Aunque el periodo para convertir la medida en ley vence este jueves, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró hoy que no ha recibido recomendación de sus asesores con relación al Proyecto de la Cámara (PC) 2, que deroga tres artículos del Código Penal que establecen penas contra ciertos tipos de manifestación ciudadana.
Pierluisi, durante una rueda de prensa, sí afirmó que, a su juicio, nunca existe “justificación” para protestas que interrumpan la prestación de “servicios esenciales”.
Los artículos que derogaría el PC 2, de convertirse en ley, actualmente tipifican como delito las manifestaciones ciudadanas que tienen como resultado la paralización de obras en construcción (Artículo 200), interfieren con “actividades turísticas” (Artículo 200A) u obstruyen el acceso o las labores de instituciones educativas o de salud “donde se ofrecen servicios gubernamentales al público” (Artículo 247).
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Versiones de los tres artículos han entrado y salido del Código Penal desde 2010, cuando por primera vez se crearon bajo la administración de Luis Fortuño en lo que se ha conocido popularmente como la Ley Tito Kayak, en referencia al veterano activista ambiental.
“Todavía la decisión no la he tomado, (el proyecto) está en La Fortaleza pero no tengo el asesoramiento de las diferentes agencias ante mi consideración. En su momento decidiré si lo firmo o no. Hay que recordar, y es algo que yo he dicho en todo momento, es que no hay justificación para interrumpir servicios esenciales. La protesta es legítima, la libertad de expresión se protege, pero en todo momento yo voy a proteger la integridad del gobierno, porque no podemos permitir que el pueblo pague los platos rotos. El pueblo necesita un gobierno en funciones y también sus servicios esenciales”, subrayó.
“Habiendo dicho eso, cuando llegue a mi despacho, llegará con la recomendación de las diferentes agencias que se les consulta y ahí tomaré mi decisión”, añadió Pierluisi.
El futuro de la medida tendría un impacto, por ejemplo, sobre las manifestaciones que se llevan a cabo en la costa de Rincón, donde por varias semanas ciudadanos han impedido el levantamiento de una verja en el medio de la playa que los titulares del condominio Sol y Playa buscan construir para proteger una piscina. El Artículo 200 del Código Penal, que quedaría derogado con la medida, tipifica ese tipo de acto como un delito grave con pena fija de tres años.
El proyecto de ley, de acuerdo con el portal de trámite legislativo, fue enviado a La Fortaleza el 6 de julio, por lo que el 5 de agosto se cumple el plazo de 30 días para que el gobernador lo firme. Por la Legislatura encontrarse en receso, Pierluisi pudiera simplemente emitir un llamado veto de bolsillo, en el que no tiene que explicar los motivos para descartar la medida.
La delegación legislativa del gubernamental Partido Nuevo Progresista se opuso al PC 2 en ambas cámaras.
