La auditoría en el Municipio de Cataño, ordenada por la contralora Yesmín Valdivieso Galib tras la divulgación de que su alcalde Félix “El Cano” Delgado Montalvo arrendó una guagua Cadillac Escalade 2021 a $4,500 mensuales, podría demorar hasta seis meses o más, confirmó ayer el director de la División de Auditorías de Municipios de la Oficina del Contralor, Pedro Brugueras.
Según el funcionario, la auditoría en el ayuntamiento aún no ha comenzado, pues se supone que hoy culmine la planificación de esta.
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“Por lo regular, podría ser entre cinco a seis meses o mucho menos. Pero en este caso no creo que sea así, quizás más. Lo compañeros tiene bastante trabajo para hacer en esa auditoría”, comentó Brugueras durante una conversación telefónica con este medio.
“Se supone que sean cuatro a cinco meses después de la planificación. Entendemos que tomará más tiempo por lo que van a revisar y también tenemos que buscar más personal para esa auditoria”, explicó.
La investigación fue anunciada el 13 de julio, luego de que Metro Puerto Rico divulgara el costo de arrendamiento del vehículo oficial del alcalde. Ante eso, Valdivieso Galib determinó realizar una investigación, pero no había emitido actualizaciones en torno a eso hasta ahora.
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En ese entonces, la funcionaria determinó que el pago era uno “extravagante” y mal ejemplo de administración para un país con una situación fiscal como la que tiene Puerto Rico.
Según Brugueras, luego de que la planificación de la pesquisa culmine, entonces la agencia tendría que dar el visto bueno para continuar con la auditoría.
Al inicio, el municipio justificó el arrendamiento del vehículo e incluso aseguró que la modalidad de alquilar era más saludable fiscalmente para la alcaldía. Sin embargo, al día siguiente, el contrato que tenía el municipio Bou Maintenance Services, Inc. fue cancelado.
Una semana después, este medio logró entrevistar a Delgado Montalvo mientras este participaba de las Fiestas Patronales de Cataño. Durante ese intercambio, el ejecutivo municipal le dio la bienvenida que la Oficina del Contralor realice “la investigación que sea”.
“En términos legales, ellos (los auditores) pueden investigar, pueden hacer la investigación que sea. No van a encontrar nada ilegal en el proceso”, expresó en ese momento.