Un mes luego de la fecha en que se reanudaría el cobro de multas por violaciones al sistema de AutoExpreso y casi tres años después de que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares anunciara que se cancelaría el contrato con el entonces operador, Gila LLC, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) continúa confiando la función de cobro en los peajes a un contratista interino y sin dar mayores pistas de cuándo iniciaría un nuevo proceso para seleccionar un administrador permanente.
Professional Account Management LLC (PAM) ha administrado el cobro de peajes desde el 30 de abril de 2019, cuando se concretó la terminación del contrato que Gila LLC mantuvo desde 2015, por repetidos errores en la adjudicación de multas, según sostuvo Rosselló Nevares al tomar la determinación de cancelar el pacto.
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Desde entonces, el contrato que pasó a manos de PAM, que inicialmente tendría duración hasta el 15 de septiembre de ese año, ha sido enmendado en al menos tres ocasiones, incluyendo dos extensiones que dieron al acuerdo vigencia hasta el 30 de abril de 2021. Aunque en el registro de contratos de la Oficina del Contralor no se refleja alguna enmienda adicional al contrato 2016-000097, una portavoz de la ACT confirmó que PAM continúa operando el sistema de peajes, que desde el 1 de julio incluye nuevamente la responsabilidad de cobrar las multas a infractores, según se anunció el 4 de junio.
Sin embargo, al cierre de esta edición, no se había suministrado a este medio copia del contrato que detalle los pormenores de la más reciente extensión.
Mientras tanto, El Nuevo Día reportó el 19 de julio que la Junta de Subastas de la ACT había cancelado días antes el proceso de solicitud de propuestas para conseguir un nuevo operador. El proceso de licitación, en el que figuraron siete proponentes cualificados, había comenzado en noviembre de 2018, poco después de que Gila LLC recibiera el aviso de que se cancelaría su contrato y antes de que sus funciones pasaran a PAM.
PAM, con base en Wisconsin, fue seleccionada y ha permanecido como operadora por más de dos años, sin atravesar un proceso competitivo, a pesar de que es una corporación prima de Gila. PAM es una empresa subsidiaria de Duncan Solutions, que a su vez es propiedad de Navient, la matriz de un conglomerado al que igualmente pertenece Gila LLC, que hace negocios bajo el nombre de Municipal Services Bureau.
La enmienda inicial bajo la cual PAM asumió las riendas del sistema de peajes detallaba que la búsqueda de un operador permanente debía tomar “no más de seis meses”.
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“Navient, Gila, Duncan Solutions y PAM son estrictamente agencias de cobro y no poseen ningún peritaje en la integración de sistemas de peajes electrónicos. Por tal razón, nunca han podido determinar la causa y el remedio para corregir el problema de las multas injustificadas”, dijo a Metro una fuente que prefirió no ser identificada.
El director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, no estuvo disponible para entrevista al alegar, por medio de su oficial de prensa, que los procesos de RFP están cobijados por garantías de confidencialidad, si bien al presente no hay ninguna licitación activa anunciada por la corporación pública.
De los siete proponentes que fueron cualificados durante la licitación abortada recientemente, solo dos avanzaron a la etapa de propuestas: SICE, Inc. y Conduent State & Local Solutions, Inc. De la carta en que el presidente de la Junta de Subastas, Moisés Sánchez Loperena, informó de la cancelación del RFP se desprende que a fines de 2019 la ACT descalificó a Conduent, dejando a SICE como licitador único en el proceso.
Tras recurrir en febrero de 2020 al Tribunal Apelativo para una revisión administrativa, Conduent logró que el foro judicial emitiera, un año después, un dictamen a su favor, ordenando a la ACT retomar el proceso competitivo para la operación del cobro en los peajes.
“Conduent alega que la ACT erró al descalificar a Conduent de manera arbitraria, caprichosa y sin que se configurara una violación a las normas del Request for Qualifications and Proposal. Como veremos a continuación, la conducta que la ACT le atribuyó a Conduent no configuró una violación a las normas del Request for Qualifications and Proposal, por lo que tiene razón la parte recurrente cuando plantea que su descalificación fue arbitraria”, lee la sentencia que el panel apelativo emitió el 26 de febrero de 2021.
Sánchez Loperena, en su misiva, aseguró que la Junta de Subastas optó por cancelar la licitación debido a los retrasos provocados por la pandemia del COVID-19 y la paralización del proceso en tanto el Tribunal de Apelaciones atendía el caso incoado por Conduent.
Además, sostuvo que, paralelo al infructuoso proceso de subasta, la ACT, junto a Metropistas –compañía encargada del mantenimiento de las carreteras PR-22 y PR-5–, “implementaron un programa de mejoras al sistema de AutoExpreso con el operador actual, Professional Account Management. Con el paso del tiempo, los retrasos en el proceso de subasta y la litigación relacionada, las mejoras implementadas por PAM se convirtieron en causa para modificar el alcance del RFP”.
“Se ha determinado que las mejoras hechas por PAM en los pasados 18 meses han completa y favorablemente alterado el ámbito del RFP. El sistema de AutoExpreso ya no requiere la optimización solicitada, sino más bien un operador”, añade la carta, que indica que la Junta de Subastas recomendó la anulación de la licitación en enero de 2021, aunque no se concretó hasta el 12 de julio.
En el plan fiscal vigente de la ACT, certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF) el 27 de mayo de este año, antes de la cancelación oficial de la subasta, se incluye entre la “implementación de acciones requeridas” que la corporación pública emitiera, a más tardar el 30 de septiembre de este año, el RFP para conseguir un nuevo operador de peajes. Según el calendario delineado por la JCF, la ACT debería seleccionar un proponente para el 28 de febrero de 2022, finalizar el contrato para el 30 de abril y lograr que entre en vigor para el 30 de junio del año entrante.
“El proceso mal llevado, sumado a la cancelación del mismo luego de más de dos años hará difícil atraer nuevos licitantes calificados en una nueva convocatoria”, dijo una fuente de este medio.
En sus proyecciones, la JCF estimó que la ACT debería generar cerca de $91 millones a base de las multas emitidas entre los años fiscales 2022 y 2026, casi el 10% de los ingresos totales que la corporación pública anticipa para ese periodo.
