. No podemos olvidar que la productividad en Puerto Rico es de las mejores del mundo. No podemos olvidar que la experiencia nuestra en el área de ‘pharma’ ya data de 60 años. No podemos olvidar que la gerencia que maneja las operaciones en Puerto Rico son puertorriqueños y que muchas operaciones en el mundo entero la dirigen puertorriqueños. Así que esa ventaja competitiva estoy completamente convencido que no la tiene nadie de nuestro entorno inmediato. Así que el salir corriendo no creo que sea la actitud de estas compañías. Obviamente nosotros, como DDEC y gobierno, tenemos que asegurarnos de anticipar cualquier medida y ser creativos e innovadores en incentivos que promuevan el desarrollo económico, no basado necesariamente en impuestos”, esbozó el veterano empresario.
“Estamos completamente convencidos de que podemos traer un paquete de incentivos diferente porque ya a plataforma original de ser un ‘tax-driven jurisdiction’ posiblemente quedó atrás, porque todo el mundo va a estar igual”, insistió.
Para el economista José Caraballo Cueto, la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos, en el marco de las discusiones globales sobre los régimenes contributivos, deja tres posibles escenarios para la isla.
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“El cambio más extremo es que el Congreso cambie la Ley 600, que es la que le daba autonomía fiscal a Puerto Rico y todas las corporaciones tengan que pagar el 15%. Eso nos llevaría a que, por ejemplo, empresas agrícolas, de reciclaje, hoteles, además de la manufactura, tengan que pagar al menos un 15%. En ese caso extremo, mi sugerencia es que se subsidie el costo eléctrico y de hacer negocios para compensar ese aumento y no tengan que desaparecer ni negocios locales ni inversión extranjera”, planteó Caraballo Cueto.
Un segundo escenario sería que la tasa mínima aplicara en Puerto Rico solamente a corporaciones del exterior, eximiendo a los empresarios domésticos.
“En ese caso también habría que subsidiar otros costos para poder compensar esa pérdida de competitividad. Si lo hacemos inteligentemente, incluso nos podemos beneficiar, pues ya estaríamos a la par con otras jurisdicciones que quizás puedan cobrar unas tasas más bajas”, manifestó el catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
“Un tercer escenario pudiese ser que no nos aplique esa disposición por ser un territorio y no estar bajo la jurisdicción fiscal de Estados Unidos. Ahí Puerto Rico tendría una ventaja competitiva con otras jurisdicciones en impuestos”, añadió Caraballo Cueto.
¿Dónde encontrar nuevas ventajas competitivas?
Más allá de las tasas contributivas que pueda ofrecer, Puerto Rico es considerada una jurisdicción altamente competitiva con relación al costo de su mano de obra especializada, en comparación con lugares como Irlanda o California, indicó Caraballo Cueto. Sin embargo, esa ventaja se desvanece al analizar otros renglones, como el costo de energía, la infraestructura y capacidad de transportación, así como el costo de mano de obra no especializada.
Todas esas variables, explicó el economista, revestirían de mayor importancia ante un escenario de mayor paridad contributiva a nivel global.
“Estos planes de aumentar el costo energético, por la reestructuración de la deuda (de la Autoridad de Energía Eléctrica), va en contra de lo que hace falta ahora, que es incluir el costo energético como parte de esa oferta competitiva de Puerto Rico”, afirmó el experto.
Al anticipar que la tasa mínima se concentrará en las compañías que generen mayores ingresos, Cidre sostuvo que se abrirían áreas de oportunidad para atraer empresas pequeñas y medianas.
“Contrario a nosotros, una pequeña empresa americana es aquella con ‘revenue’ (ingresos) de $500 millones y una mediana, aquella con $800 millones. Así que el esfuerzo nuestro va muy dirigido a atraer esas compañías pequeñas y medianas y establecerlas en las zonas deprimidas en Puerto Rico, que lamentablemente y, con mucho dolor en el corazón, es el 96% del territorio”, dijo Cidre, al aludir a un proyecto de la comisionada residente Jenniffer González y el senador Marco Rubio que busca que se aplique un impuesto de 4% en las zonas económicamente deprimidas.
En última instancia, puntualizó Cidre, el gobierno deberá desarrollar nuevas estrategias de la mano de las diferentes industrias con presencia en Puerto Rico.
“Hay industrias que necesitan incentivarse desde el punto de vista de energía, porque sus operaciones consumen mucha energía, Otras, desde el punto de vista de labor, porque su labor es fundamental, como la industria textil para uniformes del ejército de Estados Unidos. Hay industrias que es el transporte, el mercadeo, la investigación y desarrollo, el empaque. Obviamente, tenemos que sentarnos junto a esa industria, foránea y no foránea, para identificar los incentivos en esa dirección. En eso ya nos estamos moviendo”, señaló Cidre, al añadir que, por “instrucciones” del gobernador Pedro Pierluisi, el DDEC ha comenzado a delinear estrategias para la creación de un fondo proveniente del “11% adicional que les vamos a cobrar”.
