La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) no cuenta con un mecanismo en su sistema para clasificar cuáles de los permisos de construcción que esperan aprobación ubican en zonas costeras o marítimo-terrestres.
Aunque el total de permisos otorgados y dónde ubica cada uno está disponible para revisión a través del geolocalizador MIPR, de la Junta de Planificación, esta plataforma solo muestra los permisos ya adjudicados.
PUBLICIDAD
La información salió a relucir cuando Metro Puerto Rico solicitó a la OGPe información sobre los permisos que se han otorgado en zonas costeras en los pasados dos años, incluyendo datos generales como la cantidad.
Según la entidad, la única manera de averiguar si alguna construcción se llevó a cabo en alguna zona costera es a través del número específico de permiso. La otra alternativa es inquirir las autorizaciones por municipio, y a base de la información que provea, determinar si es una zona marítimo-terrestre.
Este medio cuestionó a la agencia la razón por la que esta información no está organizada de tal manera, pero la división, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), mediante su portavoz Ana María Ramos, explicó que se hace de esa manera para evitar suministrar información sensitiva.
“Cuando se solicita información sobre cualquier particularidad, se solicita eso (el número de permiso) para evitar que sea fácil de encontrarlo”, dijo Ramos a Metro.
Este medio hizo la petición inicial para evaluar la cantidad de lugares que podrían enfrentar una situación similar al de la Playa Almendros, en Rincón.
PUBLICIDAD
Allí, la administración del condominio Sol y Playa se aprestaba a reconstruir una piscina en la playa Los Almendros, frente a la estructura principal. Las labores de construcción, realizadas a pasos del balneario en el que suelen anidar careyes, fue pausada tras múltiples manifestaciones de ciudadanos a favor del libre acceso a las costas.
En el lugar en el que se pretende construir existía una piscina desde hace décadas, pero el huracán María la destruyó.
Según Luis García Pelatti, expresidente de la Junta de Planificación, no cabe duda de que situaciones como la de playa Los Almendros están ocurriendo en otras zonas costeras de la Isla.
El planificador argumentó que aunque el cambio climático acelera cada día más, el reglamento para atender la construcción en zonas marítomo-terrestre no se ha enmendado desde la década de los 1983.
“Eso te lo puedo decir con mi experiencia de más de 20 años. Esto está pasando y esto es el error de reconstruir al país con una reglamentación vieja. El gran error de lo que ocurre es que tienes una piscina, pero puede haber casas que se están reconstruyendo y se las llevarán las marejadas”, expresó en una entrevista telefónica con este medio.
De acuerdo a García Pelatti, el reglamento dicta que toda construcción cerca de una zona marítimo-terrestre debe separarse unos 50 metros tierra adentro desde la línea de la costa. Sin embargo, con la erosión costera que se ha observado en la pasada década, es posible que muchas estructuras que antes contaban el aval reglamentario ya estén en incumplimiento.
“Si el mar entra, vuelve a aplicar el reglamento. El peligro es que personas construyan y haya pérdidas de propiedad, pero más importante, de vidas. Se supone que tanto la OGPe como el DRNA pudieran dar un recorrido y pudieran dar la cantidad de permisos que están autorizando en la costa”, aseguró.
En cuanto a las labores de construcción en Rincón, García Pelatti alegó que cuando se iniciaron los trabajos en los 1990, no se establecieron los 50 metros en ese entonces y mucho menos ahora.
“Lo importante no solo es que se siga la reglamentación, sino que Puerto Rico debe revisar su reglamentación a la luz del cambio climático porque el documento es de los años 80. Hace cuarenta años se le dijo a la Junta de Planificación por el programa costero que se preparara una reglamentación especial para las costas”, aseguró.
3 PREGUNTAS A… Pedro Cardona Roig
planificador y arquitecto urbanista, ex vicepresidente de la Junta de Planificación
¿Realmente son públicas las playas en Puerto Rico?
—Las playas son públicas en Puerto Rico. La definición de las playas está desde hace muchísimos años en nuestras leyes y reglamentos. Sin embargo, falta hacer una delimitación física para que todas las partes puedan estar claras en cuáles son los componentes de la playa y hasta dónde llega. El deslinde de la zona marítimo-terrestre hace años que la legislatura solicitó que se hiciera para toda la isla, sin embargo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que fue la entidad a la que se le encomendó ese deslinde, no lo ha completado.
¿Qué pasa en municipios donde los grandes hoteles y proyectos de vivienda cierran el acceso directo a la playa? ¿Cuál es la diferencia con el caso de Rincón?
— Ninguna. Es igualmente ilegal. Hay sectores donde viven exjueces del Tribunal Supremo, pasados gobernadores del País, y esas cosas se ponen debajo del tapete, pero eso no quiere decir que sean acciones validadas. Tenemos comunidades que han estado en esas mismas condiciones. No hablamos de que hay una clase que lo hace y otra que no, u otra clase que merece castigo y otra que no. Estamos hablando de un acto ilegal que tenemos que reconocer. Hay tres variantes que debemos atender: la nueva construcción, la estructura existente y una reconstrucción. Ahora mismo no está claro cómo manejamos cada uno. El acceso a las playas está garantizado por las leyes de Puerto Rico.
¿A qué jurisdicción debería emular Puerto Rico en tema de planificación costera y acceso a las playas?
— Hay ejemplos urbanos interesantes de transformación de un lugar muy construido para viabilizar el acceso a las costas. Por ejemplo, Sidney en Australia estableció como política pública que los accesos a los cuerpos de agua tenían que mantenerse abiertos y libres. Es algo que también han trabajando en ciudades en Estados Unidos como en la bahía de San Francisco. En el mundo americano la planificación se hace a nivel de ciudad, no a nivel de estado.
