Los seis cabilderos de la estadidad que desde inicios de julio ejercen sus funciones en la capital federal tendrán amplia discreción al momento de elaborar los informes que cada tres meses deberán someter al gobernador Pedro Pierluisi para hacer constar sus gestiones, indicó la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales Puerto Rico (Prfaa), Carmen Feliciano.
Y es que tanto la Ley 167-2020 como las guías que recientemente promulgó Prfaa para delinear los trabajos de la llamada delegación congresional son poco específicas en torno a las tareas que deberán ejecutar los funcionarios electos, así como en el contenido que se recogerá en los informes trimestrales.
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“No hay un formato específico, sino que cada uno de ellos son, como miembros de una delegación congresional, entes individuales, que fueron electos individualmente. Ellos, cada uno, va a tener la libertad de redactar ese informe como entiendan que sea más adecuado para poder transmitir la información de lo que estuvieron haciendo durante esos tres meses. Hay maneras de hacer esos informes, ellos son todos profesionales. Tenemos una estudiante de abogada, una abogada, un pasado gobernador, una (ex)alcaldesa. Ellos son profesionales y a mí no me cabe duda que esos informes van a ser unos informes de calidad”, sostuvo la jefa de Prfaa, a cuya oficina están adscritos y sufraga los gastos de los cabilderos.
“Si en lo que se entrega vemos que hay unas deficiencias o preguntas adicionales, se harán las preguntas que sean pertinentes”, añadió Feliciano.
Las guías preparadas por Prfaa disponen que los cabilderos tendrán la responsabilidad de comparecer al Congreso, la Casa Blanca, agencias federales y los tribunales para “expresarse” a favor de la anexión; “educar, abogar y promover” la estadidad y la igualdad de derechos; y “estudiar, incentivar y facilitar” iniciativas a favor de la admisión.
De acuerdo con la funcionaria, no se contempla emitir un reglamento o guías adicionales que establezcan un mínimo de información requerida que se deba incluir en los informes.
El documento que entró en vigor el 1 de julio, denominado “Guías para definir la relación entre la delegación congresional y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico”, se limita a hacer referencia al artículo 12 de la Ley 167, en el que se establece la obligación de presentar los informes cada 90 días.
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“La Delegación podrá emitir informes adicionales, según lo estime necesario para adelantar la política pública definida en la ley habilitadora”, agregan las guías.
“No hay un formato. Yo creo que sería antiproducente en ese sentido”, recalcó Feliciano.
Promete fiscalización
Pese a la aparente flexibilidad que disfrutarán los cabilderos al reportar sus gestiones, Feliciano aseguró que Prfaa cuenta con las facultades para supervisar efectivamente las labores de los seis delegados.
Melinda Romero y Zoraida Buxó son las cabilderas ante el Senado federal, mientras que Elizabeth Torres, María “Mayita” Meléndez Altieri, Roberto Lefranc Fortuño y el exgobernador Ricardo Rosselló harían lo propio ante la Cámara baja. En el caso de Rosselló, aunque juramentó y entró en funciones, se mantiene viva la pugna ante el Tribunal Supremo sobre su cumplimiento con los requisitos para haber sido electo por nominación directa.
“Yo no diría que (disfrutan de) total libertad, porque la Ley 167 (define que) son funcionarios públicos, que se deben al pueblo y el pueblo los va a estar fiscalizando. Segundo, la ley requiere que hagan el informe al gobernador cada 90 días sobre las gestiones y logros alcanzados en ese tiempo. Es una forma en que el gobernador va a poder estar midiendo la función de esos funcionarios”, señaló Feliciano, quien recordó que ella se estará reuniendo personalmente con los cabilderos mensualmente, según lo disponen las guías.
“El asunto del estatus está bajo la jurisdicción de la agencia, es uno de los temas que trabajamos, así que tenemos que trabajar todos en conjunto y compartir la información que tengamos. Sí entiendo que hay mecanismos para supervisar o fiscalizar la labor de los delegados”, puntualizó.
Ayer, Metro intentó sin éxito contactar a Buxó, Romero, Meléndez Altieri y Lefranc Fortuño para entrevistarlos sobre las gestiones que habían realizado en sus primeras dos semanas en funciones. Meléndez Altieri, exalcaldesa de Ponce, indicó por mensaje de texto que se encontraba viajando desde la capital federal a Puerto Rico, con planes de regresar a Washington D.C. el lunes.
Una portavoz de Lefranc Fortuño, en tanto, dijo que el cabildero comenzaría a dar entrevistas más adelante, según se fueran concretando las reuniones y actividades que espera desarrollar en la capital federal.
Entre las actividades en las que Prfaa ha provisto apoyo hasta el momento, Feliciano enumeró la “academia congresional”, que consistió en dos días de talleres sobre el funcionamiento del Congreso federal y la forma en que se maneja el tema del estatus; una reunión con “senador en la sombra” de Washington D.C.; y otro encuentro con un representante de una organización sin fines de lucro que aboga por la estadidad para Puerto Rico.
“Están ellos cada uno trabajando en delinear qué estrategias seguir, dónde están sus áreas fuertes, dónde entienden que pueden ser más exitoso. Están en ese proceso”, dijo la directora ejecutiva de Prfaa.
Sobre el presupuesto para financiar los salarios y gastos reembolsables de cada cabildero –$90,000 y $30,000 anuales, respectivamente– reconoció la posibilidad de tener que realizar “ajustes” más adelante en el año fiscal. Hasta el 30 de junio de 2022, la nómina de los congresistas en la sombra podría ascender a $600,000, toda vez que Rosselló no cobrará, mientras que el presupuesto asignado a la nómina de Prfaa se fijó en $1.332 millones.
“Vamos a ver de qué manera podemos seguir costeándolo, pero para no entrar en violación de la ley, se permitirán los primeros pagos de salario del presupuesto de la agencia. Para cumplir con esos primeros pagos sí (hay dinero). Tenemos que ver sobre la marcha qué se puede hacer”,
¿Puede dar garantías de que habrá $600,000 para financiarlos hasta el 30 de junio de 2022?, le preguntó Metro.
“Tendríamos que hacer ajustes, si fuera el caso. Si tengo que terminar sacándolos de aquí. Es una ley que exige a la agencia hacer eso y tengo que cumplir con la ley”, respondió Feliciano.
