Ante el estado de emergencia que atraviesa el país por la violencia de género, la Fundación Ángel Ramos designó un fondo de 100,000 dólares para apoyar un programa que ofrece asistencia y apoyo a las víctimas de violencia mediante los servicios de intercesoras legales.
El proyecto, gestado por Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), ofrece orientación, asistencia y apoyo emocional a las víctimas de violencia. Se implementará en Aguadilla y Mayagüez por tratarse de municipios con un notable número de casos de violencia de género que no es proporcional con la cantidad de intercesoras legales disponibles.
“El aumento de casos de violencia de género, sobre todo a mujeres, es alarmante. Las situaciones que hemos experimentado en los últimos años -los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del COVID 19- han puesto de relieve la vulnerabilidad de las víctimas de violencia, así como sus efectos en el entorno familiar y comunitario. Desde la Fundación estamos aunando esfuerzos para enfrentar la violencia que tanto nos afecta como sociedad. Sabemos que se requiere de múltiples esfuerzos de educación y prevención entre otros, que pudieran ser proyectos a largo plazo. Sin embargo, el objetivo de nuestra Junta de Directores es hacer algo ahora, que pueda tener un impacto inmediato”, expresó el presidente de la Fundación Ángel Ramos, Roberto Santa María.
Te recomendamos:
- Salud informa 269 nuevos casos de COVID-19, no reportan muertes
- Yankiel Rivera eliminado de Tokio 2020 tras perder en su debut olímpico
- Presidente del PPD propone otra consulta con el ELA en la papeleta aunque el PNP y PIP la boicoteen
Para el desarrollo del proyecto, que al momento tendrá un año de duración, CPM establecerá alianzas con otras organizaciones que ofrecen servicios a las víctimas sobrevivientes en la zona.
La directora ejecutiva de CPM Vilma González explicó que “son muchos los incidentes de violencia que no son denunciados o quedan invisibilizados. Uno de los principales factores para que no se procesen los casos de forma adecuada es la respuesta institucional del sistema de justicia. Podemos encontrar funcionarios y funcionarias que muestran actitudes basadas en prejuicios y desconocimientos sobre el problema y sus secuelas. Precisamente por esto, el rol de las intercesoras legales es fundamental. Las intercesoras no asesoran ni representan, pero interceden, acompañan y facilitan para que las mujeres puedan expresarse y defender sus derechos”.
