Cuba dispuso prisión domiciliaria este fin de semana para varias personas sancionadas con cárcel la semana pasada en juicios sumarios y que habían sido detenidos durante las inéditas manifestaciones de mediados de mes.
“Fui liberado el sábado por mediación de la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), Norma Rodríguez que intercedió por mí”, dijo a The Associated Press el artista Carlos González Acosta. “Me anunciaron una prisión domiciliaria, en mi casa, hasta la espera del resultado de la apelación”.
González, de 38 años, fue condenado el martes pasado a una pena de 10 meses de prisión por el delito de desordenes públicos y es una de las 59 personas que las autoridades judiciales indicaron habían sido sancionados hasta ahora tras los disturbios del 11 y 12 de julio. Su abogado había presentado apelación.
El artista relató que fue entrevistado por la presidenta del CNAP en la prisión de Valle Grande, a la que ingresó junto con oficiales carcelarios por la tarde y por la noche se le permitió ir a casa. Aseguró que otras dos personas –uno de ellos el fotógrafo Anyelo Troya– habían salido en iguales condiciones.
Hasta ahora las autoridades no informaron cuántas personas fueron arrestadas en esos días, pero el sábado Rubén Remigio Ferro, del Tribunal Supremo Popular (TSP) indicó que se habían realizado en los tribunales 19 procesos involucrando a 59 personas con delitos de menor gravedad.
“La motivación, en mi caso personal, que tuve para salir a manifestar, fue ejercer mi derecho a expresar mis opiniones”, dijo González, quien relató que había sido detenido el 11 de julio cuando se retiraba sin haber ejercido violencia. La pluralidad de las demandas —algunas económicas derivadas de la crisis como la carestía, otras sociales y políticas de los disconformes— demostraron, según el artista, la espontaneidad de las protestas.
Tanto desde el TSP como la fiscal general de la república se insistió en que los procesos se habían realizado con apego a las leyes cubanas con todas las garantías para los acusados. “No somos trogloditas”, expresó Ferro al defender la actuación de los tribunales.
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Las inéditas manifestaciones, las más importantes por el número de personas —unas miles— y por que se desarrollaron en varios puntos del país, sacudieron a Cuba, que atraviesa una dura crisis económica y un rebrote del nuevo coronavirus con más de 8.000 contagios diarios.
En algunos puntos se tornaron vandálicas con saqueos, robos y enfrentamiento con la policía y vecinos simpatizantes de la revolución que también salieron a las calles. Una persona falleció.
Organizaciones no gubernamentales estimaron en unas 600 las detenciones, aunque en los primeros días se produjeron liberaciones como la del dramaturgo Yunior García Aguilera.
En estas dos semanas posteriores no se produjeron nuevas manifestaciones ni disturbios. Las autoridades culparon inicialmente a las redes sociales de alentar desde Estados Unidos una campaña y al gobierno de ese país de continuar con su política de sanciones presionando un cambio de modelo político en la nación caribeña.
Sin embargo, el presiente Díaz-Canel hizo una incipiente autocrítica de la parte que le toca a la gestión de gobierno en la dramática situación de la isla en torno a la escases de comida y medicinas, las colas, los cortes de luz y el deterioro de la calidad de vida en barrios populares.
Sus ministros aprobaron medidas de importación y exportación de alimentos, aseo y medicamentos y prometieron una pronta oficialización de leyes para abrir pequeñas empresas privadas, al tiempo que dirigentes del gobernante Partido Comunista y asociaciones afines salieron a visitar barrios pobres y hablar con la gente.
Este lunes una veintena de países encabezados por Estados Unidos condenaron los arrestos mediante una declaración dada a conocer por el Departamento de Estado y que exhorta a las autoridades cubanas “a respetar los reclamos de derechos humanos universales que expresan los cubanos”.
“El gobierno cubano no ha respondido escuchando los reclamos de su propio pueblo, sino acallando todavía más esas voces mediante actos de detención arbitraria y juicios sumarios que se desarrollaron de manera secreta y sin garantías de debido proceso”, expresó el comunicado firmado entre otros por Austria, Israel, Brasil, Montengro y Ucrania.
