El secretario de Comercio bajo la presidencia de Donald Trump engañó al Congreso sobre la razón por la que quería añadir una pregunta de ciudadanía al Censo de 2020, de acuerdo con una investigación de la Oficina del Inspector General. Sin embargo, el Departamento de Justicia actual ha decidido no procesarlo.
Wilbur Ross tergiversó la razón para añadir la pregunta de ciudadanía al cuestionario del censo durante dos comparecencias ante comisiones de la Cámara de Representantes en marzo de 2018, mostró la investigación de la agencia de acuerdo con una carta enviada la semana pasada a los líderes del Congreso por parte de la inspectora general Peggy Gustafson.
Hacer declaraciones falsas ante el Congreso es un delito federal. Los resultados de la investigación de la Oficina del Inspector General fueron presentados al Departamento de Justicia, pero los abogados de la dependencia rechazaron iniciar actuaciones judiciales, señala la carta.
De momento no había respuesta del Departamento de Justicia a una solicitud de comentarios. Nadie contestó el teléfono el lunes en un número de Palm Beach, Florida, que figuraba a nombre de Ross ni un correo electrónico.
La Corte Suprema finalmente bloqueó la adición de la pregunta de ciudadanía previo al censo de 2020, pero los críticos dijeron que al buscar añadir la pregunta, el gobierno de Trump trató de sofocar la participación de las personas que no cuentan con la ciudadanía estadounidense y de los grupos de minorías étnicas.
De acuerdo con los críticos, la pregunta de ciudadanía se inspiró en el experto republicano en redistribución de distritos Tom Hofeller, que había escrito previamente que utilizar la población en edad de votar de los ciudadanos en lugar de la población total para redistribuir los distritos congresuales y legislativos podría ser ventajoso para los republicanos y los blancos no hispanos.
Durante su testimonio ante el Congreso, Ross declaró que el Departamento de Justicia solicitó añadir la pregunta sobre la ciudadanía al formulario del censo a finales de 2017 con el objetivo de hacer cumplir la ley federal sobre el derecho al voto. Pero la investigación del inspector general señaló que eso “tergiversaba la justificación completa”, ya que el personal de Ross se había comunicado con el Departamento de Justicia muchos meses antes de que se hiciera la solicitud.
Las pruebas sugieren que el Departamento de Comercio pidió y participó en la redacción de la solicitud del Departamento de Justicia, según la investigación.
