Al igual que el Departamento de la Familia (DF), la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) investigará el manejo del proceso judicial del caso del niño Jeiden Elier Santiago, quien fue asesinado a sus ocho años. Según las autoridades, el padre del menor habría cometido el crimen contra el infante.
“En cuanto supimos de la muerte de este niño se comenzó a evaluar los expedientes del caso”, dijo la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, durante una presentación a los medios de comunicación sobre una investigación del manejo de casos de violencia doméstica en la Rama Judicial.
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“La muerte de cualquier niño nos tienen que llamar a todos a qué está pasando”, cuestionó la togada, quien añadió que en la mañana de hoy se reunió con la secretaria del DF, Carmen Ana González y con la administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Glenda Gerena.
El niño Jeiden se encontraba bajo la custodia de su padre, Jonathan Santiago, luego de que a principios de junio, se le otorgara la custodia del menor. Según ha trascendido, el padre del niño de ocho años recibió la custodia de este tras denunciar a personal de Adfan que un tío materno habría agredido sexualmente. Ante estas denuncias, la jueza Yaritza Santiago ordenó que se le removiera la custodia a la madre de Jeiden y pasara al cuidado del padre pese a que los alegados hechos no habrían ocurrido en el hogar de la madre.
Luego, ante la jueza Ingrid Alvarado, personal de Adfan habría solicitado en julio que la custodia regresara a la madre. La jueza, en cambio, pidió al funcionario que presentara la solicitud por escrito y citó a las partes para el 30 de julio. Sin embargo, a esa fecha, según trascendió, la agencia no entregó la solicitud de cambio de custodio por escrito y señaló una vista para el lunes 9 de agosto.
La jueza Alvarado ha sido eje de discusión a nivel público luego de que se reveló que fue una de las juezas que atendió uno de los casos que interpuso Andrea Ruiz Costas. En aquel momento, la mujer habría intentado obtener, sin éxito, una orden de protección y una denuncia al amparo de la Ley 54 por violencia doméstica.
Sin embargo, ante esto, Oronoz rechazó emitir comentarios o evaluar el desempeño de la jueza en donde, por segunda ocasión, se cuestiona el manejo de los tribunales para atender casos de violencia.
“No quiero hacer adjudicaciones en este momento. Lo que corresponde en este momento es que evaluemos responsablemente”, comentó a preguntas de los medios.
