Ante el alegado suicidio del asesino confeso de la joven Andrea Ruiz Costas, Miguel Ocasio, la Alianza Pro-Transparencia (APT) y la familia de la mujer continuarán el reclamo para que se divulguen las grabaciones de los procesos judiciales que interpuso la víctima.
Ayer Ocasio fue hallado sin vida en su celda en el Complejo Correccional en Bayamón. El sujeto enfrentaba un proceso penal lyego de que confesó haber asesinado y quemado el cuerpo de Ruiz Costas, quien habría sido su expareja. Su procedimiento penal se encontraba en la etapa de vista preliminar. Sin embargo, al morir, la acción penal en su contra se extingue.
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“Lamentamos lo que sucedió con el imputado de delito entendiendo que el proceso criminal en contra de él termina pero esto no significa que el procedimiento que Asppro [Asociación de Periodistas de Puerto Rico] y la OPC [Overseas Press Club] llevando a cabo ante el Supremo federal se haya detenido son procesos distintos y separados. Aún queda por determinar qué ocurrió en esa sala en que Andrea Ruiz Costas recurrió a buscar ayuda tanto en el caso de Ley 54 como en la regla 6 que sirvió como testigo”, señaló Rafelli González, abogado e integrante de la APT, organización que agrupa a los gremios periodísticos Asppro y OPC.
El pasado 21 de junio, la entidad anunció que impugnará los dictámenes del Tribunal Supremo local, que asegura que los procesos judiciales que impulsó Ruiz Costas al amparo de la Ley 54 son confidenciales ya que buscan proteger a las víctimas de violencia doméstica.
“Eso sigue siendo un misterio, la Alianza Pro Transparencia continúa con su reclamo de transparencia que se ha unido la familia de Andrea Ruiz Costas en diferentes manifestaciones y no descansaremos hasta que consigamos la verdad de lo que ocurrió y entendiendo que esa información es totalmente pública”, añadió, quien indicó que la organización podría estar presentado una acción legal ante el Supremo federal cercano a la fecha límite para apelar en octubre.
Tras la muerte de Ocasio, la familia de Ruiz Costas también indicó que insistirán en su reclamo de transparencia ante la Rama Judicial del país. “El asesinato de Andrea fue desencadenado por la incompetencia e insensibilidad de dos empleadas aún activas en la judicatura. No lo olvidemos. Nosotros, la familia de Andrea, seguiremos luchando por la justicia para ella y para todas las mujeres que valientemente buscan protección en este país; nosotros seguiremos exigiendo transparencia y rendición de cuentas en los procesos de justicia”, dijo la familia mediante declaraciones escritas ayer.
Incluso, González mencionó que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, no ha publicado un informe preliminar que realizó un grupo de trabajo en casos de feminicidio que designó la propia togada. El pasado 21 de junio, la Rama Judicial anunció que el grupo había sometido un informe preliminar a Oronoz en el que evaluarían “procesos administrativos y operacionales relacionados con casos de violencia de género que culminaron en un feminicidio”. Ruiz Costas habría intentado en dos ocasiones obtener algún remedio de los tribunales del país para protegerse de su expareja, Ocasio. “Ya va un mes de esa promesa y nos parece increíble que no se ha revelado ni pizca del análisis que realizan desde el Tribunal Supremo”, dijo González.
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Para el abogado Osvaldo Carlo, tras la muerte de Ruiz Costas y del propio Ocasio, provoca que sea más innecesario que el estado mantenga confidencial las grabaciones de estos procesos judiciales. “Sería innecesario seguir manteniendo fuera del escrutinio público lo que pasó en sala si no fuera porque en el Tribunal Supremo persiste en la teoría que la razón por la cual no se hace pública esta información es para mantener la confidencialidad y que no haya temor que eventualmente esa información se haga pública”, comentó Carlo.
El letrado, por su parte, indicó que la Rama Judicial debe continuar investigando los procesos internos de la judicatura en torno al manejo de casos de violencia doméstica. “El hecho de que hay dos juezas que trabajaron este asunto —una por la vía civil en la orden de protección y la otra en lo criminal— eso es un asunto que no debe culminar con la culminación del caso criminal. Esto es una investigación que se debe continuar dentro de la Administración de Tribunales y determinar si existe fallas en el sistema en la manera en que se entrena al personal de tribunales incluyendo jueces, en la manera en que se seleccionan para esas posiciones”, señaló.
Por su parte, el abogado Ernie Cabán opinó que, con la muerte de Ocasio, no existe justificación para mantener las grabaciones confidenciales. “Los dos derechos que estaban impidiendo la divulgación de los audios dejaron de existir en el caso de Andrea. Entiendo que no hay justificación para no hacerlo público [las grabaciones] porque ni los derechos de los acusados se están protegiendo porque murió y los derechos de la victima tampoco”, mencionó. La representación legal de Ocasio había solicitado la entrega de las regrabaciones de dichos procesos judiciales en donde testificó Ruiz Costas.
