Los empleados gubernamentales que trabajen de manera presencial estarán obligados a vacunarse contra el Covid-19 a raíz de una orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi que entrará en vigor el 16 de agosto.
De esa forma, los empleados del gobierno central se convierten en el segundo grupo en dos semanas cuya inoculación se establece de forma compulsoria. La semana pasada, el Departamento de Salud emitió un mandato para que estudiantes y empleados en escuelas y universidades presenten evidencia de vacunación para poder ingresar de manera presencial a los centros educativos.
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Al igual que con el sector educativo, los empleados públicos podrán quedar exentos de la orden ejecutiva si proveen un documento que certifique alguna razón médica para no inocularse, o un affidávit firmado por un líder espiritual que aluda a motivos religiosos para rechazar la vacuna.
Sin embargo, en el caso de los trabajadores del sector público que sometan una excusa válida para no vacunarse, tendrían que presentar semanalmente un resultado negativo a una prueba diagnóstica de Covid-19.
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Según Pierluisi, si el empleado se negara a presentar el resultado de la prueba, tendría la alternativa de agotar las licencias a las que tenga derecho. Si agotara todo el balance de licencias, al empleado se le proveería una licencia sin sueldo que se extendería hasta que concluyera el estado de emergencia por la pandemia del Covid-19.
“Estoy actuando como patrono de toda la rama ejecutiva, pues tengo el deber y la potestad de tomar estas medidas administrativas que aplican a todos los empleados. Para decirlo de otra manera, estoy sentando el ejemplo”, dijo Pierluisi en una conferencia junto al secretario de Salud, Carlos Mellado.
El gobernador detalló que, de momento, la orden ejecutiva aplicará a 65 agencias del gobierno central, por lo que no cubrirá a las corporaciones públicas, municipios ni al sector privado. Pierluisi no pudo precisar cuántos de los cerca de 90,000 empleados correspondientes a las 65 agencias aún no se han vacunado, pero estimó que, a base de las estadísticas generales de vacunación, debe ser alrededor del 30%, o unos 27,000.
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Sin embargo, el mandatario apostó a que, con la acción tomada por el ejecutivo, tanto las corporaciones públicas como los municipios adoptarían medidas similares en el futuro inmediato. Asimismo, sostuvo que su expectativa es que lo mismo ocurra con el sector privado, al igual que en las ramas legislativa y judicial.
“Pensaría que muchos patronos van a impactar la misma norma. Aquí se hizo el estudio legal, el patrono tiene el poder de hacerlo. En la orden citamos hasta casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, casos de dos tribunales federales, lo que ha indicado el Departamento de Justicia federal, lo que ha indicado la Comisión de Oportunidades en el Empleo. Todo lo estamos citando porque eso es lo que va a proteger al patrono que exija lo que estoy exigiendo yo. Yo sé, a base del asesoramiento legal que he recibido, que yo como patrono puedo tomar esta media y es totalmente legal”, reiteró el primer ejecutivo.
Aun así, Pierluisi dio a entender que “no descarta” tomar acciones incluso más agresivas en un futuro, dependiendo del desarrollo de la pandemia y el ritmo de vacunación.
No obstante, evadió responder hasta qué punto el gobierno podría forzar la vacunación de sectores más allá de los empleados públicos.
“Yo prefiero no especular en cuanto a eso. Ahora este es el paso a tomar. Usualmente así es que tomo mis decisiones, paso a paso y este es el paso a tomar en este momento dado. Aunque lo estoy dando por vía de recomendación, estoy seguro que a nivel de corporaciones públicas esta política se va a a seguir. También estoy razonablemente convencido que la inmensa mayoría de los alcaldes y alcaldesas van a seguir la misma pauta para proteger al pueblo. Lo único que no puedo asegurar es cómo va a responder el sector privado, pero me atrevería a pensar que muchos van a seguir este ejemplo”, dijo el primer ejecutivo.
En la rueda de prensa se especificó que, al 16 de agosto, los empleados del gobierno central deberán presentar su tarjeta de vacunación con evidencia de la primera dosis. Posteriormente, tendrán hasta el 30 de septiembre para presentar prueba de que completaron el ciclo.
¿Impacto sobre la población más rezagada?
Pese a que la orden ejecutiva se enfoca en los empleados públicos, lo cierto es que el grupo más rezagado en la vacunación consiste de las población entre 12 y 29 años, que en su mayoría son personas que no se verán afectadas por el decreto.
En el demográfico de 20 a 29 años, el 60% de los hombres ha recibido al menos una dosis de la vacuna, así como el 67% de las mujeres. En el grupo de 15 a 19 años, las cifras son de 65% y 62% para féminas, respectivamente, de acuerdo con el último informe de la Coalición Científica que asesora al gobierno.
En un aparte al finalizar la conferencia de prensa, Mellado insistió que la orden ejecutiva se complementa con la orden administrativa que el Departamento de Salud emitió la semana pasada, haciendo compulsoria la vacunación en escuelas y universidades.
“Ciertamente vamos a seguir propiciando todo lo que esté a nuestro alcance. Seguimos con las campañas educativas. Hay muchos flancos, tratando de orientar a los jóvenes a que se puedan vacunar”, indicó Mellado.
En términos de la población total –que incluye a menores entre cero y 11 años, que todavía no pueden vacunarse– el 66.6% de las personas en Puerto Rico han recibido por lo menos una dosis y el 57.8% completaron el ciclo.
¿El Departamento de Salud favorece una orden ejecutiva más agresiva?, le preguntó este medio.
“La Ley (orgánica del Departamento de Salud) establece que tengo que hacer todo lo que sea posible en una pandemia para velar por la salud del pueblo de Puerto Rico. Todo lo que yo sepa que puedo hacer, lo voy a hacer. Obviamente, le compete a los abogados y el gobernador establecer las estrategias legales”, expresó el secretario.
