Al tiempo que la Junta de Control Fiscal (JCF) hoy siguió sumando acreedores a su propuesta para reestructurar una porción de la deuda del país, el ente fiscal insistió en que no necesita la autorización de la Legislatura local para la ejecución de un plan de ajuste de la deuda, que incluye la emisión de nuevos bonos.
Durante la vista de hoy, el abogado de la JCF, Brian Rosen, informó a la jueza que habría alcanzado un acuerdo “en principio” con las asegurados Ambac Assurance y Financial Guaranty Insurance (FGIC, por sus siglas en inglés). En un momento dado, ambas empresas se oponían continuamente al acuerdo de reestructuración de la deuda impulsado por la Junta.
Ante esto, Rosen intentó que la audiencia fuese pospuesta para continuar con las negociaciones entre el ente fiscal y las empresas. Sin embargo, Swain pidió a los abogados de la Junta a que contestaran la mayoría de las objeciones que se presentaron en la vista de ayer. Ayer, la Junta también anunció que alcanzó un acuerdo con el Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) en medio de las discusiones para la aprobación de la Declaración Informativa del plan de ajuste de la deuda. Dicha declaración —la cual contiene los detalles del acuerdo de reestructuración— requiere el aval de la jueza Swain antes de pasar a la fase de confirmación del plan de ajuste de la deuda.
En medio de la vista, el abogado de la JCF Martin Bienestock, criticó que el gobierno de Puerto Rico haya impulsado la Ley 7 de 2021 —también conocida como la Ley de Retiro Digno— y argumentó que dicha legislación tendría el efecto de aumentar los gastos del gobierno en el pago de pensiones y que esta cifra podría ascender a unos $17,000 millones. “Dicha legislación coloca a Puerto Rico nuevamente en una situación de peligro económico”, dijo Bienestock, quien comentó que la Junta impugnó dicha legislación en el Tribunal Federal el pasado 2 de julio.
El letrado también planteó que el Código de Quiebras y la Ley Promesa autoriza al Tribunal a que ordene una nueva emisión de bonos en un proceso de quiebras. Agregó, incluso, que la Junta no permitirá que el gobierno local debilite la misión del ente fiscal en lograr el acceso a los mercados capitales y responsabilidad fiscal.
A preguntas de Swain, Bienestock mencionó que, de así quererlo los acreedores y bonistas en el proceso de confirmación del plan de ajuste de la deuda, podría continuar buscando un acuerdo con el gobierno y especialmente con la Legislatura ya que el abogado reconoció que podría ser cuesta arriba ya que responden a partidos políticos contrarios.
Por su parte, al principio de la vista, Swain indicó que hoy no estaría tomando una determinación en torno a la aprobación de la Declaración Informativa ya que estaría esperando a que finalicen las negociaciones entre la Junta, Ambac y FGIC.
No obstante, el plan de ajuste de la deuda del gobierno central podría estar encaminado a pasar su primer obstáculo en el Tribunal Federal luego de que la propia jueza indicó que las objeciones presentadas ayer no figuran como un impedimento para pasar al inicio del proceso de confirmación del plan de ajuste, que conllevaría trazar un calendario que incluirá un proceso de votación entre los acreedores y bonistas elegibles y vistas judiciales en donde se argumente en torno a dicho acuerdo. La fecha límite para la votación sería el próximo 4 de octubre. Ayer, la jueza escuchó argumentos a favor y en contra de la declaración informativa. Incluso, la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció que habría alcanzado otro acuerdo con un sector de acreedores no asegurados.
Durante la vista de ayer, el gobierno central advirtió a la jueza Swain que podría aproximarse otro encontronazo entre la Legislatura y la Junta, de aprobarse el plan de ajuste de la deuda que podría tomar hasta octubre de este año.
“Debido a que la Junta insiste en ejecutar recortes a las pensiones como parte del plan de ajuste, aún permanece un gran riesgo de que una legislación significativa no sea presentada”, dijo el abogado John Rapisardi, quien representa a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).
Rapisardi, además, objetó los planteamientos de la Junta de que la Ley Promesa les permite evitar buscar la autorización de la Legislatura de Puerto Rico para emitir nuevos bonos tras la confirmación del plan de ajuste de la deuda. El letrado argumentó que la Junta pretende extralimitarse en los poderes que otorga la Ley Promesa y que busca circunvalar los poderes de la Legislatura. Rapisardi recordó que el plan de ajuste de la deuda de Cofina contó con el cedazo legislativo antes de su ejecución. Agregó que, aunque estas objeciones pueden ser atendidas durante las vistas sobre la confirmación del plan de ajuste, el Tribunal debe hacer constar en la Declaración Informativa que aún existen dudas en torno a la emisión de nuevos bonos. “¿Qué tipo de bonos se pueden emitir sin legislación?”, cuestionó Rapisardi.
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